Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

(Caracas, 17 de octubre. Noticias24/Agencias) El Tribunal Supremo de Justicia ha declarado inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Leopoldo López. Esta medida pondría en jaque la aspiración presidencial de López, puesto que puede postularse como candidato en las elecciones que desee, pero no puede ejercer ningún cargo público.

Así, Leopoldo López, inhabilitado desde 2005, podría presentarse a las presidenciales de 2012, pero en caso de victoria su investidura sería incierta, planteando una difícil situación a la oposición.

López “no tiene impedimento para inscribirse (…) como candidato a cualquier cargo de elección popular, incluido el de presidente de la República”

López “no tiene impedimento para inscribirse (…) como candidato a cualquier cargo de elección popular, incluido el de presidente de la República”, dijo la presidenta del Tribunal Supremo, Luisa Estella Morales, en respuesta a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del opositor.

Pero en caso de que se impusiera en los comicios frente al presidente Hugo Chávez, quien prevé aspirar a un tercer mandato, no “podemos pronunciarnos” sobre si podría ser investido, debido a que está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2014, prosiguió la presidenta.

López, ex alcalde de un rico municipio de Caracas, fue inhabilitado en 2005 por la Contraloría General para postular a cargos de elección popular tras ser acusado de corrupción por este organismo fiscalizador de las finanzas públicas.

El líder opositor de 40 años siempre ha negado los cargos y alega que nunca fue sometido a juicio por los tribunales. Recurrió la decisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 1 de septiembre ordenó al Estado que levantara su inhabilitación y le permitiera presentarse a las elecciones.

Todos los detalles de la sentencia del TSJ

Video: VTV 17 / 10 / 2011

El TSJ en ponencia del magistrado Arcadio Delgado, declaró inejecutable el fallo de la Cidh, del 1 de septiembre de 2011, que entre otras cosas, condenó al Estado Venezolano a asegurar “que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación del señor López Mendoza.

Este lunes 17 de octubre de 2011, se publicó la sentencia que resolvió la acción innominada de control de constitucionalidad planteada por la Procuraduría General de la República, contra el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 1 de septiembre de 2011 (caso: Leopoldo López Mendoza).

Al respecto la Sala Constitucional fundamentó su fallo en las razones que se resumen a continuación:

1. La Convención Americana sobre Derechos Humanos no es una normativa de rango supraconstitucional. De conformidad con el artículo 23 de la Carta Fundamental, las normas contenidas en dicho tratado son de rango constitucional y solo prevalecen en el orden interno “en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables” a las establecidas en la Constitución. Obviamente, para que se pretenda su aplicación preferente debe existir una antinomia al interior del sistema constitucional que deberá ser resuelta por la Sala Constitucional (Sentencia SSC N° 1942/2003).

La Sala Constitucional declara INEJECUTABLE el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 1 de septiembre de 2001, sobre el caso López Mendoza

En primer término, cualquier solución a la antinomia debe afincarse en el principio “interpretatio favor Constitutione”, es decir, que “los estándares para dirimir el conflicto deben ser compatibles con el proyecto político de la Constitución (Estado democrático y social de derecho y de justicia) y no deben afectar la vigencia de dicho proyecto con elecciones interpretativas ideológicas que privilegien los derechos individuales a ultranza o que acojan la primacía del orden jurídico internacional sobre el derecho nacional en detrimento de la soberanía del Estado” (Sentencia de la Sala Constitucional –SSC- N° 1309/2001).

Por otra parte, la sentencia SSC N° 1265/2008 estableció que, en caso de evidenciarse contradicción entre la Constitución y una convención o tratado internacional, “deben prevalecer las normas constitucionales que privilegien el interés general y el bien común, debiendo aplicarse las disposiciones que privilegien los intereses colectivos… sobre los intereses particulares…”.

2. La Sala coincide parcialmente con el voto concurrente razonado del Magistrado Diego García-Sayán, quien rechaza la interpretación literal del artículo 23.2 de la Convención Americana por la CIDH, pues “podría ser interpretada en un sentido debilitante de capacidades institucionales de los Estados en el enfrentamiento al flagelo de la corrupción”. En el mismo sentido, dicho voto razonado exige un análisis sistemático que tome en cuenta, para la resolución del caso el examen “de la Convención Americana en relación con otros instrumentos internacionales, universales y regionales, que regulan las restricciones a derechos políticos. Adicionalmente, hace indispensable tomar en cuenta el alcance y repercusión de instrumentos internacionales adoptados en el marco de la lucha contra la corrupción, todos ellos posteriores a la Convención Americana que data de 1969”.

3. En el mismo sentido indicado supra se advierte en el fallo de la Sala Constitucional que, al aplicar el “control de convencionalidad” (que este Alto Tribunal considera una modalidad del control de constitucionalidad que implica la confrontación entre el ordenamiento constitucional interno y las convenciones internacionales sobre derechos humanos para la solución de cualquier controversia), se puede verificar que Venezuela ha suscrito con posterioridad a la Convención Americana dos importantes tratados contra la corrupción (la “Convención Interamericana contra la Corrupción” -1996- y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” -2003-) que no solo prevén sino que obligan a los Estados partes a tomar medidas modernas y eficaces, no solo judiciales sino también de naturaleza administrativa y/o disciplinaria, para sancionar la corrupción que incluyen la inhabilitación “por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un periodo determinado por su derecho interno a los sujetos de corrupción” (Vid. art. 30.7 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción).

