EFE/Leonardo Muñoz, archivo.

La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt y su familia presentaron una acción de conciliación contra el Ministerio de Defensa para exigir el pago de 13.000 millones de pesos (unos 6,84 millones de dólares) por los perjuicios ocasionados durante su secuestro de más de seis años.

El secretario general del Ministerio, Luis Manuel Neira, confirmó hoy en un comunicado que el pasado 30 de junio se recibió de la familia Betancourt dos solicitudes de conciliación extrajudicial por parte de Betancourt, su madre Yolanda Pulecio, sus dos hijos y su hermana.

“Convocan a la nación y al Ministerio de Defensa para conciliar (…) los perjuicios que en opinión de ellos le fueron causados con ocasión del secuestro de la señora Ingrid Betancourt” a manos de la guerrilla de las FARC, señaló el mensaje.

Asimismo, señaló Neira que los perjuicios son estimados por “los convocantes” en la suma global de 13.000 millones de pesos (unos 6,84 millones de dólares).

“El Ministerio de Defensa se declara sorprendido y apesadumbrado por la presentación de las referidas solicitudes, máxime por el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planeación y ejecución de la operación Jaque”, por la que fue liberada en julio de 2002.

La familia Betancourt sustenta esa acción de conciliación en que varios oficiales del Ejército, el 23 de febrero de 2002, día de su secuestro por las FARC en una carretera del sur de Colombia, le garantizaron que no sucedería nada y que no corría peligro.

El Ministerio de Defensa consideró que no hay elementos objetivos para conciliar con Ingrid Betancourt, por los daños ocasionados durante su secuestro.

“Betancourt, en su momento candidata presidencial, desatendió las insistentes recomendaciones de la fuerza pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá) donde tenía un acto en desarrollo de su campaña política”, recordó el comunicado oficial.

El Ministerio de Defensa consideró que no hay elementos objetivos para conciliar con Ingrid Betancourt, por los daños ocasionados durante su secuestro.

El mensaje puntualizó que el Gobierno colombiano está seguro de que no existe “ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en esos hecho”.

El principal argumento del Gobierno colombiano es que Betancourt, el día de su secuestro, desconoció y despreció las advertencias públicas y privadas que le hicieron las autoridades ante el inminente riesgo de seguridad que suponía su movilización por esa carretera del sur de Colombia.

Por su parte el ex comisionado de paz del Gobierno en la época del secuestro, Camilo Gómez, recordó que Betancourt solicitó autorización para ir en esas fechas a San Vicente del Caguán, epicentro de las frustradas negociaciones de paz con las FARC entre 1999 y 2002.

“Ingrid había solicitado autorización en dos o tres ocasiones para llegar hasta allá y el Gobierno le había dicho tajantemente que no era posible que una persona hiciera esos movimientos porque las condiciones de la zona eran muy complicadas en ese momento y había combates”, dijo.

Precisó que se le pidió que se abstuviera de ir allá y ella tomó la decisión de ir, “llegó hasta el retén militar más avanzado y allí los militares le pidieron que no continuara y está firmado en la minuta, en el libro de la guardia de ese retén, que ella dice que continúa bajo su responsabilidad”.

Los procedimientos legales señalan que en caso de no existir una conciliación entre el Ministerio de Defensa y la familia Betancourt, tendrán que pasar a una demanda ante un juez.

La ex candidata presidencial fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 23 de febrero de 2002, junto a la entonces su compañera para la vicepresidencia, Clara Rojas.

Las dos políticas tenían preparado un mitin en San Vicente del Caguán, uno de los fortines electorales de Betancourt, pero fueron secuestradas mientras se dirigían hasta esa zona.

Betancourt fue rescatada, junto a otros 14 rehenes, por el Ejército el 2 de julio de 2008 en la “Operación Jaque”, mientras que Rojas había sido puesta en libertad por las FARC el 10 de enero de ese mismo año.

Vía EFE

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