Foto: Carlos García Rawlings / Reuters

El canciller venezolano Nicolás Maduro evitó esta tarde pronunciarse sobre la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Leopoldo López, aunque más tarde se despacho instó a las instituciones venezolanas a “ratificar el compromiso previsto en la ley contra la corrupción”.

Hoy trascendió que la Cidh falló a favor del dirigente de Voluntad Popular, con lo que quedaría habilitado para optar por un cargo público. Sin embargo, Maduro advirtió ayer que serán las instituciones venezolanas las que tendrán la última palabra al respecto.

El fallo “apenas está saliendo publicado en estos momentos, preferimos estudiarlo y hacer un pronunciamiento en base al conocimiento real de lo que ha sido decidido por la Corte Interamericana” (CorteIDH), indicó Maduro en una rueda de prensa.

Sin embargo, pasadas las 6 de la tarde la televisora estatal leyó un comunicado de la Cancillería que pide a las instituciones venezolanas “ratificar el compromiso previsto en la ley contra la corrupción”.

“El gobierno bolivariano rechaza las pretensiones de quienes en Venezuela aspiran tener una licencia abierta para violar las leyes, cometer delitos y ser protegidos o perdonados por el solo hecho de pertenecer a la oposición contrarrevolucionaria. Es por esto que el gobierno del presidente Hugo Chávez, frente a esta posición política de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, exhorta a todas las instituciones venezolanas a ratificar el compromiso previsto en la ley contra la corrupción y actividades relacionadas con este delito y rechazar las maniobras nacionales e internacionales que pretenden victimizar a dirigentes políticos señalados por hechos irregulares en la administración pública con el propósito de presentarlos como perseguidos políticos”, reza un extracto del comunicado.

Temprano, Maduro había afirmado que en “Venezuela hay un orden jurídico muy firme establecido, instituciones: Tribunal Supremo, el Ejecutivo y la Controlaría General (…). Se evaluará, esto es una decisión más, será estudiada y en su momento las instituciones se pronunciarán”.

El Canciller fue tajante al pedir que quede claro que la lucha contra la “corrupción y los corruptos”, sigue.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación luego de presentar el rechazo de Venezuela a un informe de Estados Unidos sobre la lucha antidrogas en Venezuela, Maduro dijo que así como la Contraloría ha sancionado a más de un millar de venezolanos que han asumido su sanción administrativa, “es solo uno quien busca apoyo de estas características” en el extranjero, Leopoldo López.

A juicio del funcionario, “la lucha contra la corrupción hay que incrementarla”, esto en clara referencia a la causa de la inhabilitación del exalcalde de Chacao por presuntas irregularidades durante su gestión.

Pidió a los periodistas investigar y sacar a la luz cuando un país como Venezuela está luchando contra la corrupción en lugar de “callar” las irregularidades que López “cometió”.

“Ustedes (los periodistas) callan las irregularidades que este señor cometió cuando estaba en el uso de un cargo público. Deberían publicarlas. Ahí están las pruebas los testimonios, callan y protegen. Pareciera que sólo por el hecho de ser opositor en Venezuela ya tienen licencia para el crimen”, sentenció.

Caso López

La CorteIDH encontró culpable al Estado venezolano por violar el derecho a ser elegido del líder opositor Leopoldo López y ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitar su derecho a participar en procesos electorales.

“En el presente caso, si bien el señor López Mendoza ha podido ejercer otros derechos políticos, está plenamente probado que se le ha privado del sufragio pasivo, es decir, del derecho a ser elegido”, indicó la Corte en la sentencia publicada hoy en su página web, momentos después de notificarla a las partes

Poco antes, el propio López informaba a través de su cuenta en la red social Twitter del pronunciamiento de la CorteIDH.

“LO LOGRAMOS, se hizo Justicia. ESTOY HABILITADO. Un triunfo de todos los que hemos luchado por los derechos y la justicia. Gano Venezuela!”, escribió López.

La decisión de inhabilitar a López fue tomada por la Contraloría venezolana en agosto de 2008 por dos casos de presunto malversación de recursos: uno en 1996 en la petrolera estatal PDVSA y otro en la Alcaldía de Chacao en 2004.

López demandó al Estado venezolano porque fue inhabilitado por una decisión administrativa sin que ningún tribunal penal dictaminara su culpabilidad, como exige la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Comunicado de la Cancillería

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

COMUNICADO

El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer, a través de medios de comunicación, un pronunciamiento que había sido anunciado durante meses por voceros de la oposición política venezolana, y que recoge un conjunto de decisiones que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no duda en calificar de políticamente parcializado.

Este pronunciamiento, que presume la existencia de una jurisdicción extraterritorial al pretender imponerle a Venezuela decisiones que son de estricto orden interno, constitucional y legal, y solo dependen de los órganos del poder público nacional, será referida por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a los órganos del poder judicial, para que analicen su pertinencia constitucional, una vez que sea notificado oficialmente.

Como es sabido, la Contraloría General de la República, en aplicación de las leyes venezolanas en la lucha contra la corrupción, ha procedido durante varios años a aplicar sanciones de carácter administrativo a centenares de funcionarios públicos, por lo cual el Gobierno Bolivariano rechaza las pretensiones de quienes en Venezuela aspiran a tener una licencia abierta para violar las leyes, cometer delitos y ser protegidos o perdonados por el solo hecho de pertenecer a la oposición contrarevolucionaria.

Es por esto que el Gobierno del Presidente Hugo Chávez, frente a esta posición política de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exhorta a todas las instituciones venezolanas a ratificar el compromiso previsto en la ley para castigar la corrupción y actividades relacionadas con este delito, y rechazar las maniobras nacionales e internacionales que pretenden victimizar a dirigentes políticos señalados por hechos irregulares en la administración pública, con el propósito de presentarlos como perseguidos políticos.

Con este tipo de decisiones, como la adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se da un claro estímulo a los actos de corrupción, no sólo en Venezuela sino en cualquier país del mundo.

Igualmente, el gobierno venezolano procederá a seguir denunciando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un organismo que recurrentemente se extralimita en sus funciones y que, de manera regular ha tomado posiciones de parcialización política en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, el Gobierno Bolivariano quedará a la espera de las decisiones que de manera autónoma tenga a bien tomar el Tribunal Supremo de Justicia sobre este tema, en estricto cumplimiento de la constitución y las leyes de la República.

Caracas, 16 de septiembre de 2011

Con información de EFE

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