Hermágoras González Polanco, alias “el Gordito”, considerado uno de los Jefes del cartel de la Guajira, y buscado por la DEA estadounidense, fue detenido esta mañana, por efectivos de la DISIP, en Caja Seca, en los límites de los estados Mérida y Zulia.

En horas de la tarde el Ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín ofrecerá rueda de prensa en torno al caso, según informó Globovisión.

La revista Semana, en un artículo que publicó el pasado 3 de febrero y donde arremetía duramente contra el Director de la DIM, publicó unos presuntos carnets oficiales de organismos venezolanos que portaba el narcotraficante hoy detenido:

Puede ver el artículo citado de Semana pulsando aquí.

El colombiano detenido es hermano de Eudo González Polanco, quien falleció en una zona rural del centro de Venezuela el 10 de febrero del 2004, en una violenta operación de la Disip y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en la cual murieron tiroteadas otras siete personas, según ha reseñado RCN Radio.

Según versiones de prensa, los hermanos González Polanco contaban entre sus socios estratégicos al ex senador colombiano Samuel Santander Lopesierra, alias “El hombre Marlboro”, extraditado a Estados Unidos.

El cartel de la Guajira opera en la frontera norte de Venezuela con Colombia y se le atribuye el envío de varias toneladas anuales de cocaína a Estados Unidos y operaciones de tráfico de armas desde Europa a través de Venezuela para los escuadrones paramilitares colombianos.

Según reseña El Universal, su abogado apelaría a que la nacionalidad del detenido es venezolana:

El abogado Freddy Ferrer Medina, representante legal del presunto narcotraficante Hermagoras González Polanco, de quien aclaró es venezolano y no colombiano como reseñan algunos medios de comunicación, exhortó a las autoridades del país a que demuestren en los tribunales los delitos por los cuales acusan a su defendido, entre ellos el de conspiración para delinquir, y no por medio de la privación “ilegítima de su libertad”.

Si encuentran elementos contundentes que demuestren su culpabilidad vamos a procesarlo y que sean los tribunales de la República quienes dictaminen después de una investigación fiscal seria, que determine finalmente, si está incurso en el delito. Pero no secuestrarlo, no privarlo de su libertad como hasta ahora lo vienen haciendo“.

El representante admitió que su cliente tiene una “circular roja” de la Interpol expedida en el año 2005, “pero para nadie es un secreto que en el año 2006 se aplicaron diligencias útiles para el esclarecimiento de los hechos apersonándose una comisión de la Policía Internacional en Maracaibo, bajo instrucciones del titular de la acción penal que cursa por ante la Fiscalía 28 del Ministerio Público con sede en Caracas”.

Asimismo aclaró que su defendido es venezolano. “Nació en el municipio autónomo Páez del estado Zulia y tengo copia certificada de su partida de naciemiento, la fe de bautismo, incluso sus notas donde estudió”, alegó ante la posibilidad de una extradición.

No entendemos porqué esta maniobra del comandante de la ONA, con el malsano propósito de quererlo involucrar en hechos que él no ha cometido“, refutó ante el desconocimiento del lugar en el que se encuentra su cliente.

He estado en varios sitios y nadie me sabe dar una respuesta sobre dónde se encuentra el ciudadano Hermágoras Gonzáles Polanco“, dijo.

Admitió asimismo el porte de armas provisto por la Disip y por Inteligencia de la GN, tal y como denuncia la revista colombiana Semana en su página web. “Eso es cierto, él tiene esos documentos, son credenciales otorgadas por la Comandancia, son documentos auténticos y fueron presentados ante la Fiscalía número 15 del Ministerio Público en el estado Zulia”.

Ante la pregunta de la periodista de Globovisión sobre si cualquier ciudadano puede obtener un porte de armas como el señalado, el abogado respondió: “Esos son situaciones que se presentan en este país. A este señor le acreditaron esas armas porque primero no tiene antecedentes. Tiene una conducta social aceptable”. Insistió que el acusado se dedica a la agroproducción y quizás por medio de los amigos que lo visitan procedentes de Caracas pudo haber conseguido los referidos permisos.

“Esta es una situación estrictamente política, lo que se quiere hacer es un escándalo político, no tiene otra explicación”, acusó el jurista. “La Fiscal 28 que está en Caracas tenía conocimiento de las actuaciones de la comisión de Interpol y sabía que mi defendido es venezolano”, añadió al tiempo de que se declaró “sorprendido” por las vinculaciones de su cliente con el narcotráfico.

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