¿Franklin Brito es un loco? Está ahí tirado en una acera, echado sobre una precaria camilla desde el primero de agosto, la lona que se descose por los bordes, bajo el sol y la lluvia, día y noche pasando las horas adormilado, casi inmóvil, ahorrando energía mientras su cuerpo empieza a alterarse y a consumirse por la falta de alimentos.
Parece, claro que sí, cosa de orates: ese empeño por reclamar justicia ante instituciones que le responden con argucias, la decisión de someter a su organismo -y a su familia- a los rigores de una quinta huelga de hambre viviendo a la intemperie en la acera frente al Tribunal Supremo, apoyado por una hija y una esposa consagradas a su causa, ofreciendo los tres en su desamparo un espectáculo terrible y conmovedor que tiene de obstinación, delirio, solidaridad, indolencia y que se sostiene sobre una idea poderosa, pero quién sabe si poco práctica cuando se es tan pobre y se está tan desamparado: la dignidad.
En estos días de lluvia la mayor de sus cuatro hijos, Francia (19), lo cubre con un plástico mientras pasa el aguacero de cada tarde y ella se refugia, paraguas en mano, bajo el puente peatonal que cruza hasta las puertas del Tribunal y todo se moja y es un desastre. Cuando hay sol las cosas no son necesariamente mejores: el paraguas se convierte en sombrilla porque no hay piel que aguante semejante nivel de exposición.
Francia le acompaña desde las 6 de la mañana sin dejarlo solo un segundo hasta que su madre, Elena Rodríguez, llega para relevarla y pasar junto a su esposo estas noches expuestos a la brisa helada que baja del Avila. “He perdido peso más rápido que las otras veces porque el frío es tremendo”, dice Brito y calcula que ha rebajado unos 17 kilos en 28 días.
Los primeros días, Francia se procuraba un desayuno fuerte para aguantar la jornada, pero no pasó mucho tiempo para que esa estampa del padre y la hija despertara la solidaridad entre quienes circulan por allí. Así que hay gente que les deja suero y agua o algo de comer a las acompañantes, por las mañanas y las tardes algunos camioneros de periódicos les dejan la prensa y a la hora del almuerzo Francia siempre cuenta con un grupo de trabajadores del aseo que apartan una ración para ella.
También están, claro, el imbécil este que aminora la marcha y le grita que no sea vago, que vaya a trabajar, no joda; y el tarado que se hace el gracioso desde su 4×4 y grita que sigan votando por Chávez, que por eso es que están así. Por suerte los que abundan son esos que se detienen a leer los carteles que resumen el problema de la familia Brito, lo que Franklin le pide al Instituto Nacional de Tierras, a los magistrados, al propio presidente Chávez. Y lanzan una mirada condescendiente, preguntan algo o no demuestran nada y siguen de largo. Aunque a veces también hacen gestos de apoyo, un cornetazo, un saludo, o como esta señora que se detiene y le pregunta que cuándo será que le resolverán el problema, que si “ésta gente” pensará dejarlo morir allí y Brito, la verdad, apenas sonríe y se muestra resignado porque en este momento todo parece indicar que sí, que el poder apuesta a su desgaste.
En la quinta
Siendo esta una pelea que ya suma cuatro años las autoridades increpadas ya deberían entender que Brito está dispuesto a mucho. Por no decir que a todo. Su primera huelga de hambre la inició el 24 de noviembre de 2004 en la Plaza Miranda cuando entendió que sólo le quedaba presionar así para poder recuperar las tierras que ocupaba en el asentamiento campesino La Tigrera, en la parroquia Guarataro del Municipio Sucre del Estado Bolívar, a las que dejó de tener acceso en 2003 como consecuencia de cartas agrarias entregadas a vecinos de la zona y reclamaba, además, el pago de un año de salarios represados de manera arbitraria: él y su esposa eran docentes en institutos educativos de Guarataro.
De allí salió el 3 de diciembre con el compromiso de una comisión enviada desde Miraflores.
El 7 de julio de 2005, cansado de esperar el cumplimiento de esas promesas, volvió a la plaza caraqueña pero con actitud más radical: se cosió la boca para reafirmar su intención. Pero pasó el tiempo y nada. Así que el 10 de noviembre, en un acto de enorme impacto, decidió amputarse el dedo meñique de la mano izquierda ante las cámaras de televisión y amenazó con cortarse un dedo cada semana hasta que el Presidente Chávez diera la orden de investigar sus reclamos.
