Publicado el 21 de jun de 2012 3:05 pm |
BOGOTÁ, 21 Jun 2012 (AFP) - El Congreso colombiano aprobó una reforma judicial impulsada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que este jueves desató críticas, porque según analistas favorece la impunidad de los congresistas, y que podría ser derogada mediante un referendo popular.
Al filo de la noche del miércoles, en la última jornada del primer periodo anual de sesiones, el Senado y la Cámara de Representantes le introdujeron cambios, que entre otros hacen muy difícil que los legisladores pierdan su investidura parlamentaria por cometer algún delito.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aunque defiende las “bondades” de la que consideró “histórica” reforma de la Justicia colombiana, dejó constancia del “desacuerdo” del gobierno con esos ajustes realizados a última hora.
En declaraciones a radioemisoras este jueves, Esguerra tras asegurar que con la reforma la cobertura de la Justicia se ampliará en el país y ayudará a descongestionar los cuatro millones de procesos en trámite, admitió la posibilidad de corregir “algunos errores que hemos encontrado”.
El ministro se mostró en desacuerdo con que con la reforma los congresistas o ex congresistas que están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia o la fiscalía por presuntos vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha puedan resultar favorecidos.
Por otra parte, Esguerra defendió que con la reforma los congresistas sólo podrán ser detenidos cuando la Justicia haya culminado una investigación en su contra y dictado una acusación formal.
La Corte Suprema de Justicia investiga a más de un centenar de políticos por presuntos vínculos con paramilitares, y en 2010 condenó a 10 ex parlamentarios, mientras que en 2011 otros nueve también fueron declarados culpables, entre ellos dos ex presidentes del Congreso.
“Lo que se hizo finalmente fue favorecer a los miembros del Congreso”, dijo a la AFP el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien aseguró que ahora los legisladores “van a poder delinquir sin ningún problema porque la Corte Suprema ahora no va a poder actuar como hasta ahora”.
El jurista además aseguró que el Congreso violó el trámite que requiere una reforma constitucional como la que se hizo para reformar la justicia, porque dijo, en la conciliación del texto -en la noche del miércoles- los congresistas introdujeron puntos que no fueron discutidos en los ocho debates previos.
Previó “una lluvia de demandas” contra la reforma y la convocatorio de un referendo popular pare derogar la reforma, porque dijo “hay mucha indignación entre diversos sectores”.
El Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), el único partido de oposición al gobierno de Santos, que no votó la reforma, se propone impulsar un referendo para revocarla, anunció el representante de esa bancada Germán Navas.
La ex Fiscal General, Viviane Morales, calificó la reforma como el resultado del “ejercicio del cinismo institucional”, y advirtió que “todas las investigaciones (a los políticos) que tenía la Fiscalía van a pasar a conocimiento de sólo tres magistrados (de la Corte), lo que quiere decir que la impunidad va a volver”, dijo a la privada radio Caracol.
Por su parte, Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, criticó la actitud del gobierno y calificó la reforma como una “vergüenza”.
“Qué tristeza y qué desolación. Esta reforma no fue a la espalda del ministro de Justicia. Se alertó al gobierno sobre el trámite de todo el proyecto y no fuimos oídos”, dijo a la radio privada RCN.
Anunció que esa ONG apoyará un referendo para derogar la reforma e hizo un llamado para recolectar un millón de firmas, necesarias para pedir la convocatoria de esa consulta popular.
Por: Pablo Rodríguez