Un reportaje que hoy publica Casto Ocando en “El Nuevo Herald” detalla todos los casos de acusaciones de corrupción contra personeros chavistas que no han sido investigados en Venezuela.

Este es el trabajo:

Mientras la fiscalía general de Venezuela acelera la investigación por presunta corrupción del líder opositor Manuel Rosales, anunciando que podría ser encarcelado en breve, las pesquisas de denuncias de corrupción contra una decena de líderes chavistas regionales, que abarcan desde cooperación con el narcotráfico hasta el pago de comisiones, están estancadas.

En uno de los más agudos contrastes del sistema de justicia venezolano, las acusaciones contra media docena de ex gobernadores y alcaldes chavistas, entre ellos Jhonny Yánez Rangel (estado Cojedes) y Antonio Rodríguez (estado Vargas), ambos vinculados con delitos durante el juicio del llamado Valijagate en Miami, esperan la apertura de una investigación oficial.

Uno de los ex mandatarios regionales que acusa a Rosales, el ex alcalde de Maracaibo Giancarlo Dimartino, ha sido acusado de apoyar y proteger a la guerrilla colombiana y malversar unos $140 millones. Dimartino, que niega las acusaciones, no es objeto de ninguna investigación de las autoridades venezolanas.

Ni la Fiscalía General ni la Contraloría han encausado a ningún funcionario chavista, con la excepción de los que se pasaron a la disidencia.

El único caso notable –cuya investigación culminó en la exoneración de todos los cargos– es el de Hugo de los Reyes Chávez, padre del mandatario venezolano, gobernador del estado Barinas desde el 2000 hasta el año pasado. Chávez padre fue acusado varias veces de enriquecimiento ilícito y de abuso de poder, pero recientemente la Asamblea Nacional decidió que en ocho años de gobierno no cometió ningún delito.

Frente a las denuncias de corrupción contra líderes regionales chavistas, el contralor general Clodosbaldo Russián dijo esta semana que “todo aquel funcionario público que esté involucrado en presuntos casos de corrupción será sometido a investigación y puesto a las órdenes de los organismos competentes”.

Russián defendió la labor de su entidad, que ha recibido repetidas acusaciones de parcializarse a favor del chavismo, afirmando que “muchas de las denuncias contra funcionarios no se consignan” sino que se publican en los medios de comunicación.

Pero a la vez que critican a los líderes de la oposición, ni la Fiscalía General ni la Contraloría han encausado a ningún funcionario chavista, con la excepción de los que se pasaron a la disidencia.

Ese es el caso del ex gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, que fue encausado en mayo del 2008 casi inmediatamente después de anunciar que aspiraría a la reelección, contradiciendo una orden del presidente Chávez.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz acusó a Giménez de aprobar contrataciones sin licitaciones por $25 millones cuatro años antes. La Fiscalía no explicó las razones de esperar cuatro años para presentar los cargos.

En un caso similar, el ex gobernador de Guárico, Eduardo Manuitt, fue acusado en diciembre del 2008, después de las elecciones regionales, en relación con la adquisición de cuatro equipos de aire acondicionados en 1999. Manuitt, considerado en el pasado un chavista radical, se había negado a seguir la línea del Partido Socialista Unido de Venezuela y apoyó la postulación de su hija para sucederlo en el cargo.

Tulio Alvarez: “Eel sistema judicial venezolano está tan controlado por el presidente Chávez que “no castiga los chavistas comprobadamente incursos en hechos de corrupción”.

Si fallan en su contra, ambos ex mandatarios enfrentan no sólo posibles condenas de prisión sino también la inhabilitación política, que les impediría participar nuevamente en elecciones durante mucho tiempo.

Según el jurista Tulio Alvarez, crítico del gobierno, el sistema judicial venezolano está tan controlado por el presidente Chávez que “no castiga los chavistas comprobadamente incursos en hechos de corrupción”.

Se trata de lo que el gobernador opositor de Táchira, César Pérez Vivas, calificó esta semana de “judicialización de la política”, una estrategia para debilitar a la dirigencia opositora con juicios para encarcelarlos o inhabilitarlos políticamente.

Ocurrió el año pasado con líderes como Leopoldo López y Enrique Mendoza, ambos con una importante cuota de popularidad y que podrían significar una amenaza para el liderazgo del propio Chávez, indicó el politólogo Alfredo Keller.