La inhabilitación del ciudadano Leopoldo López Mendoza es administrativa y no política por lo cual goza de los derechos políticos

4. En consecuencia, tomando en consideración los razonamientos precedentes y las obligaciones que se derivan no solo del texto fundamental sino de las convenciones contra la corrupción suscritas y ratificadas por la República Bolivariana de Venezuela; la Sala Constitucional declara INEJECUTABLE el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 1 de septiembre de 2001, sobre el caso López Mendoza.

Igualmente, la Sala insiste tanto en la parte motiva como en la dispositiva de la sentencia que la inhabilitación del ciudadano Leopoldo López Mendoza es administrativa y no política por lo cual goza de los derechos políticos que consagra la Carta Fundamental.

Para leer la sentencia completa tal como la ha publicado el TSJ en su portal web, pulse aquí

Captura página del TSJ

Críticas a la sentencia del Supremo

La magistrada del TSJ Blanca Rosa Mármol indicó que la decisión del TSJ sobre el caso de Leopoldo López fue “desconcertante” porque si la inhabilitación fuera administrativa y no política, entonces en ningún caso debería incidir sobre su posibilidad de ser candidato presidencial.

Video: Globovisión 17 de octubre de 2011

“Con el debido respeto a los compañeros magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del cual yo también formo parte, tengo mi opinión formada al respecto que la he manifestado con anterioridad cuando ha sido requerida, y es que realmente esas inhabilitaciones que se vinieron haciendo por la Contraloría General sin procedimiento ninguno no pueden tener ninguna validez”, indicó la magistrada.

Agregó Mármol que cuando Venezuela se hace parte de un tratado internacional queda obligada a cumplir las decisiones que se emanen de ese tribunal. “No tiene ningún sentido después de comparecer a un juicio, hacer los alegatos allí que es donde corresponde, y cuando la decisión consideremos que nos desfavorezca entonces someterlo a otra instancia, en este caso al TSJ y su Sala Constitucional, para decir que no se puede ejecutar”.

Advirtió, sin embargo, que en la práctica podría presentarse una “situación complicada” ya que entonces “se está sosteniendo por vía de una sentencia de la Sala Constitucional que prevalece una inhabilitación administrativa”.

Situación incierta para López si gana las elecciones

Mientras el castigo de ejercer cargos públicos hasta 2014 seguirá vigente, “todos los derechos políticos” de López, “incluido el de ser elegido” están garantizados, precisó esta tarde Luisa Estella Morales, presidenta del TSJ.

La presidenta del Tribunal no aclaró en cambio si la justicia le permitiría asumir como presidente de la República en caso de una eventual victoria en las presidenciales de 2012.

“No podemos pronunciarnos sobre situaciones futuras. Si eso ocurriese, tendríamos que pronunciarnos”, dijo.

Ante esta situación de incertidumbre, el partido que lidera López, Voluntad Popular, indicó por su parte que se pronunciará públicamente el martes acerca de la decisión del Tribunal Supremo.

La “bomba”

Con este fallo, la corte “está tirando una bomba. Lo que hace es decirle a López que puede presentarse sin problemas pero le recuerda que teóricamente está inhabilitado para ejercer el cargo” de presidente, afirmó a la AFP Luis Vicente León, presidente de la firma de estudios Datanálisis.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la que se reunieron los partidos de la oposición en un frente único ante Chávez, estimó por su parte que el fallo es “otra vergonzosa muestra de dependencia política de los poderes públicos”.

La MUD organizará elecciones primarias el 12 de febrero para elegir a un candidato único en las presidenciales entre casi una decena de aspirantes.

Dependiendo de los sondeos, López aparece segundo o tercero en intención de voto, por detrás del favorito hasta el momento, el gobernador del Estado Miranda (norte), Henrique Capriles.

La resolución de la Cidh fue tajante al ordenar en septiembre al Consejo Nacional Electoral (CNE) levantar la prohibición que pesa sobre el político, pero el Gobierno socialista de Hugo Chávez había anticipado que no acataría la decisión hasta que el TSJ se pronunciara al respecto.

“Cuando cumpla su sanción, como cualquier otro funcionario público (…) podrá optar a otros cargos públicos. En el 2014 concluyen las sanciones que le fueron impuestas”, dijo la contralora encargada, Adelina González.

El Gobierno, que acusó a la Cidh de extralimitarse en sus funciones, considera que la resolución de la corte está “políticamente parcializada”.

“Los fallos de la Corte Interamericana son ejecutables sin necesidad de pronunciamiento del TSJ. El CNE tiene que acatarlo”, dijo a través de su cuenta en la red social Twitter la diputada opositora María Corina Machado, quien también participará en las primarias de febrero.

López no es el único político inhabilitado por la Contraloría General para ejercer cargos públicos y la oposición acusa constantemente al Gobierno de utilizar esta vía para dejar fuera a posibles contrincantes del líder socialista.

Con información de Agencias y el TSJ

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