El 15 de ese mes, el entonces ministro del Interior, Jesse Chacón le comunicó que el Ministerio de Educación reconocía la deuda laboral (les pagaron poco más de 13 millones de bolívares el 1 de diciembre) y que el Inti reconocía la propiedad de su fundo La Iguaraya y le expedía una constancia de registro agrario -aunque ya la tenía- y se comprometían a pagarle los daños a sus cultivos (lo hicieron pero a través del despacho de Chacón, con 70 millones en efectivo y sin constancia) y a desalojar al ocupante de sus tierras. Esto último, no se cumplió.
Y volvió a la huelga el 24 de noviembre de 2006. De la plaza salió el 13 de diciembre luego de formalizar un acuerdo con el Inti en el que le ofrecían arreglar todo pero a cambio de que firmara un documento en el que decía que las cartas agrarias nunca habían afectado sus tierras y que su fundo jamás había sido invadido, cosa que no aceptó. El 25 de agosto del año pasado ya había intentado un recurso de amparo que fue declarado inadmisible por un juzgado de Monagas, por lo que intentó un nuevo amparo por violación al debido proceso, al derecho a la defensa y al acceso a la justicia ante la Sala Constitucional del TSJ. La cuarta huelga fue entonces para pedir celeridad ante las puertas del TSJ. “El 7 de marzo (2007) me dijeron que responderme les tomaría como dos años. Me puse en huelga a las 11 de la mañana y a las 5 me entregaron la sentencia rechazando mi amparo pero haciendo un exhorto al Inti para que resolviera la situación. Eso era para que me fuera de aquí. Pero el presidente del Inti, Juan Carlos Loyo, firmó otro acuerdo conmigo“.
La quinta huelga es ésta: “El Inti no cumplió y la decisión del TSJ además de arbitraria e inconstitucional, es de carácter delictivo porque el ponente, Pedro Rondón Haaz, falseó o modificó mis argumentos y pasa por encima de una cosa elemental: el debido proceso y la defensa son derechos humanos y sus violaciones no prescriben“.
Por eso está nuevamente tendido frente al TSJ: “Aquí se cometió una de las mayores aberraciones con mi caso”. ¿Y qué es lo que quiere si ya el INTI le ha dicho que puede ocupar sus tierras y hasta le han ofrecido créditos para sembrar? “Sí, pero el acceso a mi fundo sigue cerrado y el ocupante, a quien le dieron la carta agraria, sigue metiendo su ganado en mis tierras“.
Brito, nacido en Irapa (Sucre) el 5 de septiembre de 1960, estudió Biología en la UCV. Sólo le faltó la tesis para completar la carrera. Trabajando con su suegro en una finca descubrió su vocación de agricultor y en 1994, convencido de las bondades de la tierra en Bolívar, invirtió sus ahorros en ese lote de 290 hectáreas, de las cuales podría aprovechar para cultivo unas 80.
Pensar que Brito es un loco es simplificar demasiado las cosas. Cuando habla de agricultura y de la biología aplicada a las siembras, suena tan convivente como cuando se transfigura en abogado y explica con solvencia todos los recovecos de su caso. Y no puede evitar indignarse porque esta tragedia empezó por una disputa absurda. Cuenta que para 1999 ese sector de Bolívar producía 42 de los 66 millones de kilos de ñame que se consumen en el país. “Era una potencia”.
Ese año los cultivos fueron atacados por una plaga que llevó al pueblo a la ruina. Brito se dedicó a investigar hasta que, con apoyo institucional, logró identificar al hongo causante de la desgracia. Propuso un proyecto de utilización de semillas de una variedad resistente que se enfrentó a la propuesta del alcalde Juan Carlos Figarella, de atacar el problema con químicos que sería financiada con 800 millones aportados por la CVG. Los organismos que estudiaron el caso avalaron los argumentos de Brito, la CVG retiró su apoyo y es ahí -asegura- que se inició todo.
Primero, en 2001, lo despidieron del instituto agrícola municipal donde trabajaba como asesor, les suspendieron los sueldos que tenían como educadores y los despidieron. Y el 28 de mayo de 2003 encontró que el paso a su fundo estaba cerrado y sólo tiempo después se enteró que una carta agraria entregada a sus vecinos Rafael D’ Amico y Concepción Antoima vulneraba sus derechos y su propiedad. Lo que pide Brito es formalidad: que el INTI haga los procedimientos para demostrar en firme si las cartas agrarias afectaron o no parte de sus tierras, si hubo invasión o no, si reconocen sus terrenos o no y que la Fiscalía investigue la reciente decisión del TSJ que le negó el amparo. “El INTI no quiere aceptar que perjudicaron a una familia humilde para complacer los caprichos de un alcalde. Aquí estaré hasta que me solucionen todo y se corrija el error que cometieron en el INTI. Hay que ofrecer resistencia a estos abusos, así ayudo más a mis hijos que rindiéndome. Este es un asunto de dignidad”.
Vía El Universal