Foto: Juan Carlos Neira

El Tribunal de Control ha dejado esta noche en libertad, tras ser presentado por las autoridades policiales, a Guillermo Zuloaga, quien ha salido del Palacio de Justicia acompañado de uno de sus hijos.

Según la información divulgada, a Zuloaga se le ha dictado una medida sustitutiva de prohibición de salida del país.

“Quiero agradecer al personal de Globovisión y a lo medios nacionales e internacionales, porque han estado pendiente de los acontecimientos de hoy y me han dado su apoyo”, expresó Zuloaga al salir del Palacio de Justicia.

A su vez, Zuloaga reiteró que desconocía el procedimiento que fue llevado a cabo el día de hoy en su contra el cual lo sorprendió.

“Vi a un diputado el día de ayer pidiendo que se abriera una averiguación ¿Cuantas cosas no hemos cubierto en la Fiscalía de gente pidiendo averiguaciones y no pasa nada?, Me pareció tan absurdo que nunca pensé podría prosperar”, afirmó.

En cuanto a las acusaciones en su contra de causar ” miedo y zozobra” por sus recientes declaraciones en el foro de la SIP en la isla de Aruba, respondió que si fuera cierto, ¿Cómo es posible que las mismas fueran repetidas tantas veces por los medios del Estado?, preguntó.

Zuloaga expresó que sus declaraciones en la SIP fueron en respuesta por “las cantidades de intervenciones que tuvieron distintos personeros del Estado”, que según relató “los estaban acusando al Dr. Granier y a su persona” de sucesos “falsos”.

Foto: Juan Carlos Neira
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Imputado

El Ministerio Público imputó al empresario Guillermo Zuloaga por la presunta comisión de los delitos de ofensas contra gobernantes del Estado venezolano y por la difusión de información falsa, en los cuales habría incurrido durante su intervención en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) , realizada el pasado fin de semana en la isla de Aruba.

En ese sentido, la fiscal 72º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Maricarmen Fuentes, realizó la imputación conforme a lo que establecen los artículos 147 y 296 del Código Penal venezolano.

Refiere el artículo 147 del Código Penal que “Quien ofendiere de palabra o por escrito, o de cualquier otra manera irrespetare al Presidente de la República (…) será castigado con prisión de 6 a 30 meses, si la ofensa fuere grave (…). La pena se aumentará una tercera parte si la ofensa se hubiere hecho públicamente”.

Mientras que el artículo 296 establece: “Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años”.

Ante la imputación de la fiscal Fuentes, el Tribunal 40º del AMC le dictó una medida sustitutiva de libertad, consistente en la prohibición de salida del país a Zuloaga, quien fue detenido este jueves 25 de marzo, en el aeropuerto Josefa Camejo en Punto Fijo, estado Falcón, cuando se disponía a viajar con destino a la isla de Bonaire.

La aprehensión del hombre de negocios fue producto de la orden de captura pedida a raíz de la investigación abierta por la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de la Asamblea Nacional, Manuel Villalba.

En ese sentido, el Tribunal 40° de Control del AMC admitió la solicitud de la fiscal y mediante boleta de encarcelación N° 018-10 ordenó que se procediera a la aprehensión del ahora imputado.

De acuerdo con la información preliminar, funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) practicaron la aprehensión del empresario cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a Bonaire.

Conviene recordar que en junio de 2009, el Ministerio Público había solicitado y le fue acordada una medida de prohibición de salida del país contra Zuloaga al estar presuntamente incurso en el delito de usura genérica, a raíz de un allanamiento en el que le fueron encontrados un lote de vehículos de lujo en una quinta de su propiedad.

Adicionalmente, el empresario tiene otra investigación por la presunta comisión de delitos ambientales.

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