Una serie de 42 fotografías, tomadas en un motel de Maracaibo, en las que se observa a un hombre cometiendo actos lascivos contra una adolescente de 15 años, será consignada ante la Fiscalía de menores para denunciar la permisividad de algunos moteles de la entidad para cometer los delitos de explotación y abuso sexual contra adolescentes.

Así lo informó a PANORAMA, Luis Peley, miembro de la Fundación Internacional Ciudadanos Defensores de los Derechos Elementales (Funciddel), quien aseguró, con fotografías en mano —en las que se observa el nombre del motel en las almohadas y toallas sobre la cama—, que la investigación se viene realizando desde hace más de dos años años y los resultados han determinado la complicidad de esos recintos en la explotación y abuso sexual contra las menores.

Respecto a la responsabilidad en los moteles, Caldera expresó que tanto el dueño, como el gerente del establecimiento incurren en el delito de asociación para delinquir.

No existen dispositivos de control y seguridad a la hora de dejar pasar a los clientes a las instalaciones. Por lo que esos lugares se convierten en escenarios perfectos para que las redes de prostitución adolescente ejecuten sus acciones para luego publicar las fotografías en la red, violando de doble manera los derechos de las muchachas”, dijo Peley.

Según el denunciante, ésto acarrea una sanción administrativa para el establecimiento de hospedaje, según reza el artículo 230 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Queda prohibido alojar a un niño, niña o adolescente no acompañado por su padre, madre, representante o responsable (…) en hotel, pensión, motel o establecimientos semejantes. Su incumplimiento será sancionado con multa de 30 unidades tributarias (30 UT) a 90 unidades tributarias (90 UT)…”. Treinta unidades tributarias equivalen a 1.650 bolívares, mientras que 90 representan 4.950.

El artículo establece además que de acuerdo con la gravedad de la infracción podrá igualmente decretarse el cierre del recinto de hospedaje de cinco a 15 días.

De igual forma quien comete el delito en contra de las adolescentes incurre en la violación del artículo 258 de la ley, fundado en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, penado con prisión de cinco a ocho años.

Además, quienes publiquen fotografías del acto y la cédula de identidad de la menor en internet, como es el caso de una de las adolescentes expuestas, infringe el parágrafo segundo del artículo 65 de la ley, basado en el derecho al honor, la reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar.

El parágrafo prohibe la exposición o divulgación, por cualquier medio, de datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles, a menos que exista una autorización judicial fundada en razones de seguridad u orden público.

Peley aseveró que las autoridades “están dormidas ante la situación” y que no existen políticas públicas para controlarla. Explicó que en los últimos meses se ha extendido la proliferación de correos electrónicos en las que se observa a las menores en situaciones indecorosas tanto en moteles como en casas de citas denominadas “refugios” y hasta instituciones de educación zulianas.

El artículo establece además que de acuerdo con la gravedad de la infracción podrá igualmente decretarse el cierre del recinto de hospedaje de cinco a 15 días.

Recalcó que aunque en algunos casos el acto sexual ocurra con el consentimiento de las adolescentes, igual se comete un delito por ser menores de edad.

Ante lo expuesto, la comisaria Odalis Caldera, secretaria de Seguridad y Orden Público, respondió que en Maracaibo la situación se controla en función de las denuncias realizadas ante la Intendencia. “La comunidad debe denunciar la situación y a través de los allanamientos y operativos de profilaxia se puede actuar contra la situación”.

Caldera informó que durante los operativos realizados en los últimos meses se ha decomisado material pornográfico, además de objetos utilizados para actos sexuales con las adolescentes.

Explicó: “Durante las investigaciones realizadas en Maracaibo se ha detectado que en los sitios públicos de concentración, como los mercados de Las Pulgas y Las Playitas, hay tarantines preparados para la explotación sexual con adolescentes”.

Respecto a la responsabilidad en los moteles, Caldera expresó que tanto el dueño, como el gerente del establecimiento incurren en el delito de asociación para delinquir.

En el caso de San Francisco, el comisario José Primera, adscrito a la Brigada de Seguridad y Ambiente de Polisur, afirmó que las investigaciones realizadas en el municipio sureño confirman “75% de las trabajadoras sexuales encontradas en los operativos son menores entre 15 y 17 años”.

Primera destacó que se han detectado cuatro bandas dedicadas a la explotación sexual de menores en el sur, a través de los clasificados publicados en la prensa, en los que ofrecen a mujeres mayores de 18 años y al contratar un servicio se constata que se trata de menores de 17.

El defensor de Derechos Humanos, Luis Peley, formalizará la denuncia ante la Fiscalía de menores y propondrá la creación de una comisión de seguridad con los organismos competentes para controlar la situación en los moteles de la ciudad, pues no existe ningún organismo o institución que rija el funcionamiento en cuanto a supervisión y control de entrada se refiere.

Vía Panorama

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