América Latina 25 / sep / 2008 8:41 am 99 comentarios

Todo sobre la nueva Constitución de Ecuador

El nuevo proyecto constitucional de Ecuador, a votarse el próximo 28 de septiembre, presenta luces sobre el modelo de “socialismo del siglo XXI” en ese país y se presta fácilmente a comparaciones con las propuestas en Bolivia y Venezuela.

AFP PHOTO/Rodrigo BUENDIA y Efe.
AFP Graphics

Para el presidente de Ecuador, Rafael Correa, el proyecto de Constitución que se somete a referendo es la hoja de ruta para el cambio estructural que busca en el país, con mayor control económico por parte del Estado y participación ciudadana en las decisiones políticas.

Defensor del Socialismo del Siglo XXI, Correa considera básico para llevar a cabo ese cambio estructural la sustitución del modelo neoliberal, que da prioridad al mercado, por un “sistema económico social y solidario”.

Este es el proyecto de nueva Constitución de Ecuador que será votada este domingo. Para descargar su versión completa en PDF pulse aquí o en la imagen.

Si usted desea revisar la Constitución vigente que este domingo podría ser derogada y sustituida por el proyecto anterior puede bajar el texto completo pulsando aquí o en la imagen.

Duro crítico de los organismos internacionales y de la injerencia foránea en decisiones locales, defiende una “adecuada distribución de los ingresos y la riqueza” y una relación equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza.

Aunque apoya la inversión privada, Correa es un arduo defensor de la participación del Estado en el desarrollo del país y ello queda reflejado en el proyecto constitucional.

Así, el Estado asume una mayor presencia en el control sobre el endeudamiento externo, ofrece instancias para que la ciudadanía lo vigile y audite, y estipula que la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera “es facultad exclusiva” de la función Ejecutiva.

Pese a las críticas de la oposición sobre lo que considera excesivo estatismo en la nueva Carta Magna, Correa defiende para el Estado los derechos de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos.

Entre ellos figuran las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte, el refino de hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua.

Y esto para Correa no es ser “estatista”, pero tampoco “ingenuos (como) para creer que mientras menos Estado mejor”, afirmó recientemente, al asegurar que el socialismo del Siglo XXI “reconoce y recupera el fundamental rol del Estado para el desarrollo“.

Correa, enfrentado con una buena parte de la prensa, argumenta que el proyecto de Constitución prohíbe el oligopolio o monopolio, directo o indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación.

A las críticas de la oposición, que entiende que el proyecto otorga poderes extraordinarios al jefe de Estado, Correa responde que con la nueva Constitución se da mayor participación ciudadana en las decisiones, frente a lo que -en su opinión- practicaba la derecha, acostumbrada a tomar decisiones sin consultar al pueblo.

En ese sentido, destaca que el país dejará de ser gobernado por “la partidocracia de siempre“, mientras que la participación ciudadana es la expresión de la “soberanía popular”, la construcción del “poder ciudadano”.

La ruta del cambio estructural, según Correa cruza también por una mayor transparencia y por ello, busca la creación, en lo que llama “revolución ciudadana”, de la Función de Transparencia y Control Social, como nuevo poder del Estado, con el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y el Electoral.

Este nuevo poder es algo que la oposición o considera innecesario en el sector público o simplemente un mecanismo de control excesivo de determinadas actividades del sector privado.

Para él, la Asamblea ha brindado “la mejor Constitución que ha tenido la historia” pues “instala una verdadera democracia participativa, que instaura la revocación del mandato desde el concejal hasta el presidente de la República si traicionan el mandato que el pueblo les dio en las urnas”.

Así, considera que el proyecto de Carta Magna es “un antídoto para la inestabilidad política” pues obliga a convocar elecciones, tanto presidenciales como legislativas, si el Parlamento destituye al Gobierno o si este disuelve a la Asamblea Nacional.

En Ecuador el último presidente que terminó el período para el que fue elegido fue Sixto Durán-Ballén (1996). Tras él varios gobernantes han sido destituidos por el Parlamento con argumentos no siempre apegados a derecho, según los afectados.

