De aprobarse en los próximos días el proyecto de Ley de Responsabilidad Política que se diseña en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, los diputados estarán facultados para ejecutar las sanciones políticas que aprueben contra funcionarios y particulares a los que se les comprueben delitos contra el patrimonio público.

Así lo explica un artículo de hoy de Dorys Villarroel en el vespertino “El Mundo”.

Esta ejecución de sanciones implica no esperar que el Ministerio Público imponga castigos penales, civiles y administrativos contra los corruptos sino, con los resultados de las investigaciones en mano, que sean los propios diputados quienes ordenen la inhabilitación política, separación de cargos o multas, entre otros, a quienes resulten culpables de los delitos que se le acusen.

Según explicó el diputado Libes González, quien preside la subcomisión de Control de Entes Descentralizados e Institutos Autónomos y coordina la elaboración del citado proyecto en la comisión de Contraloría de la AN, se busca ampliar las competencias del Legislativo en su función contralora, con base al artículo 222 de la Constitución en donde se establecen los mecanismos para hacer efectivas las sanciones políticas que se determinen, producto de las investigaciones sobre irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Asimismo, considerando el artículo 223 de la misma Carta Magna, las sanciones políticas se aplicarán a los particulares involucrados en negociaciones con el Estado que dañen el patrimonio.

“Con este proyecto, sobre el cual llevamos cuatro semanas debatiendo, estamos regulando el articulo 222 de la Constitución y establecemos la responsabilidad política como un elemento moral y ético. Sólo intentar cometer un delito contra el patrimonio público implica una sanción de tipo político“, puntualizó.

El Mundo

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