La reforma de la ley de extranjería en España dio este jueves un paso más con novedades sustanciales, pero conservando la filosofía que vincula el fenómeno migratorio a la compleja situación económica del país.

La ley mantiene los artículos que endurecen los criterios para la reagrupación familiar y amplían el periodo de retención de inmigrantes indocumentados. Aunque se reconocen nuevos derechos, varios colectivos de extranjeros insistieron en que la reforma planteada es una mala noticia.

El Congreso español dio luz verde a la nueva ley con 185 votos a favor, 146 en contra y 4 abstenciones. La tramitación parlamentaria continúa ahora en el Senado, donde no se descartan más variaciones hasta la aprobación definitiva de la norma, prevista a finales de año.

El conservador Partido Popular, que pide una regulación más dura, votó en contra. Al igual que los partidos minoritarios de izquierdas, que censuran el recorte de derechos.

“Es una ley moderna, integradora, que apuesta por la integración, refuerza la eficacia de la lucha contra la inmigración clandestina y apuesta claramente por el orden, el control y la legalidad”, dijo la secretaria de Estado de Emigración e Inmigración del Ministerio de Trabajo, Consuelo Rumí.

El gobierno español impulsó en junio la reforma de la ley de extranjería, la cuarta modificación de esta ley en 10 años, asegurando que es necesario adaptar la inmigración a las necesidades del mercado laboral, muy castigado en España por la crisis económica.

En España residen 4,5 millones de inmigrantes, el 12% de la población. Si la tasa de desempleo alcanza el 17,9% en todo el país, la más alta de la Unión Europea, entre los extranjeros se encuentra en el 27,5%, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística.

Entre los puntos más polémicos, la nueva ley amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados que llegan a territorio español. No obstante, el parlamento introdujo una enmienda que permitirá a asistentes sociales y ONG visitar los centros de internamiento para asistir a los sin papeles.

Además, para frenar la llegada de personas en edad de trabajar en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

De hecho, para solicitar cualquier reagrupación, el extranjero deberá llevar cinco años en España y no uno, como ocurría hasta ahora.

Varios colectivos de inmigrantes aseguraron que las restricciones a la reagrupación perjudican la integración social, lesionanado los derechos y libertades de la población extranjera.

“Se están restringiendo derechos fundamentales”, dijo el jueves en un comunicado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Hay importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes”.

En el capítulo de ampliación de derechos, el Congreso introdujo una importante enmienda, solicitada por organizaciones sociales, que permitirá a las administraciones públicas y a ONG hacerse cargo de la tutela de los menores inmigrantes que llegan a España sin acompañar.

Además, los hijos a partir de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía.

Por otro lado, se endurecen las sanciones a los empresarios que contraten inmigrantes irregulares. Otro de los nuevos derechos contempla la posibilidad de conceder permisos de trabajo, al menos temporales, a mujeres en situación irregular víctimas de violencia de género.

La idea es que estas personas superen su miedo a denunciar un maltrato por temor a ser expulsadas del país.

Vía “AP”