Caracas, 18 oct (EFE).- La defensa del editor del semanario 6to Poder, de Leocenis García, preso tras la publicación de un polémico fotomontaje, reiteró hoy su acusación de persecución al Gobierno del presidente Hugo Chávez, por la decisión de prohibir a ese medio hacer cualquier trámite en los registros públicos.

El Gobierno se quitó la careta una vez más“, indicó hoy a Efe el abogado de García, Pedro Aranguren, al señalar que el Ministerio del Interior ordenó la prohibición de legalizar actos administrativos y comerciales del periódico, de línea editorial antigubernamental.

El facultativo tildó de “írrito, por no existir en ninguna ley”, la orden que dijo consta en la comunicación ministerial de que “cualquier trámite legal”, incluida la venta de acciones de 6to Poder, debe contar previamente con una autorización gubernamental.

“Esto no es legal, no está contemplado en ninguna parte. En Venezuela existe libertad de negociación y cualquier ciudadano pude vender sus acciones. Se está violando el estatuto de libertad económica”, insistió Aranguren.

También anunció que ha denunciado hoy a la jueza de primera instancia que lleva el caso Denisse Bocanegra “por abuso de poder”.

“No tramitó el recurso de apelación” que, señaló, le presentó a la jueza luego de que García fue detenido “por un delito de opinión”, remarcó.

El abogado defensor confirmó que la Fiscalía formalizó ayer las acusaciones de instigación al odio y vilipendio contra García, quien afronta por ello una pena máxima de seis años de cárcel.

A los acusados de delitos más graves, entre ellos de corrupción, castigado con sentencias de entre 6 y 10 años, “les da libertad, pero por persecución mantiene a García preso”, insistió.

Al legalizar la detención de García, sostuvo el abogado, la jueza Bocanegra argumentó que había “que proteger al Estado de la libertad de expresión”.

García se entregó el 1 de septiembre tras permanecer prófugo desde el 21 de agosto, un día después de que 6to Poder circulara con un montaje fotográfico en su portada con los rostros de las titulares de los poderes del Estado en cuerpos de cabareteras y bajo las órdenes de “Mister Chávez”.

En el montaje aparecen los rostros de las titulares del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Morales; Contraloría, Adelina González; Fiscalía, Luisa Ortega; Defensoría del Pueblo, Gabriela Ramírez; Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y el de la exministra y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout.

La directora del semanario, Dinora Girón, fue detenida el mismo día que circuló la edición, pero luego fue beneficiada con una orden de libertad condicionada, aunque afronta las mismas acusaciones de instigación al odio y vilipendio que pesan contra García.

Un día antes de la entrega de García, la jueza Bocanegra anuló su orden inicial de prohibición de que el semanario se editara y difundiera su contenido “por cualquier medio”, disposición que le valió la condena del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras instancias.

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