Miguel Ángel Rodríguez recibió en su programa al diputado a la Asamblea Nacional (Podemos), Juan José Molina, para conversar sobre el informe del presunto plan de magnicidio entregado al Parlamento.

“El Cicpc elaboró una experticia a los efectos de una reunión que hubo, en donde asistieron un grupo de personas y había un miembro de inteligencia de la DIM que grabó la conversación. Esa conversación grabada, bajo la autorización legal de un Tribunal de la República, fue puesta bajo estudio para que se supiera identificar a cada una de las personas que participaron en ese hecho”.

El Diputado reiteró que “es cierto que existió esa reunión y que la grabación fue autorizada por un Tribunal”.

“Él (Mario Silva) elabora una grabación junto con el documento que fue grabado y que él consiguió. Logró sacar y extraer de cada una de las intervenciones grabadas, elementos que le convenían”, dijo Molina.

Aseguró que de un documento de 9 páginas, Mario Silva lo resumió en 2 páginas con “elementos que sólo le convenían”.

Sin embargo, dijo que esa conversación entre militares (retirados) efectivamente se desarrolló. Pero, no “cree que los militares estuvieran planificando una desestabilización”, dijo.

“Todos los militares presos están implicados en la grabación.”

“Se trata de inculpar a los militares y a personas que no tienen nada que ver en el caso”, agregó el Diputado.

Molina cree que a Mario Silva se le debe aplicar el artículo 317 del Código Penal que dice: El funcionario público que, al recibir o extender algún acto en el ejercicio de sus funciones, haya atestado ciertos y pasados en su presencia hechos o declaraciones que no han tenido lugar, u omitido o alterado las declaraciones que hubiere recibido, de tal suerte que pueda de ello resultar un perjuicio al público o a los particulares, será castigado con las penas establecidas en el artículo precedente.

actualidad » en esta sección

buscador