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El Gobierno argentino refutó hoy la competencia del juez federal que con “una llamativa falta de ética” suspendió la vigencia de dos artículos de la nueva ley de Medios de Comunicación Audiovisual, cuya aprobación desató el rechazo de grandes empresas periodísticas y de la oposición.

“Es llamativa la falta de ética del juez Eduardo Carbone que a quince días de haber presentado su renuncia al cargo se aboca a un tema para el cual no es competente; es llamativo y preocupante”, subrayó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Durante una rueda de prensa el ministro dijo que el Gobierno quedó en una situación que no “agrada”, después de que el juez anulara un artículo que impide la transferencia de licencias de radios y canales de televisión sin la autorización del organismo de control.

Carbone también anuló otro artículo que determina que las empresas que tienen más licencias que las admitidas por la nueva ley se desprendan de ellas en el plazo de un año.

El magistrado consideró que esos dos artículos “conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita”, con lo que hizo lugar a una medida cautelar del Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país.

Fernández insistió con que es “absolutamente llamativo” el dictamen de Carbone y remarcó que en noviembre pasado se concedió la jubilación que el juez había pedido con vistas a retirarse a fin de año.

“La gente que trabaja en el juzgado del doctor Eduardo Carbone dice que el juez tuvo una presión altísima del Grupo Clarín”, aseguró el jefe del Gabinete.

Después de que el Parlamento aprobara el 10 de octubre la Ley de Medios Audiovisuales, en medio del rechazo de parte de la oposición y de las grandes empresas periodísticas que ven afectados sus intereses, fueron planteadas varias acciones de amparo contra esta norma.

La Procuración General de Argentina (fiscalía de Estado) dictaminó la semana pasada que la Corte Suprema es competente para dirimir una demanda de la provincia de San Luis contra la ley de medios.

El Gobierno, que impulsó la iniciativa, ha interpretado que la ley permitirá “democratizar definitivamente” la comunicación en Argentina, mientras algunos sectores de la oposición y grupos periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo “mayor poder” sobre los medios de prensa.

El texto establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, catorce menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de televisión de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado entre las empresas con intereses en el sector.

Desde el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de la presidenta Cristina Fernández, el Ejecutivo mantiene una tirante relación con la prensa y en los últimos años profundizó su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.

Vía EFE

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