Juan Carlos Apitz, ex magistrado de la Corte Primera Contencioso Administrativo, conversó con la redacción de Noticias24 para comentar sus impresiones acerca de la sentencia emitida por la CIDH que lo restituirá a su cargo.

Juan Carlos Apitz, magistrado destituido de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que resultó beneficiado, junto a Ana María Ruggeri Cova y Perkins Rocha Conteras, con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del pasado 21 de agosto, que determinó que el Estado venezolano violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) de la convención regional en materia de Derechos Humanos, afirma que “la decisión del organismo internacional constituye un duro golpe al Tribunal Supremo de Justicia que no muestra, de ninguna manera, ser independiente, autónomo e imparcial.”

Antecedentes del caso

En septiembre de 2000 fueron designados como magistrados de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, Luisa Estella Morales, Evelyn Marrero, Ana María Ruggeri, Perkins Rocha y Juan Carlos Apitz, quienes comenzaron una labor de reestructuración de dicha corte, porque es una especie de dependencia del TSJ que lleva casos de ilegalidad e inconstitucionalidad de actos que no provienen del Presidente de la República.

En tal sentido, dichos magistrados revisaron los desafueros del poder del presidente Hugo Chávez, en el desempeño de sus funciones, pues se dictaron sentencias que causaron polémica general, tales como la del plan Barrio Adentro, que fue distorsionada porque la misma explicaba que los médicos cubanos no podían ejercer sus funciones sino profesionales venezolanos o de otros países con reválidas, por lo que se determinó que dichos médicos no podían trabajar en este plan asistencial.

Por otra parte, está el caso del sindicato de trabajadores de Unapetrol donde se reconoció la estabilidad laboral de los empleados petroleros que estaban conformando un sindicato de ex trabajadores de este sector. “Esas y otras sentencias causaron alergia en el gobierno nacional, razón por la cual el presidente Chávez en público ordenó que fuéramos destituidos en octubre de 2003, porque a su juicio nuestra actitud era contrarrevolucionaria”, dijo. Frente a esa destitución, Apitz indicó que hubo varios mecanismos para apartarlo de su labor judicial. “Nos someten a juicio penal, lo cual se cayó porque nosotros acudimos ante el TSJ y una sala penal accidental reconoció que no hay ningún delito y que en el Poder Judicial es absolutamente rutinario trasladar un expediente de un tribunal a los relatores”.

Posteriormente, Apitz destacó que se emplearon otros mecanismos para destituirlos a través de un expediente que estaba en la Sala Político Administrativa y que al final llegó a la Inspectoría de Tribunales. “Nosotros ejercimos recursos en la Sala Político Administrativa, en la Sala de Recursos Jerárquicos y en la Sala Constitucional, pero fueron engavetados o decididos tardíamente en contra de nuestras aspiraciones”.

Ante esta situación, los magistrados acudieron al Sistema Interamericano de Protección de Derechos en Washington, donde nadie creía que este proceso fuera posible y luego se llevó el caso a la CIDH donde fue admitido en 2005 y en 2006, se emitió un informe definitivo donde se le propone al Estado venezolano que sean reincorporados a sus cargos, porque se demostró que en dicha remoción hubo violación a los derechos humanos esenciales, al debido proceso y no hubo garantías judiciales.

“El tema central de esta sentencia no es un reenganche laboral, nosotros no acudimos a la Inspectoría del Trabajo, sino al Sistema Interamericano a denunciar lo que ocurre en el Poder Judicial en Venezuela, y con ello se determina que la mayoría de los jueces son accidentales que no tienen garantía de estabilidad en sus cargos, lo que atenta contra la independencia judicial, porque esos jueces, que son la mayoría, no pueden ser juzgados disciplinariamente y de manera objetiva”.

De igual modo, Apitz explicó que el 21 de agosto de 2008 le fue notificado al presidente Hugo Chávez, la sentencia emitida por la CIDH el 5 de agosto. “En este momento estamos frente a una actitud indigna del TSJ para acatar esta decisión y ¿dónde está la indignidad de este TSJ? en que no estamos frente a magistrados, sino frente a soldados que acatan órdenes, de tal manera que luego de un mes de esta sentencia le pedimos al TSJ un mínimo de dignidad y de amor propio sobre cuál es su responsabilidad institucional, porque los magistrados están para hacer justicia”.

Aseguró Apitz que una vez iniciada esta lucha, están claros que no es por un cargo sino una lucha de principios, y destacó que dicha sentencia será acatada y ejecutada y por ello serán estrictos con la impunidad reinante en Venezuela. “Aquí hay ciudadanos de primera y de tercera, todo aquel que se afilie al proyecto político chavista es un ciudadano de primera con reconocimientos, derechos y privilegios, pero para aquellos que de alguna manera nos mantenemos al margen de dicho proyecto político, somos ciudadanos de tercera”.

¿Además de la sentencia dictada por el caso de Barrio Adentro existen otras implicaciones en este caso?

El Presidente de la República es quien toma las decisiones e impone los criterios, y el resto acata lo que él decide, es decir, se trata de complacer a alguien que tomó la decisión para que nosotros saliéramos del Poder Judicial por las razones que él expuso publicamente, y que están plasmadas en la sentencia de la CIDH.

