A solicitud del Ministerio Público, fueron dictadas sendas órdenes de aprehensión contra dos hombres que, de acuerdo con la investigación, tienen relación directa con el caso Yumare, donde perdieron la vida nueve ciudadanos el 08 de mayo de 1986 en el caserío La Vaca, sector Barlovento del estado Yaracuy.

Los fiscales 48° y 65° nacional y 14° del estado Yaracuy, Zair Mundaray Rodríguez, María Teresa Cortes y Miguel Ángel Gómez, respectivamente, habían realizado dicha solicitud este lunes 1° de junio ante el Tribunal 6° en funciones de Control de esa jurisdicción, conjuntamente con la presentación de la acusación contra el comisario jubilado de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Henry Rafael López Sisco.

En este sentido, el Tribunal 6° de control, una vez evaluados los argumentos expuestos por el Ministerio Público en su solicitud, dictó las órdenes de aprehensión y ordenó oficiar a los organismos de seguridad para que cumplan con dicha mandato donde se especifican las identidades de los dos hombres.

Vale destacar que López Sisco fue acusado por los delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas.

Asimismo, el Ministerio Público está a la espera de que el Tribunal 6° en funciones de Control que inicie el trámite del proceso de extradición ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra López Sisco, quien también fue Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Zulia.

La investigación por el deceso de Luis Guzmán, José Silva, Ronald Morao Salgado, Dilia Rojas, Simón Romero Madrid, Pedro Jiménez García, Rafael Quevedo, Nelson Martín Castellanos y Alfredo Caicedo, se reinició por una querella presentada ante el Tribunal 6° de Control de Yaracuy, la cual fue admitida el 13 de junio de 2006. Posteriormente, la causa fue enviada al Ministerio Público para dar inicio al proceso.

Durante los años 2006 y 2007 se llevó a cabo el proceso de exhumación de las nueve víctimas, como parte de la investigación orientada a establecer las responsabilidades penales.

En ese sentido, el 05 de octubre de 2006, fueron exhumados los cuerpos de Dilia Antonia Rojas y Simón Romero, en el cementerio Jardín de los Jardines en el estado Yaracuy. Sus restos fueron entregados a sus familiares en noviembre de ese mismo año.

Posteriormente, el 16 y 18 de enero de 2007, se llevó a cabo el proceso en relación con las víctimas Ronaldo Morao y Alfredo Caicedo Castillo, en los cementerios General del Sur y de El Hatillo, respectivamente. Mientras, el 16 de febrero de ese mismo año fue exhumado Nelson Castellanos, también en el Cementerio del Sur en esta ciudad.

De seguido, el 06 y 22 de marzo se procedió respecto a Pedro Jiménez, en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús en Maracaibo, y José Rosendo Silva Medina, en el campo santo municipal de Valencia.

Las dos últimas exhumaciones, de Luis Rafael Guzmán y Rafael Quevedo, se efectuaron el 27 de abril y el 08 de junio de 2007, respectivamente. Los procedimientos se realizaron en los cementerios municipales de Ciudad Bolívar y Boconó.

Por este caso, en el cual sobrevivieron otras cuatro personas, el Ministerio Público ha imputado a 29 ex funcionarios entre civiles, militares y policiales.

Prensa Ministerio Público

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