El gobierno colombiano acusó el viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de negarse a entregarle la información suficiente para defenderse de denuncias sobre espionaje a activistas y otros abusos.

La CIDH “viola el debido proceso al gobierno colombiano, no le informa debidamente sobre las audiencias ni le responde a los requerimientos”, manifestó en Washington la viceministra del Interior de Colombia, Viviana Manrique Zuluaga, quien participa en las audiencias sobre derechos humanos y desplazamiento forzado que ha convocado la CIDH.

“El gobierno colombiano no conocía el tema de la audiencia y sólo vino a ser informado tres días antes respecto de una agenda que estaba prevista desde hace dos meses”, argumentó la viceministra en rueda de prensa.

El jueves, la delegación colombiana decidió retirarse de la audiencia en que se debatían denuncias de que el Departamento Administrativo de Seguridad, la agencia de seguridad colombiana, espió e incluso interceptó conversaciones telefónicas de activistas de derechos humanos.

La viceministra agregó, no obstante, que la CIDH “ha hecho reconocimiento a los avances del país en políticas de protección a defensores de derechos humanos y población afrocolombiana e indígena, así como a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales”.

Anteriormente, el Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional de Colombia, Diego Molano, quien también participa en las audiencias, manifestó que “se han logrado grandes avances en la atención a la población desplazada, así como en la reducción de la pobreza”.

En entrevista con la AP, Molano agregó que “los progresos no se han valorado en su conjunto, ya que mientras durante el 2008 hubo 290.000 nuevos desplazados en Colombia, en septiembre del 2009 sólo había 83.000 nuevos desplazamientos”.

En el 2002 Colombia invertía 40 millones de dólares en atención de emergencia a desplazados y población vulnerable, lo que contrasta con la inversión de 750 millones de dólares a la que llegará el programa en el 2010, subrayó el funcionario.

En las audiencias de la CIDH, que tenían como propósito escuchar las denuncias del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la organización no gubernamental denunció que el DAS emprendió una campaña de espionaje para neutralizar y restringir las actividades de los grupos que defienden los derechos humanos en Colombia, utilizando métodos como la interceptación ilegal de llamadas telefónicas dentro y fuera del país.

La violación a los derechos humanos y el desplazamiento forzado en Colombia, producto de la violencia y el narcotráfico, son aún temas que preocupan a la comunidad internacional y ocupan buena parte de la agenda de política pública del gobierno. Aunque las cifras difieren según la fuente, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo con 3 millones de desplazados, sólo superado por Sudán.

Por JOHN MARIO GONZALEZ
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