Publicado el 01 de jun de 2012 9:58 am |
(Washington, 1 de junio. EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) divulgó hoy los nombres de los cinco aspirantes, tres hombres y dos mujeres, a sustituir al argentino Santiago Cantón como secretario ejecutivo del organismo a partir de julio.
La Cidh, organismo autónomo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por el respeto de los derechos humanos en el continente, publicó en su página web los nombres de los cinco candidatos.
Entre los aspirantes hay dos mexicanos: Emilio Álvarez-Icaza, licenciado en Sociología y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), y Javier Hernández Valencia, actual representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los restantes candidatos son la estadounidense Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la Cidh desde 2007; el guatemalteco Frank La Rue, con más de 30 años de experiencia en temas de derechos humanos, y la peruana Sofía Macher Batanero, que está a cargo del registro de víctimas del conflicto armado interno en su país.
El proceso abierto para presentar candidaturas concluyó el pasado primero de mayo y ahora, con la publicación de los nombres de los cinco finalistas, se da inicio al plazo de un mes, hasta el primero de julio, “para recibir observaciones y comentarios”, explicó la Cidh.
La Comisión entrevistará a los finalistas y realizará la selección final de la persona más cualificada durante su periodo de sesiones número 145, que tendrá lugar entre el 16 y el 20 de julio.
El nombre del elegido se remitirá al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y se propondrá su designación por un período de cuatro años.
Cantón anunció en 2011 que dejaría su cargo en la Cidh por “razones personales” a finales de 2012, pero finalmente decidió que su salida tras once años como secretario ejecutivo será en julio, cuando se incorporará al equipo directivo del Centro Robert F. Kennedy de Washington.
El argentino ha admitido que soportó presiones, fundamentalmente del Gobierno de Venezuela, para que renunciara desde hace varios años, aunque insiste en que su decisión de hacerlo ha tenido un carácter personal.
La presión contra Cantón comenzó a raíz del golpe de Estado de abril de 2002 en Venezuela, cuando el Gobierno del presidente Hugo Chávez lo acusó de haber reconocido al breve Gobierno de facto que encabezó el empresario Pedro Carmona.
La polémica en torno a la reforma de la CIDH marcará la Asamblea General OEA
Los cancilleres reunidos en la Asamblea General de la OEA estudiarán varios temas de difícil consenso, pero la polémica promete centrarse en un punto que debe votarse en la cita: la reforma de la Cidh y el supuesto intento de debilitar su labor.
La agenda de la cita anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), prevista entre el 3 y el 5 de junio en Cochabamba (Bolivia), será “la misma” que la que se debatió en el foro del año pasado en El Salvador, según admitió esta semana en un encuentro con la prensa el secretario general del organismo, José Miguel Insulza.
La única excepción en ese orden del día, en el que persisten temas como las aspiraciones de Bolivia de tener acceso al mar y de Argentina de recuperar su soberanía sobre las islas Malvinas, será el proceso para “fortalecer” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), explicó Insulza.
El pasado enero, los Estados miembros de la OEA aprobaron una serie de recomendaciones no vinculantes para reformar la Cidh, que algunas organizaciones civiles consideran un intento de limitar la autonomía del organismo por parte de gobiernos como los de Ecuador o Venezuela, sobre los que la Comisión ha emitido informes polémicos.
Insulza llevará a Cochabamba un informe en el que se pronuncia sobre esas recomendaciones, que podrían convertirse en obligaciones para la Cidh si los cancilleres así lo deciden, en una votación que se producirá probablemente durante su reunión a puerta cerrada el martes.
En su informe, presentado el 22 de mayo, Insulza respalda al menos dos de las recomendaciones que más revuelo han causado entre la sociedad civil: la que pide que se modifique el estatuto de la Cidh para que el organismo deba consultar a los Estados antes de emitir medidas cautelares, y la relativa al Capítulo IV del informe anual.
El titular de la OEA pide que se “revisen los criterios, metodologías y procedimientos” para la elaboración de ese capítulo, en el que la Comisión identifica a aquellos países que necesitan mejorar en su respeto a los derechos humanos y que en los últimos años ha arremetido contra Venezuela, Colombia, Cuba y Honduras.