Una comisión del CICPC de Caracas, junto al fiscal 20 con competencia nacional, Daniel Guédez, allanó una casa en Lechería (Anzoátegui), como parte de las averiguaciones iniciadas por las imágenes del cadáver del periodista Javier García que han circulado por Internet.

Según relata el diario El Tiempo, la visita se hizo en la mañana de ayer, en la urbanización Mar del municipio Urbaneja, con una orden de la juez IV de Control, Luz Verónica Cañas.

En la residencia vive Jenny Pulgar, ex concubina del locutor Jorge Castro. Castro, con un seudónimo, mantiene un Blog en Internet y, en el mismo, colocó las fotografías que muestran el cadáver del periodista asesinato, cubierto de sangre, tumbado en la cama de su habitación.

Cuando las colocó, el periodista lo hizo con el título “Las fotos censuradas de Javier García” y alegaba que las había recibido, como tantos otros ciudadanos, y las colocaba en su Blog como información. Las fotos, a fecha de hoy, han sido retiradas.

El Blog se llama “Agente Secreto” o “El Blog de Luis” y usa el seudónimo de Luis López.

En el registro domiciliario, los detectives incautaron material digital, computadoras y PC con archivos grabados. Ahora tratan de determinar si las fotografías de García proceden del ordenador de Castro.

Armando Orocopey, asistente de la familia Pulgar, aseguró que sus clientes no tienen nada que ver en el asunto. Señaló que Jorge Castro lo autorizó para informar que todo es parte de una persecución en su contra y que en el allanamiento se violentaron sus derechos humanos y disposiciones legales. Según Orocopey, el locutor le dijo que también es acosado por no haberse dejado chantajear por algunas personas.

El citado periodista suele colocar, en su Blog, informaciones “incendiarias” la mayoría de las cuales no son más que invenciones y fantasías sin ningún tipo de rigor ni asidero de verdad.

Esta tarde, se colocó en el citado Blog la siguiente nota:

A raíz de una investigación indiciada por fiscales del Ministerio Público en torno a un connotado hecho criminal se han producido allanamientos, excesos, abusos y arbitrariedades; en muchos casos desconociendo inclusive la presencia de menores de edad y de personas que no tenían que ver en dichos procedimientos.

En la mayoría de los allanamientos, supuestamente, no existirían las respectivas órdenes y se habría procedido, presuntamente, violando los derechos humanos. Hay un caso en que funcionarios del CICPC adscritos a la delegación de Puerto La Cruz asediaron una residencia, mientras el Fiscal conseguía una orden de allanamiento. Estarían plenamente identificadas las personas, vecinos y funcionarios que se habría prestado en tales actos.

En algunos casos inclusive violentaron el recinto sagrado de babalawos. Se presume que los afectados tomarán medidas legales pertinentes en contra de aquellos que participaron en los atropellos cometidos en su contra.

El Fiscal que realizó el procedimiento cometió un gran número de excesos, entre los que destacan que hasta habría amenazado y emitido una citación a abogado defensor de una de las víctimas. Estamos al tanto de esto y otros detalles gracias a amigos que laboran como funcionarios del CICPC y del Ministerio Público con importantes cargos directivos en la ciudad de Caracas. Lo más aberrante de todo es que, al parecer una de las personas solicitadas no residía en lugares donde se le buscaba, por estar separado de su cónyuge.

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