Venezuela 24 / jun / 2007 12:42 am 99 comentarios

Españoles perseguidos en Venezuela


Agricultores canarios y gallegos han venido denunciando secuestros y la invasión de sus fincas por campesinos a sueldo en Venezuela. Hoy el diario catalán “La Vanguardia” dedica, en su suplemento dominical, un amplio reportaje a este tema. También el diario El Mundo aborda el mismo asunto.

A Marbella Rodríguez la quisieron quemar viva por defender las tierras de su padre. “Aquí no implantan el modelo cubano, sino el de Zimbabue. Hugo Chávez no trae el comunismo sino caos, pillaje, secuestro. A los españoles nos quieren echar, nos obligan a irnos del país“, dice Luis Valdés, un desesperanzado agricultor de origen canario de 67 años (51 en Venezuela).

Es uno de los 66 europeos – españoles, italianos y portugueses- que en el último año y medio han sido secuestrados en el estado de Yaracuy por bandas armadas que, según distintos testimonios, estarían conectadas con dirigentes políticos oficialistas. No se contabilizan más secuestros porque las familias no sólo no los denuncian, sino que los niegan por temor. Decenas de agricultores españoles han sido despojados de sus tierras en plena producción por falsos cooperativistas que, tras apropiarse de cosecha, ganado y maquinaria, dejan yermos los campos.

Cincuenta años de esfuerzo

Con rabia e impotencia, españoles que emigraron a Venezuela en los años 50, que contribuyeron a hacer de Yaracuy uno de los estados agrícolas más prósperos de Venezuela, se plantean qué hacer y a quién recurrir para no perder el esfuerzo de más de 50 años. Denuncian que los cooperativistas que invaden y desvalijan sus fincas no son campesinos sin tierra, como existen en Brasil, sino vecinos del pueblo que no trabajan en el campo o gente traída de las ciudades con promesas de lograr dinero fácil sin doblar el espinazo.

Les pagan por no trabajar“, asegura Phandor Quiroga, ex alcalde de San Felipe, capital de Yaracuy, y presidente de la asociación empresarial Fedecámaras. En vez de ser desalojados por la policía, los invasores de fincas reciben tractores, créditos, dinero en efectivo, aperos, abonos… Los supuestos cooperativistas viven un tiempo de préstamos que no pagan, comen de las reses de la finca y venden la cosecha que estaba por recolectar.

Los españoles – declara Phandor Quiroga a La Vanguardia- han prosperado porque es gente muy trabajadora. Los emigrantes, ahora con hijos y nietos venezolanos, revitalizaron el campo. Se les acogió como hermanos. Llaman oligarcas a agricultores con una finca que en promedio tiene 120 hectáreas. La mayoría son pequeños propietarios que con ahorro y sacrificio se hicieron con unas tierras“.

Según el dirigente empresarial, a medida que Chávez se radicalizaba se promovieron estrategias para no respetar la propiedad. “Inicialmente – explica Quiroga- utilizaron el amedrantamiento. Vieron que era fácil extorsionar al agricultor. El propio Instituto Nacional de Tierras promovió la invasión de fincas. Con el plan Vuelvan Caras adoctrinan a la gente. Crean cooperativas, nada menos que 16.000, dieron créditos a 2.500. Casi todas han fracasado. Hoy sólo quedan 200″.

Aunque el Estado venezolano es dueño en Yaracuy de 263.000 hectáreas, los cooperativistas invaden las fincas con tradición agrícola y en plena producción. Quiroga denuncia que el diputado chavista Braulio Álvarez y otros dirigentes locales promueven la ocupación de las mejores tierras, sin dar indemnización a los dueños. “Aquí no existe el Estado de derecho. Los secuestros y la invasión de fincas forman parte de una estrategia gubernamental para hacer la vida imposible al propietario del campo.

El método que siguen se repite: gentes venidas de fuera invaden una finca, en menos de una semana les dan permiso de permanencia, les entregan tractores y aperos. Antes de un mes, reciben 39 millones de bolívares (15.500 euros) en efectivo y 59 millones (24.000 euros) en insumos. Todo lo malgastan. Allí ya no se produce más nada”.