Un simpatizante oficialista pega en Guayaquil (Ecuador), material publicitario a favor del sí en el referendo constitucional del próximo 28 de septiembre. EFE/Robert Puglla

3 Paises, 3 Constituciones Bolivarianas

El proyecto de nueva Constitución, que los ecuatorianos votarán este domingo en referendo, es una de las piedras angulares con las que el presidente del país, Rafael Correa, quiere llevar adelante el socialismo del siglo XXI, senda por la que también van Bolivia y Venezuela.

Aunque con diferencias propias en cada país, los tres gobiernos han seguido casi la misma ruta para impulsar, a su manera, el modelo del socialismo del siglo XXI con la intención de dejar enterrado al neoliberalismo que gobernó la región por décadas.

Pero poner fin a lo que el ecuatoriano llama “la larga y triste noche neoliberal”, ha supuesto polémica, violencia y la polarización con sectores que se oponen a cambios radicales.

Los procesos constituyentes en los tres países han surgido con grandes apoyos populares, que han facilitado la integración de mayorías oficialistas en la elaboración de los cuerpos legales.

No obstante, Correa, así como su homólogo boliviano, Evo Morales, y el venezolano, Hugo Chávez, han estado sometidos a fuertes críticas de los opositores, también radicalizados ante las transformaciones propuestas por los mentores del nuevo socialismo.

Tanto Morales como Chávez han debido superar momentos de crisis políticas con los opositores de derechas, que advierten una vuelta a esquemas de gobierno fracasados en el pasado y, dicen, sepultados bajo la “cortina de hierro”, que protegió al mundo comunista de Europa del este hasta 1989.

El presidente ecuatoriano asegura que su país requiere de un cambio “profundo, radical y rápido”, basado en una “revolución ciudadana” que, para él, se presenta como “la última oportunidad pacífica” para cambiar una historia de injusticia y desigualdad.

El nuevo modelo, surgido de las ideas tradicionales del socialismo latinoamericano de la década de los años sesenta, según Correa, es un proceso propio que tiene al ser humano y al trabajo como soportes de la construcción del desarrollo.

En eso coinciden las constituciones impulsadas por el mandatario boliviano, Evo Morales, y el venezolano, Hugo Chávez, quienes han recogido también los ideales de Simón Bolívar, el libertador andino, como soporte histórico, ético y teórico de sus “revoluciones”.

Asimismo, las tres constituciones ponen énfasis en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible como base de los derechos colectivos, incluidos, con preeminencia, los de sus pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas.

La economía, en los tres cuerpos legales, ponen al ser humano como el centro de la actividad del Estado y pregonan la justicia y redistribución de la riqueza como eje de la gestión pública.

Asimismo, coinciden en remarcar el papel del poder de los ciudadanos como garantes y vigilantes de todas las acciones de la administración estatal y asignan la custodia y respeto de las soberanías nacionales en sus pueblos, de manera indelegable.

En ninguna de esas constituciones se elimina el derecho a la propiedad privada, pero se la regula en el marco del cumplimiento de objetivos sociales.

Las tres, asimismo, condenan el monopolio y dicen proteger los derechos colectivos frente a los de las empresas.

También coinciden en blindar sus territorios a la presencia de bases militares de Ejércitos extranjeros y declaran a sus espacios geográficos como “territorios de paz”.

Los antiguos congresos o parlamentos también cambian sus nombres por los de Asamblea Legislativa Plurinacional, en el caso boliviano, y de Asamblea Nacional, en Ecuador y Venezuela, que también consideran la reelección presidencial por una sola vez.

Las tres constituciones, además, coinciden en la facultad de revocación de los mandatos de los cargos de elección popular a petición de los ciudadanos.

También lo hacen en dejar plasmada la voluntad de sus gobiernos para buscar la unidad latinoamericana y de protección de la naturaleza como base de las relaciones internacionales.

