El candidato opositor a la Vicepresidencia de Bolivia Leopoldo Fernández, que está preso en La Paz, pidió hoy al Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que censure al Gobierno de Evo Morales porque, a su juicio, ha suprimido el Estado de derecho y las garantías jurídicas en el país.

Fernández planteó la solicitud en una carta enviada hoy a Denis Racicot, representante en Bolivia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En su misiva, el candidato sostiene que le “han sido negados” los derechos básicos contemplados en convenciones internacionales y que no se respeta su derecho a ser juzgado en proceso especial, dada su condición de ex gobernador de la región amazónica de Pando.

El político se encuentra preso desde hace trece meses en una cárcel de La Paz acusado de ser el responsable de la matanza de campesinos ocurrida en septiembre del año pasado en Pando, cuando él era prefecto de ese departamento.

Fernández, que se considera preso político y niega tener relación con esas muertes, se postula como vicepresidente para las elecciones generales del 6 de diciembre en la candidatura liderada por el ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, del Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CN)

“Pido que la situación de quienes purgamos castigo sin habérsenos comprobado crimen alguno, que el retardo de justicia y el desacato del Poder Ejecutivo a los fallos de la justicia termine”, sostiene en la carta enviada a Racicot.

Además, plantea “que la intervención y desconocimiento de la independencia de poderes en que incurre diariamente el poder político sea censurado por una comunidad internacional que no puede seguirle dando el beneficio de la duda” al Gobierno de Evo Morales.

A juicio del ex prefecto, la administración del mandatario de izquierda ha “suprimido el Estado de derecho, las garantías jurídicas y los derechos humanos en Bolivia”.

También asegura que recurre al Alto Comisionado de Derechos Humanos para pedir su pronunciamiento porque no le queda otra vía, ya que el Ejecutivo desconoce la ley, no hay control de constitucionalidad y se “atropellan” a otros poderes.

Fernández ha solicitado insistentemente que se le permita hacer campaña política desde la cárcel y la Corte Nacional Electoral ha respaldo su petición, pero el Gobierno se niega a dar curso a esa solicitud sin que antes se pronuncie un juez del ámbito ordinario.

Por otra parte, el Senado de Bolivia aprobó hoy el viaje del presidente de la cámara alta, el opositor Óscar Ortiz, y de otros dos parlamentarios a Washington para denunciar al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a la Carta Democrática de la OEA y a los derechos de quienes se oponen a su gestión.

Los legisladores presentarán a la CIDH un informe sobre supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Gobierno de Morales, en una audiencia prevista para el 2 de noviembre, dijo hoy el senador opositor Roger Pinto, que forma parte de la delegación que viajará a Washington.

Vía EFE