Tras muchas gestiones, y gracias a la buena sintonía con el presidente Chávez del embajador de España, Raúl Morodo, un grupo de agricultores españoles recibió una corta indemnización por la pérdida de sus tierras. Portugueses, italianos y muchos venezolanos no han cobrado nada. Al canario Edmundo Rodríguez le dieron unos 110.000 euros por una finca de 100 hectáreas. “Me quedé sin nada. Con ese dinero apenas pagaría el primer plazo de un piso en España”, comenta con la mirada perdida.

Edmundo y su hija Marbella son la viva imagen de dos generaciones dedicadas al trabajo. En Venezuela hay 175.000 españoles censados y 250.000 descendientes. Hartos de agresiones, muchos agricultores se plantean regresar a España. Pero la mayoría es gente modesta que, despojada de sus parcelas, no dispone de medios para emprender una nueva vida.

Españoles, portugueses e italianos de Yaracuy estorbamos al Gobierno. Quieren que nos vayamos por ser testigos incómodos. No quieren reclamos. No podemos seguir así. ¿Esperaremos a que nos den un tiro en la cabeza? Te sientes desamparado, no eres de acá ni de allá – dice Rosaura Ibáñez, una canaria angustiada. Algunos nombres que se citan en este texto son ficticios para preservar la seguridad del entrevistado-. Nunca pensé que el odio al extranjero se utilizara como herramienta política. Cuando Chávez sale por televisión, yo la apago para que no me transmita su odio”.

Un cargo judicial del estado de Yaracuy expuso con crudeza a La Vanguardia que está en marcha una campaña para forzar a los españoles a irse de Venezuela. “Muchos secuestros tienen tinte político. El diputado chavista Braulio Álvarez está detrás de las invasores de fincas de españoles, italianos y portugueses. Los ampara, promueve y apoya. Los europeos molestan, porque tienen protección de sus embajadas. No les gusta que los demás gobiernos vengan a reclamar a su gente. La mayoría de secuestrados y expropiados son europeos o hijos de europeos. No se ha aclarado un secuestro. La Justicia es una farsa”, señala la fuente judicial.

Venezuela siempre fue un generoso país de acogida; en los años 50 y 60 recibió a millones de europeos que huían de la pobreza. Con Chávez todo cambió, se les fuerza a irse. María Margarida, de origen portugués, asegura que desde que Chávez les ataca en discursos, más de uno le ha gritado en la calle: “´¡Extranjera, vete a tu país!´. Y se lo gritan a mis hijos nacidos acá. Nunca había pasado esto”.

Miedo a producir. El hostigamiento a los agricultores, tanto a los venezolanos como a los de origen extranjero, provocó una drástica caída de la producción. Vicente Lecuna, propietario de la finca Santa Isabel, explica que “antes de Chávez cosechaba al año 10.000 toneladas de caña de azúcar. ¡Ahora, cero!”.

Construimos socialismo y combatimos al capitalismo“, dice un líder de la cooperativa Refundemos la Patria con la retórica que emana del palacio de Miraflores. Recuerda que el propio Chávez aprovechó su programa dominical Aló presidente para repetir que “los verdaderos invasores fueron los que en 1492 entraron en Venezuela”.

Líderes políticos califican las ocupaciones de tierra como primeras piedras que pavimentarán “el camino al socialismo”. “Esto es terrorismo agrario fomentado por el Estado”, señala Phandor Quiroga. “Tenemos que terminar con los latifundios. El pueblo nos lo ordena y nosotros lo haremos, a cualquier costo”, dijo públicamente hace sólo tres meses.

Aunque Chávez sueña con transformar Venezuela de la misma manera que su amigo Fidel cambió Cuba, su reforma agraria tiene más que ver con el Zimbabue de Robert Mugabe que con el castrismo. En Yaracuy se hace la vida imposible al europeo. El resultado es el mismo que en el país africano: ausencia de inversión, caída de la producción, miedo, delincuencia, impunidad, pobreza, caos… Chávez dice que con su reforma agraria Venezuela logrará la autosuficiencia alimenticia. Ocurre todo lo contrario, por la drástica caída de la producción.

