El presunto miembro de ETA, Arturo Cubillas, residente en Venezuela desde 1989, acudió este lunes al Ministerio Público en Caracas y solicitó ser investigado pues “no tiene nada que temer”, y argumentó su “indefensión” ante las acusaciones que lo vinculan a la banda armada vasca, informó su abogado.

“Es un primer paso que él da frente a la campaña que se ha creado. Ahora la Fiscalía decide si investiga pero debería ser así puesto que no sólo lo solicita él si no también el Ejecutivo venezolano”, explicó a la AFP Marino Alvarado, abogado que asistió a Cubillas este lunes.

Cubillas afirmó ante el fiscal “que no tenía nada que temer y expresó su voluntad de colaborar en la investigación”, dijo Marino Alvarado a EFE, que le acompañó en la Fiscalía venezolana donde les recibió el fiscal Orlando Padrón.

El gobierno español envió la semana pasada a Venezuela un auto judicial en que se explica que dos presuntos miembros de ETA confesaron que Cubillas fue uno de los instructores de unos cursillos de formación que recibieron en Venezuela en 2008.

España pidió la cooperación de las autoridades de Venezuela y según fuentes de Madrid, Venezuela accedió a abrir una investigación.

Solicito que “se realicen todas las diligencias de investigación necesarias a objeto de verificar la veracidad de las supuestas declaraciones de dos ciudadanos vascos, a los que la prensa española atribuye haber estado en Venezuela y que hacen referencia a mi persona”, pide Cubillas en el documento que entregó firmado ante un fiscal.

Ministerio Público designa fiscal para investirgar el caso Cubillas

El Ministerio Público designó al fiscal 10° nacional, Richard Monasterios, para que investigue la presunta vinculación de José Arturo Cubillas Fontán con el grupo separatista vasco ETA y con las FARC.

En horas de la tarde de este lunes 11 de octubre, Cubillas Fontán solicitó al Ministerio Público se iniciara una investigación a raíz de los señalamientos públicos realizados en distintos medios de comunicación que lo relacionan con ETA y la FARC, vinculación que habría permitido la instrucción de miembros de la ETA en Venezuela.

Foto: Tomada del diario La Verdad / archivo

De acuerdo con el petitorio, se solicita al Ministerio Público se inicie la investigación a objeto de determinar “las circunstancias en que ocurrieron los hechos imputados públicamente en medios nacionales y extranjeros”, así como cualquier aspecto o actividad relacionada con su persona.

El Código Orgánico Procesal Penal (Copp), en su artículo 290, refiere: “Quien hubiere sido imputado o imputada públicamente por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho punible, tendrá el derecho de acudir ante el Ministerio Público y solicitarle que se investigue la imputación de que ha sido objeto”.

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