Introduce recurso de amparo ante el TSJ por controles de acceso a la UCV
Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo intrrodujo recurso de amparo ante la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque considera que los controles de accesos a la Universidad Central de Venezuela (UCV) “violan flagrantemente los derechos humanos” .
A juicio de la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, la instalación de portones de seguridad en la (UCV) representan un intento por segregar dicha casa de estudios del resto de la ciudad capital.
Para Ramírez, esta medida que pretende implementarse de manera inconsulta, viola diferentes derechos fundamentales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tales como: Libre tránsito, a la salud y a la calidad de vida.
Igualmente explicó que esta instalación generaría un caos vial, ya que la UCV es una zona de tránsito y comunicación utilizada por muchos caraqueños, y que además haría más complicado el acceso al Hospital Clínico Universitario, infraestructura de salud pública utilizada por los habitantes de Caracas.
“Nosotros esperamos una interpretación extensiva por parte del Tribunal Supremo de Justicia en torno a este tema” explicó Ramírez, agregando además que espera que se haga pública lo más pronto posible, tomando en cuenta las violaciones e irregularidades antes descritas.
Decisión incolsulta
La medida de instalar puertas de seguridad en la UCV es avalada, según las autoridades universitarias, por un referéndum consultivo realizado hace más de una década, por lo que muchos de los que participaron en el mismo ya no forman parte de la llamada casa que vence la sombra.
Para la defensora del pueblo esta acción “ha sido rechazada por distintos sectores que hacen vida en esta casa de estudios y que intentan hacer resistencia”, esto a pesar de las denuncias de atropellos y persecuciones.
Como un ejemplo de ello el pasado mes de febrero el profesor Ricardo Molina, quien dicta clases en la Facultad de Arquitectura de la UCV, manifestó su rechazo por considerar que esta es una manera de convertir a la ciudad universitaria “en un ghetto, aislado del pueblo”, y por intentar limitar el acceso a una universidad que es de todos los venezolanos.
Por su parte la defensora recordó que para modificar esta infraestructura, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, se necesita una autorización de Fundapatrimonio, ente adscrito a la Alcaldía de Caracas, algo que hasta la fecha no posee la UCV.
Con información de ABN