El gobierno de Perú dejó este martes, abiertas las posibilidades de legalización de Sendero Luminoso, al admitir que la legislación vigente permite que ese grupo participe en elecciones, como lo ha anunciado anteriormente.

De acuerdo con Prensa Latina, el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, señaló que legalmente Sendero Luminoso puede inscribir candidatos para las elecciones municipales y regionales de 2010 y generales de 2011.

El grupo proyecta hacerlo, según dijo a una agencia noticiosa europea Elena Iparraguirre quien además “confirmó la decisión senderista de abandonar la lucha armada y someterse a la legalidad vigente“.

Iparraguirre se encuentra presa cárceles de Perú, lo cual puede resultar sorprendente para los analistas políticos por las limitaciones que tienen los senderistas para dar declaraciones públicas, sobre todo quien es esposa del líder Abimail Guzmán.

En tal sentido, de darse el registro legal de Sendero Luminoso como actor electoral, aumenta la dispersión de los votos de la izquierda peruana -en caso de no haber acuerdos unitarios-, lo cual resulta atractivo para los sectores de poder económico y para los estrategas de EEUU que desde hace meses están elaborando un llamado Plan Perú, según han considerado algunos analistas internacionales.

Sendero Luminoso inició acciones armadas en 1980 y mantuvo una intensa actividad en varias regiones andinas de las que desplazó su accionar a Lima, presionado por la represión militar.

El grupo entró en declive con la captura, en septiembre de 1992, de su jefe, Abimael Guzmán, quien cayó preso sin resistencia junto a su compañera Iparraguirre, y posteriormente llamó a sus huestes a dejar las armas.

En dos territorios selváticos operan dos fracciones senderistas que desacatan esa orden y la que se mantiene en el valle de los ríos Apurímac y Ene (Vrae) ha realizado importantes acciones en el último año.

Ex presos senderistas presentaron recientemente un libro de Guzmán que ratifica el viraje y anunciaron la intención de participar en las elecciones, lo que dio pie a una fuerte campaña gubernamental y mediática que los acusa de hacer apología del terrorismo, algo tipificado como delito.

Por esa causa, están enjuiciados seis organizadores de la presentación del libro “De puño y letra”, un compendio de la defensa judicial de Guzmán, condenado a cadena perpetua, con parte de sus memorias.

Vía ABN

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