En una visita a un supermercado de Caracas vimos que no había azúcar, carne, huevos, leche, aceite, caraotas (judías) y otros ingredientes de la cesta de la compra. La escasez aumenta porque la tierra productiva es invadida por gente sin experiencia y ganaderos y agricultores no invierten por temor a que expropien sus tierras. El control de precios de los artículos alimenticios abona la carestía al pretender el Gobierno que se venda por debajo del costo de producción. “En Venezuela hay miedo a progresar. Aquí es delito trabajar y producir“, afirma Fernando Galván, gallego de 63 años que se quedó sin tierra.

El 23 de noviembre del 2005, Marbella Rodríguez, de 28 años, sufrió la agresión personal de los invasores de la finca de su padre, un grupo de unos 50 hombres pertenecientes a la cooperativa Los Muchachos. El testimonio de esta joven de origen canario da una idea del terror que se vive en el estado de Yaracuy. “Fui a la finca que mi padre adquirió hace 30 años a sacar tractores, aperos, maquinaria, a recuperar lo que pudiera. Los cooperativistas me encerraron, me cubrieron con un plástico, me rociaron con combustible y prendieron fuego. Menos mal que el combustible era gasoil y no gasolina. Un hermano del capataz, Lorenzo Requena, se peleó con los agresores, entró en el almacén en llamas y logró sacarme. Estaba asfixiada. Después de rescatarme aún quisieron violarme”. Las 100 hectáreas de caña de azúcar de la finca de Edmundo fueron saqueadas, los cobertizos destrozados, las casas de los obreros quemadas.

Marbella comenta que los invasores empiezan presionando, roban la maquinaria, se apropian de las reses, destruyen la producción. Luego alegan que los terrenos están baldíos. “Los agresores – subraya- no son campesinos, no saben nada ni tienen ganas de trabajar. Por eso las tierras quedan improductivas“.

Sandro Moretti habla para LaVanguardia al lado de su padre, Giuseppe Moretti, un italiano de 77 años que en 1951 empezó en Venezuela una vida de trabajo y sacrificio para dar alguna comodidad a su familia. “Mi padre partió de cero para que ahora se lo quiten todo. En Venezuela – dice Sandro- hay miedo a progresar y producir. Tenemos una finca de 41 hectáreas, no somos grandes propietarios, pero te tratan como si fueras un señor feudal. Nos desvalijaron la finca y mataron 26 vacas. Los invasores son hampones armados, pero a la seguridad privada le prohíben portar armas”.

A Sandro, que nació en Venezuela, le echan en cara que las tierras no les pertenecen por ser extranjeros, les dicen que son del pueblo. “Me amenazan: ´No alborotes mucho el avispero porque te puede pasar algo´”. Giuseppe llora al escuchar las palabras de su hijo. En un susurro dice: “He dado a este país mi trabajo, mi vida, ahora nos dicen que tenemos que irnos. ¡Qué dolor!”.

Treinta secuestros en año y medio

“Tengo miedo de salir a la calle, estoy traumatizado. Nos quieren echar del país al que queremos tanto”, explica Manuel Álvarez, un español secuestrado dos veces en el estado venezolano de Yaracuy. Como Manuel, decenas de agricultores y ganaderos, gallegos y canarios llegados a este país hace más de 50 años, han pagado fuertes rescates. Tres secuestrados denuncian a ´La Vanguardia´ ser víctimas de un plan de acoso para forzarles a irse de Venezuela.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, resta importancia, sin embargo, al secuestro de 30 españoles en Yaracuy en año y medio. Al plantearse el caso en el Senado, Moratinos conminó a que no se haga “de la situación de los españoles en Venezuela un elemento de crítica al régimen del señor Chávez”.

Manuel Álvarez, natural de La Palma, llegó a Venezuela en 1950 con 17 años
. Fue secuestrado el 2 de agosto de 2005; el 1 de abril de 2006 de nuevo cayó en manos del hampa. “Las dos veces pagué rescate. Una banda ha secuestrado a más de 50 españoles”. Álvarez afirma que hay una campaña contra los españoles. “Nos secuestran por ser españoles. Somos vulnerables por tener algún ahorro y trabajar”. Álvarez es categórico: “Si han secuestrado a 50 españoles es que hay un plan detrás. Por temor y por no confiar en la policía no se denuncian. La policía es cómplice. Me podían matar como quien mata una res”.

