Publicado el 02 de ago de 2012 8:20 am |
(Brasilia, 2 de agosto – AFP).- El Tribunal Supremo Federal inició el jueves el juicio histórico de los 38 acusados del mayor escándalo de corrupción política en Brasil, que hizo tambalear el gobierno del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2007).
La corte determinará en las siguientes semanas la responsabilidad de exministros, exdiputados y empresarios en una red de compra de votos en el Congreso que operó entre 2002 y 2005, según la fiscalía, y que involucró a dirigentes históricos del PT, el Partido de los Trabajadores que gobierna Brasil desde hace diez años.
El presidente del Tribunal Supremo, el magistrado Ayres Britto, abrió la audiencia pública leyendo los nombres de los acusados.
Conocido como el ‘mensalao’ (mesada que supuestamente recibían los parlamentarios por su apoyo al gobierno), el caso es el más importante jamás juzgado por el TSF.
Durante la jornada, está prevista la lectura de un informe general de la causa por parte del ministro del TSF Joaquim Barbosa, a cargo del caso, seguido de la presentación de las acusaciones por el fiscal general.
Los 38 acusados -todos libres- deberán responder por asociación para delinquir, peculado, lavado de dinero, corrupción y fraude, delitos por lo que podrían ser condenados a penas de hasta 45 años de prisión.
Se prevé que las primeras sentencias se empiecen a conocer a mediados de setiembre.
Los 38 acusados deberán responder por un sofisticado plan para comprar apoyos en el Congreso bajo el primer gobierno de Lula (2003-2007) y saldar cuentas de la campaña electoral de 2002 que lo llevó al poder, según la acusación que examinarán los 11 magistrados.
Fundador y líder del PT, Lula fue excluido de la causa penal y negó siempre conocer la existencia de dicho esquema, se declaró traicionado y ofreció disculpas públicas en la época.
A continuación, las claves del caso, definido por la prensa brasileña como ‘el juicio del siglo’, y sus posibles derivaciones políticas evaluadas por analistas consultados por BBC Mundo.
¿En qué consiste el juicio?
El juicio es sobre un presunto mecanismo utilizado por el PT después de asumir su primer gobierno de la historia en 2003 para pagar ilegalmente a legisladores de partidos aliados, a cambio de apoyo en el Congreso.
Según los investigadores, millones de dólares fueron desviados de presupuestos de publicidad y de empresas manejadas por el Estado.
El PT negó la existencia de cualquier esquema de compra de votos parlamentarios.
Pero Carlos Pereira, especialista de la Fundación Getulio Vargas basado en Río de Janeiro, dijo que existen ‘pruebas muy claras’ y el veredicto será importante para el futuro de Brasil.
‘Si los acusados fueran castigados, será una prueba creíble de que las instituciones brasileñas de control ejercen de hecho un contralor del Ejecutivo’, sostuvo.
El Supremo está compuesto por 11 magistrados, en su mayoría nombrados bajo los gobiernos de Lula o Rousseff, y el juicio puede extenderse hasta septiembre u octubre.
¿Quiénes son los principales implicados?
Entre los 38 acusados están el exministro de la Presidencia de Lula, José Dirceu, y el extesorero y el expresidente del PT, Delúbio Soares y José Genoino respectivamente.
‘Las personas juzgadas son muy simbólicas para el partido’, explicó Cristiano Noronha, analista político de la consultora Arko Advice, con sede en Brasilia.
También hay otros dos exministros, varios exdiputados de partidos de la coalición que apoyó a Lula en su primer mandato, antiguos dirigentes bancarios y empresarios.
Los cargos son diversos, desde corrupción y lavado de dinero a formación de cuadrilla y peculado, algunos con penas de hasta 12 años de prisión.
Casi todos los acusados se declaran inocentes. No obstante, Soares asumió responsabilidad por la distribución de recursos considerados ilícitos a políticos aliados al gobierno de Lula, negando que fuesen para comprar votos.
También es acusado el exdiputado Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño, quien denunció públicamente el caso en 2005.
¿Cuánto afecta el juicio a Lula?
Pereira y Noronha afirmaron que la imagen de Lula puede verse salpicada aunque el expresidente esté fuera del banquillo en caso de que sus viejos colaboradores sean declarados culpables.
‘Si el PT es condenado, va a ser una mácula en su gobierno y puede hasta tener un impacto malo en la pretensión (de Lula) de volver eventualmente como candidato’, dijo Noronha.
Lula ha negado conocer un esquema de compra de votos bajo su gobierno y ninguna prueba lo contradice. Cuando surgió el escándalo, dijo sentirse ‘traicionado’ y que el PT debía ‘pedir disculpas’. Pero tras ser reelecto en 2006, aludió al caso como una ‘farsa’ contra su gobierno.
Alberto Almeida, experto en opinión pública del Instituto Análise en Sao Paulo, recordó que a fin de 2005 la popularidad de Lula cayó, pero luego se recuperó, el presidente ganó la elección y salió del poder a fin de 2010 con una aprobación superior a 80%, sustentada por familias que mejoraron sus condiciones de vida.
Por eso Almeida descartó que el escándalo vaya a perjudicar a Lula más que cuando fue presidente. ‘El principal impacto para Lula es el paso del tiempo’, dijo. ‘Eso es más importante que el impacto del ‘mensalão”.
¿Un problema o una oportunidad para Rousseff?
Los expertos consultados creen que la proximidad del juicio con las elecciones municipales de octubre en Brasil podría perjudicar al PT en algunas campañas si surge un fallo en contra sus intereses.
Pero dudan que eso afecte a la presidenta Rousseff, porque ninguno de los acusados integró su gobierno y muchos creen que realizó una ‘limpieza’ en su primer año de gestión al aceptar la renuncia de siete ministros por otras denuncias de corrupción.
‘En cierta forma esto hasta fortalece su imagen’, dijo Noronha.
Pereira coincidió en que esta es una oportunidad para que Rousseff gane independencia respecto a figuras del anterior gobierno.
Sin embargo, Almeida recordó que el juicio coincide con un momento de enfriamiento de la economía brasileña. ‘La popularidad de Dilma en ese aspecto podría caer’, dijo, ‘pero no por el ‘mensalão’ y sí por la economía’.