Revuelo en Colombia por interceptación de e-mails de personalidades
Una alta funcionaria de la Alcaldía de Bogotá, así como periodistas, columnistas y estudiantes universitarios, figuran en una lista de 152 personas a las que la Fiscalía colombiana dio la orden de interceptar sus correos electrónicos desde 2006.
Entre los interceptados aparecen la secretaria de gobierno de Bogotá, Clara López, y destacados columnistas y comunicadores colombianos.
El fiscal a cargo del despacho desde donde se ordenaron las interceptaciones, Jorge Iván Piedrahíta, fue destituido el jueves por orden del fiscal general Mario Iguarán.
“Esto, más que un ataque de originalidad, tiene todos los visos de estar haciéndoles la tarea a los enemigos de los derechos y las libertades constitucionales”, dijo al diario El Espectador el fiscal Iguarán.
Iván Cepeda, uno de los interceptados y reconocido activista de derechos humanos, sostuvo que “la Fiscalía tiene que explicarnos qué dimensión tiene todo esto…porque le temo a un montaje”.
En una entrevista con AP el jueves, Piedrahíta dijo que “me entregaron para que firmara un documento en el que se ordenaba revocar una serie de interceptaciones que habían sido decretadas por mis dos antecesores”.
“Entonces, primero pensé que yo no había tomado esas decisiones. Pero después pensé que me podían despedir. Al final firmé. Después me llegó la carta de insubsistencia (despido). Fue una trampa”, agregó.
Piedrahíta, de 50 años, dijo llevar en ese despacho sólo “cinco o seis meses”.
El fiscal que hace dos años ordenó algunas de las interceptaciones hoy cuestionadas, Isnardo Barrero, explicó que “yo ordené cinco o seis interceptaciones, nada más”. Dijo desconocer de dónde salió y quién dio la orden de interceptar los 152 correos electrónicos.
El tema de las interceptaciones en Colombia no es nuevo.
El llamado proceso 8.000, que buscaba establecer los nexos entre el narcotráfico y la clase política, nació de la interceptación ilegal de una llamada entre el narcotraficante Miguel Rodríguez y un periodista.
En mayo de 2007, una serie de interceptaciones ilegales le costó el cargo a 12 generales de la policía. Hasta una comunicación del propio presidente Alvaro Uribe fue interceptada el año pasado.
Piedrahíta saltó a la luz pública hace tres semanas luego que pidió a varias universidades información sobre todos sus estudiantes para identificar a 64 presuntos guerrilleros que, al parecer, pertenecían a esos centros educativos.
Piedrahíta dijo en la entrevista con la AP que los motivos de su salida pueden ser varios, pero “el más importante, creo yo, por la delicadeza de investigaciones que tenía a mi cargo”.
Recalcó que en su despacho estaban los procesos por el atentado al Club El Nogal (febrero de 2003), la supuesta venta de armas del gobierno del ex presidente peruano Alberto Fujimori a la guerrilla de las FARC y la conformación de bandas criminales en la región del Urabá antioqueño por parte de Daniel Rendón Herrera (alias “Don Mario”), el hombre más buscado de Colombia en la actualidad.
“Pero el caso más grande tenía relación con una serie de allanamientos y capturas que hicimos el 6 de agosto pasado a la columna ‘Teófilo Forero’ de las FARC”, advirtió Piedrahíta.
Encontramos información de atentados que se pensaba cometer en contra de Tomás Uribe (el hijo mayor del presidente); el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el ministro del Medio Ambiente, Juan Lozano, y Santiago Uribe (hermano del presidente), explicó Piedrahíta.
Añadió que cinco de los abogados de los presuntos guerrilleros ya habían llegado con él a una negociación para aceptar cargos por el delito de rebelión, es decir, para reconocer que pertenecían a las FARC.
“Pero extrañamente me dieron la orden de que no hiciera esa negociación”, explicó, aunque no dio detalles de quienes que le impartieron esa directriz. “Eso fue de arriba”, musitó.
El viernes, el jefe de los fiscales de la Unidad Antiterrorismo, Hermes Ardila, aseguró que era “falso” que a Piedrahíta le hubieran entregado un documento para que dispusiera la cancelación de las interceptaciones.
“El redactó y firmó el documento”, advirtió. “Además, él fue quien activó las solicitudes de interceptación de hace dos años”, aseguró.
Respecto del expediente sobre eventuales atentados terroristas a dos ministros y a dos familiares de Uribe, Ardila observó que él únicamente le dijo a Piedrahíta: “yo con terroristas no negociaría, pero esa es su decisión”.
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