Manuel no se plantea regresar a Canarias: “Aunque soy español y me siento español, estoy muy ligado al país. Mis diez hijos nacieron acá. No tendría peor muerte que irme de Venezuela“. Explica que la colonia canaria se insertó bien en la vida venezolana, por el acento isleño y por la humildad con que llegaron. Los emigrantes levantaron la producción agropecuaria hasta el punto de que, “si en Venezuela se habla de agricultura hay que poner en lugar destacado a los canarios”.

Gerardo Benito (62 años, de Santa Cruz) fue secuestrado en 2007. Maleantes con uniforme militar y fusiles automáticos se lo llevaron. Ahora se mueve con escolta de hombres armados. “Estuve 22 días secuestrado. Tuve que pagar mil millones de bolívares de rescate (unos 400.000 euros). Me intercambiaron con un yerno y un amigo. Me soltaron para que pudiera pedir créditos por los otros 600.000 millones. Al cabo de 12 días los fui a entregar en Colombia”. Gerardo llegó a Venezuela en 1957 con once años. Su finca de 480 hectáreas, con 400 vacas, no ha sido invadida por estar en zona boscosa. Vive con el alma en vilo, porque le han amenazado con ocupar sus tierras. Gerardo sólo piensa en marchar a España, pero en Venezuela lo retienen ocho hijos y 22 nietos. “Me es difícil sacarlos a todos. Si vendiera la finca y me fuera, de inmediato secuestrarían a un hijo. Es complicado irse, pero aquí ya no se puede vivir. Trato de que mis hijos y nietos se vayan a España”.

Gerardo se esfuerza por cumplir los préstamos que le concedieron para pagar su rescate. “Los últimos 12 meses han sido duros. Quieren echarnos. Van hacia un comunismo, les estorba la gente que trabaja. Si sigue este hombre en el poder hay que irse. La idea es que nos vayamos y que Venezuela quede tipo Fidel”, sentencia Gerardo. Rodrigo Gómez, 64 años (50 en Venezuela), natural de Las Palmas, negoció con los secuestradores la liberación de su hermano Juan, capturado en 2002. “Los españoles – dice Rodrigo- somos blanco fácil. Nos secuestran, piden dinero, familia y amigos aportan el rescate, y lo liberan. Si no tienes dinero te empeñas. Y luego buscan a otro español. El temor nos mantiene en zozobra. España, Italia y Portugal deberían hacer algo por su gente. Si Zapatero y Moratinos son próximos a Chávez deben hacerle ver que los españoles de Yaracuy no se meten en política, que queremos paz. En una situación tan delicada no hemos visto apoyo de Zapatero. Nos gustaría sentirnos protegidos. Estamos muy asustados”.

Joaquim Ybarz
La Vanguardia, Barcelona (España)

También el diario El Mundo aborda hoy el mismo tema en un trabajo de Jacobo García:

Los secuestros se ceban con la colonia española en Venezuela

Agricultores, ganaderos y comerciantes denuncian una campaña de acoso por parte de las mafias para expulsarles del país

YARACUY (VENEZUELA).- Manuel fue secuestrado dos veces, Gerardo pasó 22 días en la selva colombiana y Rodrigo tuvo que hacer de intermediario para liberar a su hermano. Los tres son canarios (sus verdaderos nombres han sido cambiados para este reportaje) y los tres han sido víctimas de la ola de violencia que se extiende por Venezuela, aunque casi siempre en la misma dirección. Emigrante, blanco, anciano y europeo. Y de preferencia, español.

EL MUNDO localizó a un aterrado grupo de agricultores, ganaderos y comerciantes con varias décadas de vida en el estado de Yaracuy, víctimas de las bandas de secuestradores y de un proyecto revolucionario que los califica de «oligarcas y terratenientes».

En este pequeño estado del centro del país hace tiempo que el tema dejó de ser una cuestión de probabilidades y actualmente hay tres españoles secuestrados. Otros 30 lo fueron en el último año y medio, en una región de apenas 500.000 habitantes. Aunque la mayoría suele resolverse en pocos días, después de pagar cifras cercanas a los 80.000 euros, el secuestro de Gerardo Benito (62 años), fue de los más caros y violentos. Nacido en Santa Cruz, a Gerardo se lo llevó en febrero una banda profesional que lo mantuvo amordazado cerca de la frontera con Colombia.