La última de estas figuras, según analistas, es Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo y potencial candidato presidencial en el 2012.

Rosales ha sido acusado por la Fiscalía General de enriquecimiento ilícito y podría enfrentar entre 3 y 10 años de prisión si lo hallan culpable.

Rosales ha sido acusado por la Fiscalía General de enriquecimiento ilícito y podría enfrentar entre 3 y 10 años de prisión si lo hallan culpable.

Entre los delitos que se le atribuyen hay contrataciones irregulares de una operadora de la Lotería del Zulia, una de las mayores loterías públicas del país; la donación presuntamente irregular de más de 300 vehículos de la gobernación del estado Zulia, la compra de importantes propiedades a través de testaferros, entre ellos familiares y amigos, y más recientemente la supuesta vinculación del ex gobernador con sobornos que la empresa alemana Siemens admitió haber pagado para construir el Metro de Maracaibo, en la época que Rosales era alcalde de la ciudad.

El diputado oficialista Mario Isea acusó también a Rosales de crear una empresa en Miami con activos superiores a $11 millones, aunque no se han presentado pruebas de la relación de Rosales con la firma, ni si la empresa realizó operaciones financieras fraudulentas o producto de hechos de corrupción.

En contraste con las acusaciones contra Rosales, una lista de importantes figuras y líderes del chavismo enfrentan denuncias de corrupción que están empantanadas en el sistema judicial. Estos son los más destacados.

* Luis Acosta Carlés.

Este militar, ex gobernador de Carabobo, que desobedeció la línea partidista oficial y se lanzó a la reelección en diciembre del 2008, ha sido objeto de graves denuncias que no han sido investigadas. El gobernador del estado, el opositor Henrique Salas Feo, denunció que durante la gestión de Acosta Carlés se cedió el control del 20 por ciento del puerto de Puerto Cabello a una firma que la Oficina Nacional Antidrogas investigaba por vínculos con el narcotráfico. Salas Feo dijo que mientras Acosta Carlés fue gobernador “se les otorgaron concesiones de los patios de Puerto Cabello a generales, almirantes, diputados y ministros que les aportan al menos $5 millones mensuales. Puerto Cabello fue señalado como el punto más activo de exportación de drogas de Venezuela a Estados Unidos y Europa en un informe del 2008 del legislador estadounidense Richard Lugar.

* Diosdado Cabello.

Ministro de Infraestructura, un cargo que ha ejercido en el pasado, Cabello fue gobernador del estado Miranda desde el 2004 y fue derrotado por el opositor Henrique Capriles Radonsky. En el pasado Cabello ha sido señalado de otorgar contratos como titular de Infraestructura. La más reciente de las acusaciones fue en diciembre del 2008, cuando Adriana D’Ellia, secretaria de la gobernación de Miranda, presentó documentos para demostrar irregularidades por unos $230 millones. Cabello, considerado uno de los hombres fuertes del régimen, ha negado todas las acusaciones.

Un hermano del ex gobernador de Miranda, José David Cabello, fue acusado por el diputado chavista Luis Tascón de adquirir una flotilla de vehículos rústicos con un sobreprecio de 50 por ciento cuando era un alto funcionario del Ministerio de Infraestructura. Cabello es jefe del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.

* Jhonny Yánez Rangel.

Gobernador del estado Cojedes entre el 2000 y el 2008, Yánez atrajo la atención cuando se revelaron sus estrechas vinculaciones con el empresario venezolanoamericano Guido Alejandro Antonini Wilson cuando las autoridades aduaneras argentinas le decomisaron un maletín con $800,000 en Buenos Aires a fines del 2007. Durante el juicio en Miami a un grupo de personas vinculadas al llamado Valijagate, el empresario Carlos Kauffman declaró que pagó millones de dólares en comisiones a Yánez Rangel a cambio de contratos con el gobierno de Cojedes. Yánez reconoció que mantuvo relación con varios de los implicados en el caso del maletín, entre ellos Antonini, Kauffman y Franklin Durán, recientemente condenado a 4 años de prisión. Pero negó las acusaciones en su contra y atribuyó las denuncias a una campaña mediática. Por su parte, la Fiscalía General, que anunció una investigación del caso, no ha procedido.