El Poder Judicial en Venezuela

Ud. ha tratado dos puntos claves, en primer lugar afirma que los magistrados son soldados y acatan órdenes del Jefe de Estado y por otra parte el Poder Judicial venezolano carece de independencia alguna

“En Venezuela hay jueces que sí estan cumpliendo con su deber, son héroes anónimos que cumplen con su trabajo de manera certificada, con seriedad y responsabilidad sus labores. En nuestro país no podemos hablar de independencia de poderes, el máximo jerarca del Poder Ejecutivo amedrentó a unos jueces de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo que permanece cerrada desde el pasado 16 de enero. Eso significa que la independencia judicial está comprometida, y aquí existe una actitud de perseguir a los jueces que puedan atentar contra los intereses de un proyecto personal. Venezuela es de Chávez y su familia y todos cumplen sus apetencias familiares y personales”.

Explicó Apitz que esta sentencia de la CIDH ordenó que él y los otros dos ex magistrados sean reincoporados a sus cargos e indemnizados por daños morales y materiales, pero tambien ordenó la publicación de un código de ética del juez, por lo que acudirán a la Asamblea Nacional a entregar un proyecto de dicho código que responda a lo que establece la Constitucion en su artículo 271, cuyo contenido indica que los ciudadanos son quienes deben participar en la elección de los jueces disciplinarios, que deben ser independientes y no pueden responder a los intereses del TSJ.

“Esto significa que el primer paso a tomar es que la jurisdicción disciplinaria venezolana deje de estar en transición desde hace 10 años, y es que hay una falla estructural en el diseño del Poder Judicial y en sus mecanismos de control, el Poder Moral constituido por el Contralor, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo, no es la mejor manera de hacer control y además estamos hablando ahora de un control político, porque la designación de esos funcionarios y de los magistrados del TSJ es hecha por la AN. Un juez de municipio no puede ser magistrado del TSJ, porque no hay un diseño institucional que le permita al juez de más bajo nivel llegar al TSJ”.

De igual modo, Apitz destacó que exigirán un diseño institucional para una reforma constitucional que responda a la independencia y en especial la imparcialidad en el Poder Judicial y para ello, hace falta una jurisdicción disciplinaria y una carrera judicial que se respete en el TSJ.

Por otra parte, el ex magistrado aseguró que en el próximo período de sesiones elevarán a la CIDH una solicitud para que sea revisada la manera en que el Estado venezolano está dando cumplimiento a esta sentencia y advirtió de las probabilidades que existen en el TSJ de no dar cumplimiento a esta sentencia.

¿Si estos jueces están obligados a vigilar la constitucionalidad del derecho y las leyes, cree ud. que es sano que para un control efectivo de las decisiones del Poder Judicial, la Sala Constitucional esté integrada por magistrados que no pertenezcan a dicha instancia pero han sido designados por la misma?

La Sala Constitucional actúa como un tribunal de parroquia que quiere conocer absolutamente todos los expedientes y está aislada del resto del TSJ, pero además se ha tomado competencias a través de su propia jurisprudencia que no están en la ley, por lo que es un tribunal que actúa de manera autártica al resto del TSJ.

De igual modo, Apitz indicó que se deben alinderar parte de las competencias de la Sala Constitucional para que responda acoplada al resto de las salas del TSJ y si es un tribunal constitucional entonces debe responder a otra dinámica tal como ocurre en España. “En Venezuela desapareció el Consejo de la Judicatura y ahora todas esas competencias se concentran en el TSJ el cual no es sólo un órgano jurisdiccional sino tambien administrativo.

Vale la pena destacar que desde la creación de la Sala Político Administrativa, más del 95% de las medidas cautelares son rechazadas y el ciudadano casi siempre resulta perjudicado. “En Venezuela no existe jurisdicción contencioso administrativa, por eso estamos luchando para que haya un imperio de la ley, pues la Sala Constitucional ha sido cómplice de los atropellos más cruentos que se hayan conocido en nuestro país y el mejor ejemplo que podemos citar es el caso de las inhabilitaciones políticas.

El panorama que ud. plantea es desolador ¿qué le queda a los ciudadanos venezolanos?

Una parte de lo que sucede aquí es que el ciudadano se ha puesto de espaldas a la realidad judicial, y nuestra Constitucion ofrece la posibilidad de que participemos en la designación de los jueces, pero el Poder Judicial ha cometido fraude en contra de las leyes de la manera más siniestra para que los ciudadanos no participen en la designacion de los mismos. De esta forma fueron creadas unas ONG fantasmas que participaron en la selección de los magistrados del TSJ y además se crearon reglamentos para esos concursos de oposición de jueces donde ellos son los jurados y no participan las universidades, ni los colegios de abogados, sino únicamente los magistrados del TSJ que son designados por la Asamblea Nacional.

¿Cuáles serán las medidas inmediatas en caso que el TSJ no acate la sentencia de la CIDH?

En el próximo período de sesiones nosotros vamos a solicitar que el Estado venezolano sea citado para que rinda cuentas de la manera en que la sentencia se está cumpliendo. Asimismo, ya notificamos a la Asamblea Nacional, al Presidente de la República y al TSJ, que nuestra voluntad es reincorporarnos al Poder Judicial y que nosotros no pretendemos que se nos cambie esa voluntad, no estamos interesados en cobrar alguna suma de dinero, y aspiramos que todo eso sea invertido en los niños de la calle y la salud.

Juan Carlos Pérez M.
Noticias 24