(Caracas, 22 de septiembre de 2011) El Ministerio Público (MP) interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sendos recursos de revisión de las decisiones tomadas respecto a la muerte del periodista Fabricio Ojeda y las desapariciones forzadas de los dirigentes sociales Víctor Soto Rojas, Noel Rodríguez, Nicolás Montes, Felipe Malaver y Alejandro Tejera.

Conviene aclarar que en el caso de Ojeda se declaró la averiguación terminada, mientras que respecto a los cinco desaparecidos señalados, tribunales de primera instancia penal y de alzada decidieron que tales acciones estaban prescritas.

Los fiscales 39° y 49° nacional y 83° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Juan Carlos Tabares, Espartaco Martínez y Alba Martínez, respectivamente, presentaron los escritos este jueves 22 de septiembre ante el TSJ, en los que solicitan que se admitan los presentes recursos de revisión constitucional y que una vez que verifiquen los hechos y los argumentos jurídicos que los sustentan, se declaren con lugar y se anulen las decisiones anteriores.

Tales acciones se enmarcan dentro de las investigaciones relacionadas con los homicidios, torturas y desapariciones forzadas, cometidos durante las décadas de los años 1960, 1970 y 1980, en virtud de la solicitud realizada por la Subcomisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.

Con relación al escrito presentado en el caso del ex diputado Fabricio Ojeda (encontrado muerto en una celda del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas el 2i de junio de 1966), el entonces Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de agosto de 1976 declaró terminada la investigación, decisión que fue confirmada por el extinto Tribunal Superior Primero en lo Penal de esa misma jurisdicción, pero sin establecer ningún tipo de motivación y produjo, en cambio, un efecto de cosa juzgada.

A criterio del MP, existen firmes elementos que hacen presumir que Fabricio Ojeda no se suicidó como lo afirman las referidas sentencias, las cuales no cumplen con las premisas de hacer una exposición o razonar los criterios que utilizó el juzgador de alzada para compartir el criterio del tribunal de primera instancia penal.

Dentro del cúmulo de irregularidades surgidas en este caso, a criterio de los fiscales del MP, se encuentran el que no permitieron que los familiares de Ojeda observaran el cadáver; no existe una sola fotografía en la sala de autopsias donde se pueda observar el cuerpo desprovisto de vestimenta; no se realizó un levantamiento planimétrico con medidas exactas que permita determinar la altura desde el nudo en que fue amarrada la cuerda utilizada con la que la víctima presuntamente se quitó la vida, “así como el tamaño del taburete que sorprendentemente no tocó ni tumbó al suelo y que se encontraba muy cerca del cadáver”.

Los fiscales consideran que en este caso existen demasiados elementos que hacen presumir que no hubo suicidio y, al contrario, se produjo fue una violación grave a los derechos humanos, específicamente un homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles perpetrado por funcionarios del Estado venezolano que tenían la obligación de garantizar la integridad física de quien estaba bajo su custodia, por lo que no existe ninguna duda que se está en presencia de un delito de lesa humanidad.

Además, es criterio constitucional que en delitos de violaciones graves a los derechos humanos, es decir, de lesa humanidad, por lo que funciona la imprescriptibilidad, tal cual lo establece la Carta Magna.

Los desaparecidos

Con relación al recurso de revisión solicitado por las desapariciones forzadas de Víctor Soto Rojas, Noel Rodríguez, Nicolás Montes, Felipe Malaver y Alejandro Tejera, sus familiares fueron recibidos, al igual que otros, en una reunión convocada por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el 5 de abril del presente año.

En cuanto a estos cinco luchadores sociales, ante la denuncia realizada por el Comité de Familiares de Desparecidos Políticos Venezolanos, se inició la correspondiente averiguación sumaria el 10 de marzo de 1997.

El 30 de noviembre de 1998, el suprimido Tribunal 40° de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público del AMC declaró terminada la averiguación sumaria puesto que la fecha indicada como última desaparición, es decir el 31 de marzo de 1980 (cuando desaparece Nicolás Beltrán), hasta el momento en que se tomó la decisión, “la acción penal para perseguir los hechos estaba evidentemente prescrita”.

El 28 de diciembre de 1998, el Juzgado Superior 22 del AMC confirmó la decisión de declarar como terminada la averiguación sumaria, prevista en el extinto Código de Enjuiciamiento Criminal.

En opinión del MP, tales decisiones representan errores grotescos, pues la desaparición forzada ejecutada por funcionarios del Estado es un delito permanente de lesa humanidad, tal cual lo determinó la sentencia del 25 de abril de 2000 en el caso de Marcos Antonio Monasterios Pérez.

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