La fiscalía “ha dejado de lado todas las investigaciones solicitadas” contra los funcionarios públicos implicados en el caso del maletín”, dijo Alberto Solórzano, dirigente del opositor Movimiento Al Socialismo. La fiscalía ordenó la congelación de los bienes de los empresarios denunciantes pero no los de los denunciados, dijo Solórzano.

* Antonio Rodríguez.

Gobernador del estado Vargas entre el 2000 y el 2008. Al igual que su colega del estado Cojedes, el empresario Carlos Kauffman dijo que había recibido $3 millones a cambio de otorgar un contrato de $30 millones en obras públicas y $300,000 en contribuciones electorales. Rodríguez no negó sus lazos con Kauffman pero dijo que no hubo irregularidades en los contratos. “Ciertamente la empresa [de Kauffman] laboró con la gobernación de Vargas, pero para la ejecución de tres obras de poca monta cuya inversión fue de 120 millones de bolívares” (unos $50,000), declaró Rodríguez. Negó que haya recibido “dinero para la campaña electoral”.

* Francisco Rangel Gómez.

Fue reelecto gobernador del estado Bolívar en diciembre pasado y es considerado el hombre fuerte de Guayana, la segunda región industrial más importante del país. Una denuncia presentada contra Rangel sobre el destino de $15 millones que pagó la empresa canadiense Cristallex para asegurar una concesión de explotación de oro en la reserva aurífera de Las Cristinas está engavetada en un tribunal del estado Bolívar. Más recientemente, el líder opositor Andrés Velásquez denunció la adquisición por parte de Rangel de un lujoso jet Beechcraft 400, a un costo de varios millones de dólares, aunque la gobernación tiene varios aviones para uso oficial.

* Juan Barreto.

El ex alcalde metropolitano de Caracas. Fue denunciado el año pasado de causar “daño patrimonial” por más de $50 millones, correspondientes al pago de una nómina supuestamente ilegal de 7,764 empleados, entre ellos guardaespaldas de once diputados chavistas y miembros de grupos paramilitares prochavistas que operan en barriadas populares de la capital venezolana. “Aquí están los documentos que hablan claramente de que se usaba el poder de manera desordenada y abusiva”, denunció el abogado Ismael León, miembro del opositor partido Primero Justicia. Barreto también ha sido objeto de denuncias de malversación de fondos para la adquisición de propiedades de alto costo con presunto sobreprecio. El ex alcalde chavista, que recibió elogios del presidente Chávez tras salir del cargo, ha negado todos los señalamientos. Ningún organismo oficial ha investigado las denuncias.

* José Vicente Rangel Avalos.

El ex alcalde de Sucre, hijo del ex vicepresidente José Vicente Rangel, ha sido objeto de acusaciones de otros chavistas desde el 2006. La presidenta del Concejo municipal de Sucre, Isabel Rada, calificó de “cangrejo” –caso sin resolver– la construcción del Hospital Pérez de León, en el que se han invertido unos $30 millones, cuatro veces el monto planeado. “Yo pido que se investiguen las evaluaciones y el plan porque estoy segura de que están atrasados, han echado el dinero en un barril sin fondo”, dijo Rada, quien vinculó en las irregularidades al ex ministro de Finanzas Tobías Nóbrega, otro de los señalados de recibir grandes comisiones de Carlos Kauffman. La concejal y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela presentó documentos que indicaban que uno de las contratistas de la alcaldía era propiedad de familiares del ex alcalde Rangel Avalos.

* Giancarlo Di Martino.

El ex candidato a la gobernación de Zulia y ex alcalde de Maracaibo ha estado en el centro de denuncias de malversación por unos $140 millones en fondos públicos de la alcaldía que presidió hasta el año pasado, según el concejal de Maracaibo Daniel Ponne. “Sacrificó el dinero de la inversión social”, indicó Ponne, quien solicitó a la Contraloría “tomar medidas para determinar el paradero del dinero”.

Di Martino fue denunciado el año pasado de prestar apoyo a grupos de la narcoguerrilla colombiana que funcionan en la frontera del estado Zulia con Colombia. Di Martino ha calificado las denuncias de espectáculo mediático.

La corrupción chavista no se castiga
Casto Ocando
El Nuevo Herald

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