Video: VTV (17/10/2011)

La inhabilitación política es el resultado de una sentencia, mientras que una inhabilitación administrativa se aplica a través de un organismo administrativo, en este caso la Contraloría de la República”, así lo expresó el Procurador General de la República, Carlos Escarrá.

A través de un contacto con el programa “Dando y Dando” transmitido por VTV, destacó que a López se le abrió un proceso por “el robo de fondos públicos”, por lo que no puede ejercer de manera administrativa ningún cargo público. “No podemos poner a ejercer un cargo a alguien que ha robado fondos públicos, en definitiva, no podemos dejar a zamuro cuidando carne”.

En ese sentido, Escarrá enfatiza que se están respetando los derechos políticos de López, pues está “realizando una campaña presidencial anticipada, también fundó y realizó elecciones primarias de un partido político”.

Sin embargo, el Procurador afirmó que se están aceptando los tratados internacionales pero que no se puede aceptar una decisión que “contravenga con lo establecido en la Constitución”.

Para el Procurador General de la República en el país se aceptan las sentencias internacionales siempre y cuando no contravengan con el marco jurídico de la Constitución

“Acá no se trata de desconocer las decisiones internacionales, sino que se debe analizar la legislatura venezolana para aceptar o no una sentencia de la Corte Interamericana”, afirmó.

En relación al tema jurídico, el Procurador señala que a López se le aplicaron dos inhabilitaciones administrativas basadas en la Ley contra la Corrupción y la Ley de Contraloría.

Por esa razón es que Escarrá aclara que “no existe un problema político contra Leopoldo López, él puede lanzarse a cualquier cargo. A López se le aplica la inhabilitación porque incurrió en actos de corrupción”.

El primer cargo contra López data de finales de 1998, cuando era funcionario de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y se desempeñaba como analista de entorno nacional. En ese entonces recibió una donación de 60 millones de bolívares de la estatal a favor del partido político Primero Justicia, de cuya directiva él formaba parte.

El dinero le fue otorgado por su madre, Antonieta Mendoza de López, que ejercía el cargo de gerente de Asuntos Públicos de la empresa petrolera.

La segunda falta de López como funcionario se produjo durante el ejercicio fiscal del año 2002, cuando era alcalde del municipio Chacao, estado Miranda.

En esa ocasión declaró irregularmente un desvío parcial de fondos, de más de 2 mil 743 millones de bolívares, de los créditos presupuestarios asignados a la partida denominada “Transferencias de capital a Entidades Federales”.

En noviembre de 2008, la Contraloría General de la República determinó la responsabilidad administrativa de Leopoldo López en los dos hechos, por lo que recibió una sanción administrativa de seis años (tres por cada caso).

¿En qué consiste la inhabilitación política y la administrativa?

De acuerdo al Procurador de la República, la inhabilitación política es el resultado de un juicio político donde se dicte esa sentencia, mientras que la inhabilitación administrativa es el resultante de un procedimiento administrativo.

En ese sentido Escarrá destaca que Leopoldo López está inhabilitado administrativamente, es decir, que no puede administrar fondos públicos. “Él podría ser electo diputado porque no administra recursos; podría ser electo en un Consejo Comunal o en una Junta de Condominio… en fin, puede ser electo en cualquier cargo donde no deba manejar fondos públicos”.

Por esa razón Escarrá considera que no debe ser considerada una burla dejar que López se postule a las presidenciales y luego no pueda ejercer en caso de triunfar, “eticamente él debería descartar su postulación, eticamente su partido político no debería postularlo”.

Señala que después de estudiar las sentencias pasadas en relación a los casos de corrupción, deberían descartar cualquier postulación.

Con información de AVN

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