El jurista Juan Carlos Apitz, nos comenta en su columna de los martes en Tal Cual acerca del carácter inconstitucional y las consecuencias que generará la aprobación en la AN de la Ley Orgánica para la Gestión y Ordenación del Territorio.

Esta es su columna completa:

La reciente aprobación en primera discusión por la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley Orgánica para la Gestión y Ordenación del Territorio es un fraude a la voluntad popular. Este proyecto que, a trancas y barrancas, será definitivamente aprobado en próximos días deroga la vigente Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio del 31 de agosto de 2006.

Esta Ley centra la actividad de ordenación del territorio, en cuanto a su planificación y gestión, en “un proceso en el cual la sociedad civil organizada forma parte activa, consciente y creadora de las decisiones que afectan su entorno ambiental y social, en función del mejoramiento de su calidad de vida y de su sustentabilidad”.

La participación ciudadana en esta actividad pública se corresponde con los postulados del artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la razón por la cual la Ley en vigencia reconoce la participación ciudadana en la gestión ambiental como un derecho inherente a la esencia y dinamismo de una sociedad democrática, que se concreta a través de mecanismos de consulta pública.

Tal participación se verifica con la incorporación efectiva de la comunidad organizada en la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio y las correspondientes comisiones regionales y estadales del mismo, para la elaboración de los planes respectivos, a través de un proceso de coordinación interinstitucional; y dichos órganos obligatoriamente deberán tomar en cuenta las observaciones de la comunidad organizada.

En el proyecto de Ley que está en discusión y por aprobarse frenéticamente, desaparece la efectiva participación del ciudadano en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio; su participación está concebida sólo para la construcción de un espacio geográfico socialista y para el fortalecimiento del llamado poder comunal. En la realización de esos fines el Presidente de la República, de manera exclusiva y excluyente, nombrará una Autoridad Regional para cada Región Funcional creada de acuerdo a esa nueva Ley.

Con la advertencia de que “las Administraciones Públicas Estadales y Municipales, y sus entes descentralizados funcionalmente estarán sometidos a las directrices impartidas por las Autoridades Regionales para el logro de su objeto, debiendo colaborar activamente en la ejecución de los planes, proyectos y acciones calificadas como de importancia regional o nacional, en orden a la consecución de los fines del Estado”.

Entonces, esta venidera Ley es un fraude a la soberanía del pueblo pues desecha a la participación ciudadana en un asunto público de tanta trascendencia como lo es la ordenación del territorio, dirigida a garantizar el desarrollo sustentable económico y social de la Nación y de sus futuras generaciones; desconoce las competencias y potestades de los gobernadores y alcaldes legítimamente electos mediante el voto popular; y, peor aún, repudia a la inmensa mayoría de los venezolanos que expresó su opinión el 2 de diciembre de 2007 en el referéndum consultivo sobre la reforma constitucional, diciendo enfáticamente: “No al autoritarismo del siglo XXI”.

Aquí opinan
Juan Carlos Apitz
Tal Cual

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