PJ consigna documento contra recientes declaraciones de la Defensora del Pueblo
Dirigentes de Primero Justicia acudieron a la Defensoría del Pueblo para reclamar por las declaraciones emitidas por la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, en el XIV Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, donde negó que existieran presos políticos en el país.
“El motivo de nuestra visita es que vamos a consignar un documento en protesta por las declaraciones que hizo la Defensora del Pueblo en la Convención Iberoamericana de Ombudsman. Nosotros tenemos la sensación que la Defensora carece de conocimientos de los Derechos Humanos, pues dijo que en Venezuela no hay presos políticos, sino personas que son privadas de su libertad por actuaciones en manifestaciones”, afirmó la secretaria nacional de Justicia Social y miembro de la junta directiva de Primero Justicia, Elenis Rodríguez.
Del misma manera, Rodríguez preguntó a la defensora Ramírez, ¿quién es el que ha dado ordenes con su discurso soez y violento para que le echen gas del bueno a los venezolanos que salimos a protestar, amparados en un derecho constitucional. ¿Quiénes son los que tienen las armas en este país?”, manifestó Rodríguez.
Igualmente, Rodríguez dijo que en el país se estaban “haciendo leyes a espaldas del pueblo y tenemos que salir a la calle a protestar porque tenemos ese derecho”.
Señaló que los ciudadanos tienen derecho a salir a las calles y protestar por las irregularidades, y que manifestar no puede ser causal de delito o escusa para encarcelar a alguien. Recordó a los presos políticos y todos aquellos venezolanos que han tenido que pedir asilo a otros países.
De igual forma, añadió que la violación de los derechos humanos no sólo aplica para los privados de libertad, perseguidos y exiliados políticos, sino que también abarca a aquellos trabajadores que se les viola su derecho al trabajo y a la reivindicación salarial.
“Le cito un caso emblemático a la Defensora, cuando ella era diputada, y Presidenta de la Comisión de Familia para ese entonces, en la cual llamaron- mediante un subterfugio- a un concurso de cargos ocupados y en donde se dejó en la calle a más de 60 trabajadores, entre ellas mujeres que gozaban de fuero maternal y tenían medida cautelar; aún así la Asamblea Nacional desacató las providencias administrativas de los trabajadores emanadas del Ministerio del Trabajo”, explicó.
Exhortó a la defensora Ramírez para que ejerza sus funciones como órgano independiente, cuya misión es proteger y velar por los intereses de la comunidad frente a los actos defectuosos, irregulares, abusivos, arbitrarios o negligentes.
“Le exigimos a la Defensora que pida justicia para los trabajadores de PDVSA Gas, en Carabobo, Zulia y Anzoátegui; para los trabajadores de la Asamblea Nacional; a los trabajadores del Metro y de la Universidad Central de Venezuela, porque queremos que se ponga al lado del pueblo”, concluyó.