El presidente Evo Morales anunció el martes que estudia una demanda contra Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que el gobierno del presidente Alan García revoque el asilo y refugio concedido a tres ex ministros bolivianos acusados en un juicio por genocidio.
“Por hacer respetar el derecho y la dignidad de los bolivianos estamos estudiando una demanda al estado peruano para que levante ese asilo a los delincuentes ex ministros” que fugaron a Perú, dijo el mandatario en un acto público.
“Ojalá el gobierno peruano pueda levantar lo más antes posible ese asilo, de esta manera no tener problemas de demandas internacionales“, precisó. “Vamos a apelar a la Corte Internacional de Justicia”, reiteró.
El ex ministro Jorge Torres logró asilo y refugio político en Perú mientras que los ex ministros Mirtha Quevedo y Javier Torres obtuvieron refugio, días antes del juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) acusado de genocidio por 63 muertes ocurridas durante protestas sociales en 2003.
El proceso judicial se inició el lunes y a la primera audiencia sólo concurrieron ocho de los 17 demandados –tres ministros y cinco jefes militares de entonces. Sánchez de Lozada y otras ocho personas no se presentaron.
Los ausentes fueron declarados en rebeldía pero el proceso en contra de ellos quedó en suspenso, dijo la Corte Suprema.
Poco antes de que hablara Morales, el canciller David Choquehuanca dijo en rueda de prensa que hará llegar al gobierno peruano una “nota verbal” de “preocupación” porque los acogidos por Perú realizan “actividad política”, violando así convenios internacionales en referencia a declaraciones que ofrecieron los ex ministros a medios de prensa peruanos.
La Corte Suprema de Bolivia dijo el martes que el juicio continuará sólo para ocho procesados que se presentaron en la audiencia de apertura.
Los ausentes “fueron declarados rebeldes a la ley” y el juicio en contra de todos ellos “queda en suspenso” incluyendo al ex presidente Sánchez de Lozada, dijo a la AP el portavoz del tribunal Orlando Encinas. “Hay un mandamiento de apremio en contra de ellos”, agregó.
El ex mandatario ya fue declarado rebelde antes, al igual que otros dos colaboradores suyos que viven en Estados Unidos. De los tres el gobierno gestiona la extradición. De otros seis ex funcionarios demandados se desconoce su paradero.
Según la ley, “los delitos de genocidio son imprescriptibles”, pero también establece que los acusados no podrán ser juzgados sin haber sido escuchados.
Sánchez de Lozada ordenó a los militares a desbaratar una prolongada protesta en contra de sus políticas, lo que derivó en la muerte de más de 60 personas y dejó heridas a otras 400 lo que provocó su renuncia en octubre de 2003.
Desde Washington, su abogada Ana Reyes dijo a la AP que “las acusaciones no tienen mérito y están motivadas en política” ya que Sánchez de Lozada “actuó legalmente al responder a manifestantes”. Agregó que la actuación de las militares “fue legal y responsable”.
Señaló que el ex mandatario vive legalmente en Estados Unidos y no enviará a abogados a Bolivia. Encinas aclaró que tampoco se la asignará defensores de oficio.
La petición de extradición en contra del ex mandatario “es una persecución política” del gobierno a los opositores, según Reyes.
Choquehuanca señaló que si la Corte Suprema emite una “orden de captura internacional” en contra de los acusados ausentes el gobierno la respaldará.
Sánchez de Lozada, un exitoso líder reformista liberal en los años 80 y 90, es el primer presidente del ciclo democrático en ser llevado a juicio. Sus colaboradores que buscaron refugio en Perú dijeron que no asumirán defensa porque no hay garantías para un debido proceso.
Copyright 2009 The Associated Press.