Ocho personas lo custodiaron durante 22 días, en los que durmió a la intemperie y se alimentó únicamente de una mezcla de pollo y arroz licuado metido en una botella. Después de tres semanas, perdió 15 kilos y cualquier esperanza de salir vivo al no reunir los 1.000 millones de bolívares (350.000 euros) que le exigían sus captores. «Ya no me importaba morir, incluso me enseñaron el hueco que tenían preparado para enterrarme. Sólo pensaba en mi familia, que seguiría buscándome el resto de su vida», recuerda. En la recta final, convenció a sus secuestradores para recuperar la libertad y poder reunir el dinero. A cambio, dos sobrinos tuvieron que quedarse en poder de los captores a modo de «garantía», mientras pedía ayuda y malvendía aceleradamente lo que quedaba.

Por algo parecido pasó Rodrigo Gómez (65 años), mayorista de alimentos y natural de La Palma, cuando le tocó hacer de negociador durante el secuestro de una semana de su hermano hace tres años y por el que pagó 200.000 bolívares (más de 69.000 euros).

A pesar de que el tema de las invasiones de tierras y de los secuestros a españoles ha sido motivo de pregunta al Gobierno varias veces en el Congreso, ni siquiera la embajada española en Caracas manejan datos reales sobre el alcance de la persecución. Sólo ellos y la comunidad que forman junto a portugueses e italianos sabe que en los últimos cinco años más de 50 compatriotas fueron secuestrados y que, en mayo en la capital de Yaracuy, San Felipe, se llevaron a otros cinco europeos, tres de ellos de origen español.

Hace tres semanas se anunció la liberación del empresario orensano Alberto Cid Souto, rescatado el 29 de mayo después de 40 días encerrado en un zulo. En esta ocasión, la vieja amistad familiar tejida en Galicia entre el empresario y el secretario de Organización del PSOE, Pepe Blanco, permitió a un grupo de policías españoles viajar a Venezuela y contribuir decisivamente a su liberación, tal y como confesó una fuente de la embajada española en Caracas.

Manuel Alvarez, también de La Palma, tuvo menos suerte: fue secuestrado dos veces en un intervalo de ocho meses. La primera vez, en agosto de 2005, durante tres días y la segunda, en abril de 2006, durante una semana, que pasó con la cara cubierta en una zona montañosa. «Esta vez fue mucho más duro porque anímicamente estaba roto. ¡Dos veces en pocos meses!» exclama. En ambos casos, pagó 200.000 bolívares por su liberación ( 69.000 euros ) que lo han dejado arruinado. También Gerardo vive agobiado por las deudas y los bancos y ya no pisa la calle sin su arma y dos guardaespaldas. Como otros españoles, es de los que piensa en largarse aunque dice tener que trabajar para pagar lo que debe. Para él está clara la razón de la doble embestida de invasiones y secuestros: «Es para que nos vayamos».

«Se trata de secuestros con un claro tinte político» explica un cargo judicial en activo de San Felipe, que accedió a hablar con este periódico bajo el anonimato. «Escogen a las víctimas por ser extranjeros, es una manera de forzarles a salir del país», señala. Como ella, son muchos los que apuntan hacia el diputado nacional Braulio Alvarez como el cabecilla de esta persecución. «Es uno de los latifundistas más grandes y utiliza al Instituto Nacional de Tierras (INTI) para hacer confiscaciones y acosar a los jueces para que miren hacia otro lado». El diputado señalado explicó o que no existe tal persecución y que las invasiones fueron indemnizadas (y expropiadas) dentro del proyecto bolivariano de Hugo Chávez para repartir «las tierras subexplotadas o improductivas». Son algunos de los 150.000 españoles que desembarcaron a mediados del siglo pasado y trajeron los primeros cultivos de caña a esta zona, hoy motor de su industria azucarera. Pero los tres tumban la imagen del indiano triunfador y a su alrededor sólo hay coches y casas sencillos y créditos sin pagar.

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