Podrían restringir el contenido de la TV por cable

La TV por cable será incluida, de aprobarse la reforma constitucional, como servicio público y, por tanto se le aplicará una estricta regulación. A juicio de las declaraciones de un experto que hoy recoge “El Nacional, “se podría restringir el contenido de la suscripción por cable y, por tanto, regular la información que llega de otros países.

Este es el reportaje que hoy publica El Nacional:

Aunque la televisión por suscripción funciona en el país desde hace 13 años, el Estado no se había preocupado por regular el servicio y mucho menos por darle rango constitucional. Ahora, la televisión pagada no sólo se regirá por los parámetros del servicio público, sino que además tendrá que enfrentar los vacíos que aún tiene la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

En el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Hugo Chávez se prevé la modificación del artículo 156, el cual en su numeral 29 plantea que es competencia del Poder Público Nacional el régimen general de los servicios públicos y, en especial, los servicios domiciliarios de electricidad, agua potable y gas. La propuesta, que en el proyecto aparece con el numeral 30, incluye los servicios de telefonía por cable, inalámbrica y satelital, así como la televisión por suscripción.

Nilo Fernández, miembro del Directorio de Responsabilidad Social, ve con preocupación la propuesta no por el hecho de que se pretenda regular este servicio, sino por los mecanismos que se utilizarán para hacerlo: “Mi inquietud es no saber hasta qué punto el Gobierno tendrá competencia en la televisión por cable“.

Alertó sobre los vacíos jurídicos que, a su juicio, existen en la ley, porque considera que no hay definición de los conceptos que se están manejando en la reforma. Consideró el planteamiento como una forma de intervención a la libertad de expresión porque permite al Estado controlar aún más a los medios de comunicación. “Esto es una estrategia del Gobierno para seguir afianzando lo que han denominado la hegemonía comunicacional“, apuntó.

Rafael Chavero, especialista en Derecho Constitucional, consideró absurdo que se pretenda establecer la televisión por cable como servicio público porque es un producto de lujo que dista mucho de tener las características para ser calificado como tal.

“El Gobierno no tiene que meter sus narices aquí, y esto no puede justificarse por supuestos vacíos en la ley. Lo que quiere es repetir la historia de RCTV con los canales privados“, expresó.

Señaló que la televisión por cable entendida como servicio público quedará sometida a un régimen administrativo que dependerá de autorizaciones y sanciones: “La estrategia es intensificar los mecanismos de regulación y acabar con cualquier competencia de recreación que pueda rivalizar con la hegemonía comunicacional“.

Mayor restricción, nuevos esquemas.

El presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción, Cavetesu, Mario Seijas, consideró la inclusión de la TV por suscripción en la Constitución como una medida muy particular que no responde a un caso específico sino a un interés por “controlar más”. Aseguró que en la Carta Magna vigente se pudo haber tomado una decisión legal en la materia.

“No conocemos de ninguna Constitución que tome en cuenta la televisión por cable dentro de sus leyes, y mucho menos que sea mencionada y acatada de forma tan específica“, dijo.

Para el empresario, esta modificación llevará a la configuración de un modelo de negocio diferente. “Se responderá a nuevas regulaciones que hasta ahora no hay. Se cambiará el formato de operación ante el Indecu y Conatel. Se está cambiando de un concepto de un negocio de interés general a un negocio público. Se deberán solicitar permisos para ajustes de tarifas, diseños operativos y acceso a los domicilios. El tema de servicio público cambiará la forma cómo se opera comercialmente ante los subscriptores“, añadió.

Para Rafael Chavero, es el comienzo de más intimidaciones. Aseguró que la mayoría de la programación de los canales por cable es internacional, por lo que sería imposible la regulación en su totalidad: “Lo que se quiere es aplicar los mismos estándares de los canales abiertos a fines de continuar con la hegemonía“.

Nilo Fernández consideró que las razones políticas fueron las que predominaron para hacer la propuesta. Señaló que se podría restringir el contenido de la suscripción por cable y, por tanto, regular la información que llega de otros países. “La libertad de expresión e información se ve altamente amenazada”, aseveró.

No descartó la posibilidad de que la reforma obligue a una posterior modificación de la Ley Resorte, lo que cree adecuado por considerar que después del caso RCTV, el Gobierno se percató de los vacíos jurídicos de la normativa.

Otras de las interrogantes que surgen con la modificación del artículo 156 es el papel que desempeñará Conatel en el servicio de suscripción por cable. Aunque Fernández admite que desconoce la función que tendrá, cree factible que decida sobre las nuevas normas que implica la modificación.

El presidente de Cavetesu dijo que le preocupa que se le atribuya mayor injerencia a ese organismo, pues recuerda que una de las razones que permite la calidad del servicio es el adecuado manejo de la relación costos–tarifas lo que, a su juicio, no sucederá si se modifica la dinámica del negocio con los trámites que deberán cumplir los canales al pasar a ser de servicio público.

Advirtió que esto podría conducir a un estancamiento de la televisión por suscripción en el país: “Hoy lo único que se debe hacer es notificar a Conatel las modificaciones, y si ahora hay que esperar 180 días para que se apruebe un aumento de las tarifas, los costos comenzarán a reprimirse y las inversiones podrían bajar. El negocio se verá afectado desde el punto de vista operacional, administrativo y comercial. Podría ser difícil mantener el servicio de cable de forma competitiva en el ámbito mundial”.

Seijas hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional para que atiendan la dificultad que puede acarrear la aprobación de la propuesta para este sector, que genera más de 17.000 empleos directos e indirectos y que posee 49 operadores en el país.

Carla Navarro
El Nacional