Foto: Archivo. Ronald Romero / Noticias24

Caracas, 03 Oct. AVN .- La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, indicó que una de las prioridades de este despacho es generar políticas que permitan a la población privada de libertad contar con un trabajo digno, que les impida recurrir en delitos una vez culminado su período de reclusión.

“Si no le garantizamos un trabajo, ¿qué hará esa persona una vez que salga de la cárcel? Puede reincidir”, consideró la ministra, entrevistada este lunes por YVKE Mundial.

“Yo estoy montada en el plan de garantizarles el trabajo”, señaló Varela, tras informar que ha solicitado la elaboración de talleres de servicios generales para vehículos, que serán impartidos a los penados: “¿Quiénes tienen que ser los clientes de esos talleres? Toda la administración pública. Eso les da trabajo y nos hace autosustentables”.

Señaló que esas labores serán debidamente remuneradas porque el propósito no es esclavizar, e indicó que la mayoría de la población penal quiere incorporarse al programa.

“Tenemos que mantener a esas personas ocupadas y eso creo que es lo mejor que podemos hacer”, puntualizó Varela.

En ese sentido, informó que los privados de libertad -una vez que hayan cumplido su pena- pueden hacer uso de un recurso para solicitar la destrucción del registro de esos datos.

“Una persona que ya cumplió su condena tiene derecho a que se le destruyan los antecedentes. Eso lo vamos a implementar”

“Una persona que ya cumplió su condena tiene derecho a que se le destruyan los antecedentes. Eso lo vamos a implementar”, dijo Varela, quien explicó que esa información será manejada confidencialmente por el Estado “y no para que todo el mundo la utilice y la persona esté estigmatizada”.

Combate a los retardos procesales y mafias

Varela también se refirió al combate a las mafias penitenciarias y a los retardos procesales, con un plan integral que se articula con el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

Entre las acciones principales que se han adelantado en esa materia destacan el despliegue de las juntas evaluadoras que desde el pasado sábado y hasta el próximo 15 de octubre visitarán todos los centros penitenciarios del país para revisar la situación jurídica de los privados de libertad.

“Cada equipo de cinco personas debe evaluar a 400 o 500 penados y cada día que hagan su evaluación deben estar enviando al despacho los resultados”, dijo la ministra, quien indicó que ese registro permitirá tener una perspectiva real de la situación que se vive en los centros de reclusión.

Destacó que otra de las medidas que ayudará a combatir las mafias internas será la prohibición, mediante una norma, del contacto directo entre los funcionarios civiles y militares con la población penal. Adelantó que en el caso de los traslados, se procurará realizarlo con custodios itinerantes.

“Cuando uno consigue cosas como armas o drogas ¿Quién las mete? Uno sabe que son los funcionarios, eso lo hemos hablado”, explicó Varela, tras recalcar que el objetivo de las nuevas prohibiciones será tener mecanismos para establecer responsabilidades cuando haya alguna irregularidad.

“Una vez que se tenga el control, arma o droga que aparezca dentro de un recinto, todo el mundo allí tiene responsabilidad. Si se ponen normas claras y prohibiciones, y aún así algo aparece, entonces los responsables son ellos”, aseveró Varela.

La ministra también hizo un llamado a los familiares de los penados a colaborar con la cartera que dirige para avanzar hacia el mejoramiento de las condiciones de los privados de libertad y solucionar problemas como la inconsistencia en los registros de datos de la población penal.

Por otra parte la ministra de Servicio Penitenciario destacó el censo judicial que dio inicio el pasado 1 de octubre, y además un programa de componente político para implementarlo en los todos los establecimientos penitenciarios del país.

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