Video: VTV 18 / 10 / 2011

Adelina González, Contralora General de la República se refirió a la decisión tomada por el TSj de declarar inejecutable el fallo de la Cidh sobre la inhabilitación del exalcalde de Chacao, Leopoldo López.

“Sobre este caso y todos en los que la Contraloría ha actuado, siempre hemos estado ajustados al Estado de Derecho y cumpliendo los procedimientos, nosotros no inventamos nada en el caso de Leopoldo López. La decisión del TSJ nos parece lógica”, aseguró la Contralora durante una entrevista realizada en programa “Toda Venezuela” que transmite VTV.

“No hay ningún limbo jurídico, el TSJ ha sido claro en su decisión, el señor López no está inhabilitado en sus derechos políticos”

Recalcó también que “no es verdad que Venezuela este al margen de las disposiciones internacionales, eso es falso y lo saben todos los que trabajan la materia”.

“En el momento en que se suscribió Venezuela a esa convención era una época en que todos los derechos habían sido violentados para muchos ciudadanos, hoy en día esto no sucede. El derecho humano a elegir y ser electo tiene un marco legal en el país que pide ciertos requisitos y las personas no cumplen con esos requisitos, no se está vulnerando ningún derecho al no permitirsele postularse”, explicó.

Enfatizó que en este caso no hay “ningún limbo jurídico, el TSJ ha sido claro en su decisión, el señor López no está inhabilitado en sus derechos políticos lo que tiene es una limitación temporal para desempeñar cargos públicos y eso está sustentado en el Artículo 105 de la Contraloría (…) no hay ninguna contradicción porque el artículo 105 está vigente, no puede desempeñar cargos públicos ni por elección, nombramiento, contrato o designación y esas son las modalidades por las que se puede ingresar a un cargo de este tipo”.

“Nadie nos da instrucciones políticas, nuestras decisiones son autónomas y respetamos el Estado de Derecho que rige en Venzuela”

“Realmente estas son las únicas limitaciones que tiene López, el cargo de Alcalde, Gobernador, Concejal o Presidente, es público por tanto no puede desempeñar ninguno de estos y no por eso se le violan sus Derechos Humanos. Él ha ejercido sus derechos políticos, ha sido elegido internamente en su partido, se puede postular si lo desea pero reitero que no podrá desempeñar los cargos y esto es un gran matiz”, puntualizó.

Afirmó que “si López decide lanzarse independiente de la MUD y resulta electo, esto constituiría un fraude a la Ley ya que si gana y no puede desempeñar el cargo, es algo ilógico”.

Del mismo modo, calificó a este caso de ser “un elemento comunicacional, con una campaña perversa, que promovió los antivalores, descalificó la actuación de un órgano de control y solapó el pronunciamiento real de lo que es la corrupción, no hay corrupción buena ni corrupción mala, hay una sola y es mala”.

“Esa inhabilitación procede del año 2001, qué íbamos a saber nosotros que él iba a querer postularse a la presidencia, nosotros no le decimos a los auditores que revisen a un tal o cual personaje, simplemente ellos salen a hacer su trabajo y lamentablemente encontraron irregularidades en este caso”, garantizó González.

“Lo que se sancionó no fue tanto el hecho que Pdvsa diera o no donaciones porque eso está estipulado en la Ley, eso se puede hacer, lo que se sanciona es que López era funcionario de esta empresa y en el estatuto de Pdvsa esta prohibído recibir donaciones por sí mismo o por personas interpuestas de esta empresa siendo funcionario”, explicó.

“Él con otros amigos constituyeron una ONG, en ese momento no era un partido, pero recibieron una donación y él tenía una limitación para recibir ese dinero y aún así lo hizo. Más adelante, se descubrió que hubo irregularidades en el manejo de fondos de la Alcaldía de Chacao, este ciudadano se hizo con fondos que pertenecían al Estado, constituyendo esto un caso de corrupción y por tanto está inhabilitado para manejar dinero público”, puntualizó.

“Nosotros continuaremos haciendo nuestro trabajo, con la misma honestidad y transparencia de siempre, somos servidores públicos, tenemos unas disposiciones a las cuales nos acogemos, respetamos la Ley al pie de la letra y nadie nos da instrucciones políticas, nuestras decisiones son autónomas y respetamos el Estado de Derecho que rige en Venezuela”, concluyó la Contralora.

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