Un proyecto “estatista y dictatorial” para la oposición ecuatoriana

Simpatizantes opositores gritan y exhiben carteles y banderas en Quito (Ecuador), al hacer campaña en favor del No EFE/Juan Antonio Serrano

La oposición en Ecuador, que preconiza el “no” a la nueva Carta Magna que impulsa el Ejecutivo, tiene este domingo, día del referendo constitucional, una de las últimas oportunidades para frenar ese proyecto que considera “estatista” y rayando en lo “dictatorial”.

Aunque el presidente de la República, Rafael Correa, lo niega y desafía a sus detractores a que lo venzan en las urnas, la oposición asegura que el mandatario ha aprovechado una coyuntura política especial en el país para seducir a la gente con su proyecto de tintes izquierdistas.

Tras más de una década de sobresaltos institucionales, sazonada con derrocamientos presidenciales y elecciones recurrentes, más de nueve millones de ecuatorianos están facultados para aprobar o rechazar el domingo en las urnas el proyecto de nueva Constitución.

Si el proyecto de Constitución es aprobado, todas las autoridades públicas deberán ser elegidas con el nuevo orden legal, incluido Correa, que ya puso a disposición su cargo ante la Asamblea Constituyente, de plenos poderes, que le encargó seguir en la Presidencia.

La oposición también teme que, si se mantiene la tendencia electoral que aparentemente favorece a Correa, el mandatario, que ya lleva 20 meses en el ejercicio del poder, tenga todo el poder para hacer “lo que le de la gana”, a criterio de uno de sus principales detractores, el ex presidente Lucio Gutiérrez.

Líder del Partido Sociedad Patriótica, Gutiérrez asegura que el proyecto de nueva Constitución es un “mamotreto, hecho a la medida” de Correa, que le permitirá “perpetuarse en el poder”, aunque el proyecto solo establece una reelección inmediata, es decir dos períodos de cuatro años.

Asimismo, Gutiérrez presume que el nuevo cuerpo legal responde a una conjura internacional de personas ligadas a lo que se denomina “el socialismo del siglo XXI“, que intentan llevar a la región andina al comunismo.

Para otro líder opositor, Diego Ordóñez, de la Unión Demócrata Cristiana, el proyecto constitucional es ya una “barbaridad” que linda con bases “dictatoriales”, por haber surgido de una Asamblea Constituyente que interpretó a su antojo los plenos poderes que le entregó el pueblo.

Ordóñez asegura que si su tesis triunfa, es decir el “no”, se debería convocar a nuevas elecciones parlamentarias para dar paso a otras reformas constitucionales que requiere el país.

Según la oposición, si gana el “sí” en el referendo se lesionarían las libertades en el país, especialmente las de la propiedad privada y se abriría el camino a las nacionalizaciones de empresas.

Pero la mayor pugna entre el “si” y el “no” en el referendo se ha centrado, al menos en los medios de información, en el enfrentamiento en el que se han enzarzado el presidente Correa y el alcalde opositor de la ciudad portuaria de Guayaquil, el socialcristiano Jaime Nebot.

El burgomaestre no sólo ve el peligro de que el sistema de libertades en el país se vea afectado por el proyecto de nueva Constitución, sino que, además, observa un excesivo centralismo en la administración pública.

Nebot ha llegado a decir que si el “no” vence en su jurisdicción, esa decisión debería ser aceptada por el país, posición que algunos oficialistas ven como un paso hacia el separatismo o a la desobediencia civil y recuerdan, al mismo tiempo, que el referendo es nacional.

La Iglesia Católica también se ha opuesto al proyecto, sobre todo en lo relacionado con la familia, por considerar que la nueva Carta Magna abre la puerta al aborto y al matrimonio homosexual, tesis a la que se han unido las iglesias evangélicas, aunque el proyecto no lo establece de forma taxativa.

El texto constitucional también ha recibido críticas de varias empresas de información, en buena parte opositoras, porque entienden que podría dar paso al intervencionismo del Estado y cercenar la libre expresión y ser aplicada como una censura oficial de contenidos,

En todo caso, el referendo del domingo no será el último escenario de la confrontación entre el oficialismo y la oposición, sino que tendrá otro episodio en las próximas elecciones generales.

Foto: Robert Puglla/Efe.

Información vía Efe.

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