Interpol emitió una orden de captura en contra del dirigente opositor Manuel Rosales, acusado de corrupución y actualmente tramitando una solicitud de asilo en Perú, informó este jueves el director de la policía científica de Venezuela, Wilmer Flores.

VTV (23 de abril de 2009)

El funcionario policial señaló que tras incluir la orden de captura en el sistema de Interpol, las autoridades venezolanas trabajan ahora en que se le dé a la detención de Rosales una “difusión roja”, la máxima alerta de los cuerpos de seguridad en el mundo.

La justicia venezolana emitió el miércoles una orden de captura en contra de Rosales, quien debía presentarse el pasado 20 de abril ante un tribunal de Caracas que iba a decidir si aguardaba en libertad o en prisión preventiva su juicio por presunto enriquecimiento ilícito, delito que implica una pena de entre tres y diez años de cárcel.

Rosales, ex candidato presidencial en 2006 y actual alcalde de Maracaibo (500 km al oeste de Caracas), se encuentra en Lima donde espera una respuesta del gobierno peruano a una solicitud de asilo político realizada esta misma semana.

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Interpol ya estudia caso de captura internacional de Manuel Rosales

La agencia internacional de policía Interpol remitió hoy a su Oficina Central Nacional de Caracas para cualquier cuestión referida con la orden de detención contra el dirigente opositor Manuel Rosales, refugiado en Perú, decretada por la justicia venezolana.

Fuentes de Interpol señalaron a Efe que “cualquier demanda de publicación de una alerta roja por la secretaría general pasa forzosamente por la Oficina Central Nacional del país miembro”, en este caso de Venezuela, integrada por oficiales de la policía venezolana y sometidos a su propio reglamento.

Las fuentes añadieron que “cualquier demanda de publicación de una alerta roja por la secretaría general (de Interpol) debe ser conforme a la constitución de la organización, así como a sus reglamentos y estatutos”.

La agencia internacional de policía señaló que no hace comentarios de casos o de personas precisas, a menos que se den “circunstancias particulares y con el acuerdo del país miembro considerado”.

Justificó también ese silencio porque las informaciones relativas a una investigación o a personas fugadas “son propiedad del país que las comunica”.

Un tribunal de Caracas notificó ayer a la policía venezolana, a Interpol y a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería una “privativa de libertad” contra Rosales por considerar que el alcalde de Maracaibo y dirigente opositor ha demostrado que no tiene “voluntad de someterse al proceso seguido en su contra”.

La Fiscalía venezolana ha acusado a Rosales -quien ha pedido asilo en Perú, adonde se ha trasladado- por enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del Estado de Zulia entre 2002 y 2004.

Tanto Rosales como el presidente de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Omar Barboza, han denunciado que esas acusaciones son un montaje para justificar la “persecución política” contra el alcalde de Maracaibo.

EFE

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