Construido hace casi 80 años para 150 personas, hoy en el internado judicial de Coro, Falcón, conviven 703 reos hacinados que tienen privilegios únicos en todo el país: una piscina y una discoteca en plena cárcel.

Así lo confirmaron autoridades de esa región. La piscina, de unos seis metros de largo por cuatro de ancho, la construyeron los mismos internos en la llamada área de Las Letras, A, B, C y D. También acondicionaron en un galpón una discoteca, para disfrutar los fines de semana.

Según informaron las autoridades del penal, estos beneficios es sólo “para los reos que mantienen una buena conducta a los que se les premia con pasar el sábado y el domingo acompañados de sus familiares”.

No cuenta con detector de metales, ni máquinas rayos X, y se sabe, por trabajos de inteligencia de Polifalcón, que una buena cantidad de presos están armados.

Pero para el comandante de Polifalcón, comisario Jesús López Marcano, pocos tienen buena conducta, pues muchos de los hechos delictivos que ocurren en Coro y todo Falcón tienen su origen en ese penal.

“El grupo que tiene el control del internado judicial obtiene grandes cantidades de dinero provenientes del tráfico de drogas y el pago de vacunas. Además, están bien armados, hasta con granadas fragmentarias”, denunció López Marcano.

Agregó: “Tenemos información que desde esta cárcel se están dando las instrucciones para cometer secuestros, comerciar drogas y hasta preparar sicariato”.

Los familiares de muchos internos se hacen eco de las denuncias del jefe policial. “El Pram” o jefe del pabellón mantiene el control a sangre y fuego: “Yo pago la vacuna, unos 50 bolívares semanales, para que mi hijo no amanezca muerto”, dice Juana, una mujer cuyo rostro delata que a pesar de estar cercana a los 45 años pareciera que tuviera 60, mientras hace la cola de la visita.

Su hijo mayor lleva dos semanas en el techo del penal, junto con otros reos que se han tragado la “luz”, un código de honor que rige en el internado judicial de Coro y si se baja es hombre muerto.

“Ese muchacho debió haber cometido alguna falta grave como no pagar dinero a ‘El Pram’ o ‘Carro’, cometer robo o hurto en el penal o faltar el respeto a la visita”, dijo un señor moreno, bajito y de pelo canoso, con la mayor naturalidad, quien está a dos puestos detrás de ella.

“Mire, dé gracias a Dios que ésto no ocurrió dos años atrás cuando había mas violencia y el control lo tenía “El Davisito”, quien personalmente fusilaba a quien se tragara ‘la luz’. Está vivo, pero no podrá bajarse hasta cuando lo envíen a otra cárcel”, remató el hombre, que también visitaba a uno de sus hijos.

Un grupo de abogados de Falcón propuso, hace un par de meses atrás, el traslado de los reos a la nueva comunidad penitenciaria de Coro que tiene capacidad para 818 reos y hoy alberga sólo a 350 internos.

Asimismo, que los penados de otros estados sean enviados a sus regiones de origen.

El internado está ubicado a sólo 50 metros de la plaza Bolívar de la capital falconiana y no reúne las mínimas condiciones de seguridad.

No cuenta con detector de metales, ni máquinas rayos X, y se sabe, por trabajos de inteligencia de Polifalcón, que una buena cantidad de presos están armados.

“Tenemos información que desde esta cárcel se están dando las instrucciones para cometer secuestros, comerciar drogas y hasta preparar sicariato”.

Los vecinos del centro de Coro temen una tragedia.

“En la desocupación del internado de Coro deben participar no sólo el Ministerio de Interior y Justicia, también el Poder Judicial, el Ministerio Público y entes de la administración de justicia en Falcón”, sostiene Abel Jiménez, director de la Comunidad Penitenciaria de Coro.

A los delitos cometidos por los reos se suman los perpetrados por los vigilantes internos. En lo que va de este año han sido detenidos dos custodios, uno traía droga desde Punto Fijo y el otro fue apresado por la Guardia Nacional dentro del propio penal y fue recluido en la comunidad penitenciaria.

“Es clave desmantelar las bandas que funcionan dentro del penal para disminuir los índices delictivos en la región”, reitera el comandante de la Policía de Falcón.

Pero el silencio es el primer escollo a superar, pues ni los reos, ni sus familiares se atreven a pronunciar el nombre del nuevo jefe del penal.

Miguel David Vargas, de 34 años, y alias “El Davisito”, salió en libertad, pero murió bajo su propia ley: un grupo de desconocidos lo asesinó a balazos en un bar de la población de Tucacas, el pasado 4 de marzo, junto con su hermano.

En la fila de los parientes de los reclusos nadie parece escuchar cuando se les pregunta por la piscina, la discoteca y todos los beneficios que tienen por los que pagan y que mantienen “la paz” dentro de las rejas.

Vía Panorama

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