Los disturbios violentos se reprodujeron hoy en Perú, esta vez en el extremo sur, con el incendio a una sede gubernamental, luego de dos días de incidentes similares en otras provincias por distintos agravios regionales.

Fotos: AFP PHOTO/Radio Uno – EFE/Stringer

Hoy la violencia se registró en la región de Tacna, fronteriza con Chile, donde unas 2.000 personas incendiaron la sede de la gobernación y atacaron la oficina de recaudación de impuestos, un local del oficialista Partido Aprista Peuano (PAP) y una emisora de radio, de acuerdo con el Canal N de televisión.

La turba enfurecida recorrió las calles de Tacna armada con palos y piedras y arrasó lo que encontró a su paso, ante la impotencia de los mil agentes de la policía que no disponen de medios para contenerla, según las imágenes difundidas por Canal N.

Otros 400 tacneños llevaron a cabo protestas en la misma frontera con Chile y varios de ellos atravesaron la linde, lo que motivó que los carabineros chilenos detuvieran a cuatro de ellos, informó a Efe una fuente de la Policía peruana.

Por ese motivo las autoridades de Chile han cerrado la frontera, donde se ha reforzado la presencia policial, se informó desde Santiago.

Ante la ola de violencia el primer ministro peruano, Yehude Simon, aseguró hoy a periodistas que a los responsables de los desmanes “les tiene que caer todo el peso de la ley”.

El malestar en Tacna estalló después de que el Congreso aprobó hoy la modificación de un artículo de la Ley del Canon, que significará una disminución para esta región de varios millones de dólares proveniente de las rentas que aporta la minera Southern Perú, de capitales mexicanos, por la explotación de recursos mineros.

Por ese motivo, el mismo presidente de la región de Tacna, Hugo Ordóñez, junto a varios alcaldes distritales y provinciales de esa jurisdicción, se habían desplazado hasta la sede del Legislativo, donde corearon: “Tacna se respeta, Tacna no se rinde”.

La enmienda aprobada hoy pretendía resolver la demanda de la región de Moquegua, vecina de Tacna y donde también opera Southern, por el espinoso asunto de la repartición del dinero proveniente de la minería, que aporta cerca de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) de Perú.

Moquegua fue escenario el pasado junio de una protesta violenta que derivó en la retención de 60 policías, incluyendo un oficial, y la toma del puente Montalvo, que la conecta con Tacna.

El martes pasado los habitantes de esa región volvieron a bloquear el mismo puente y tomaron como rehenes a tres policías, con lo que se dio inicio esta semana a una serie de actos violentos en Perú por diversas demandas y en distintos puntos del país.

Hoy los moqueguanos han recibido con “cautela” el anuncio de su ansiada modificación y si bien no hay celebraciones empiezan a congregarse pacíficamente en el puente Montalvo, dijo a Efe una fuente policial de esa región.

Según la Defensoría del Pueblo, en Perú se han registrado 185 conflictos en el país de los cuales 130 están activos.

El analista político Nelson Manrique dijo a Efe que la simultaneidad de estas demandas en distintos puntos del país “muestra una acumulación del descontento en un modelo económico excluyente, fundamentado en el crecimiento y una desigual distribución de la riqueza”.

Para el sociólogo es preocupante que el estallido de los conflictos sociales se produzca casi tres semanas después de ser nombrado el nuevo primer ministro, el izquierdista independiente Yehude Simon, con la idea de “desactivar las protestas”, lo que podría hacer que el nuevo gabinete pierda legitimidad antes de tiempo.

Perú es un país que registra un crecimiento económico sostenido desde 2001, con un nueve por ciento el año pasado, pero con un 40 por ciento de la población en situación de extrema pobreza, especialmente al interior del país y a la espera de que el desarrollo y la bonanza toque sus puertas.

Vía EFE

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