Una familia venezolana pidió protección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, ya que cinco de sus integrantes fueran asesinados presuntamente por policías, informaron hoy sus representantes.

El caso de la familia Barrios está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, donde se analiza la posibilidad de elevarlo a juicio ante la Corte, que el jueves celebró una audiencia al respecto en Costa Rica.

Mientras se sigue este proceso, las víctimas pueden, como han hecho, solicitar a ambas instancias medidas provisionales de protección, explicó hoy a Efe un portavoz de la CorteIDH.

Francisco Quintana, representante de las víctimas y subdirector del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), explicó a Efe que en la audiencia se denunció que el Estado ha “desobedecido” medidas dictadas por la Corte y la CIDH desde 2004.

Entre lo ordenado por la Corte a Venezuela sobresale proteger la vida e integridad personal de Maritza Barrios, proveer medidas de custodia permanentes para brindar seguridad a 28 integrantes de la familia Barrios y concluir la investigación de los hechos que motivaron la adopción de estas medidas provisionales.

Quintana afirmó que el Estado ha fallado en su obligación de dar un esquema de protección efectivo, lo que se comprueba con el asesinato de dos miembros de la familia después de que la Corte dictará las medidas, el último de ellos en noviembre pasado.

El representante dijo que el siguiente paso es trabajar para que la CIDH eleve el caso a juicio ante la Corte, porque -dijo- “no hay voluntad” del Estado para proteger a la familia y los cinco asesinatos que ha sufrido continúan en la impunidad.

Según la denuncia presentada ante la CIDH, la familia Barrios ha sido “acosada, amenazada y diezmada por acciones atribuidas a agentes de la Policía del Estado Aragua” desde el año 2004, con un saldo de cinco asesinatos.

El primero de estos crímenes atribuidos a policías ocurrió el 11 de diciembre de 2003, cuando murió Narciso Barrios, caso que fue denunciado ante las autoridades judiciales.

A partir de entonces, de acuerdo con la denuncia, la familia ha sido amenazada y acosada por agentes policiales.

Según las fuentes consultadas por Efe, es posible que la Corte emita en los próximos días, como ya lo ha hecho en tres ocasiones desde 2004, una resolución en la que reitere al Estado su obligación de aplicar las medidas provisionales dictadas.

Vía EFE

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