El diputado oficialista venezolano Mario Isea planteó hoy la posibilidad de que el entorno familiar y político del dirigente opositor Manuel Rosales sea investigado por la Fiscalía como encubridor y cómplice de su fuga a Perú.

Isea dijo al canal estatal Venezolana de Televisión que ese entorno asumió en declaraciones a medios audiovisuales que participó en su “resguardo” y en la decisión de no atender la citación de la justicia.

El diputado oficialista reseñó que esas personas se implicaron en el caso con expresiones como “hemos decidido que Rosales no se presente ante el tribunal” o “estamos tramitando su asilo en Perú”.

Rosales debía presentarse el 20 de abril a una audiencia preliminar ante la jueza de la causa por corrupción abierta contra él, pero no lo hizo.

Ayer se supo que se encuentra en Lima, donde ha solicitado asilo territorial.

El ministro venezolano del Interior, Tarek El Asissami, dijo que si tampoco se presenta a la segunda citación, pautada para el 11 de mayo, “sería un prófugo de la justicia y en consecuencia se activarán los mecanismos legales para su captura internacional“.

La citación judicial a la que Rosales no se presentó se refiere a una acusación de la Fiscalía según la cual el alcalde de Maracaibo obtuvo 147.389,97 bolívares (68.500 dólares) de manera ilícita durante su gestión como gobernador del estado Zulia entre 2002 y 2004.

“Rosales sabe que no puede rebatir las pruebas, por eso huye”, dijo hoy Isea, quien añadió que el alcalde de Maracaibo eligió Perú y no Estados Unidos para refugiarse porque ” en EE.UU lo tendría más complicado ya que debería explicar el origen de sus propiedades”.

El actual proceso es independiente de otras 26 denuncias en su contra que procesa la Fiscalía relacionadas con la posesión de bienes millonarios tanto en Venezuela como en el extranjero.

Los datos sobre esos bienes de los que se acusa a Rosales de no poder justificar los fondos con los que los adquirió fueron recabados en un trabajo realizado por la Asamblea Nacional y divulgados por algunos diputados oficialistas, entre ellos Isea, quien condujo la investigación.

En esas denuncias se le señala a Rosales como dueño particular o por medio de testaferros de 14 haciendas al sur del Lago de Maracaibo y más de media docena de viviendas, algunas de lujo, en Venezuela.

Además, Isea consignó en la Fiscalía documentos del Sistema de Acceso Público de la Secretaría de Estado de Florida (EEUU), con los datos de registro, actas constitutivas y estatutos de 14 compañías y 7 viviendas que, dijo, pertenecen a Rosales, familiares y allegados.

Igualmente se incluyen entre las denuncias, según diputados oficialistas, la posesión por parte del “grupo Rosales” de un centro comercial y de al menos una vivienda en la ciudad española de Salamanca.

Rosales y portavoces de la oposición rechazan estos señalamientos y aseguran que todo se trata de un montaje para justificar la “persecución política” del alcalde marabino.

Del mismo modo, las declaraciones de sus familiares, entre ellos su esposa Evelyn Trejo, y de Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), del que es líder Rosales, están dirigidas a que se asuma el caso como algo “político”.

Por la parte oficialista no solo se rechaza ese enfoque sino que los medios de comunicación estatales repiten con insistencia imágenes del golpe de Estado de abril de 2002 en las que Rosales saluda al autoproclamado presidente, Pedro Carmona, y respalda con su firma el decreto que abolió las instituciones democráticas del país.

“Rosales sabe que no puede rebatir las pruebas, por eso huye”, dijo hoy Isea, quien añadió que el alcalde de Maracaibo eligió Perú y no Estados Unidos para refugiarse porque “en EE.UU lo tendría más complicado ya que debería explicar el origen de sus propiedades”.

EFE

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