Publicado el 21 de nov de 2012 12:08 pm |
(Bogotá, 21 de noviembre. DPA) El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó a la Armada mantener la custodia de un sector del Caribe puesto bajo jurisdicción de Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), afirmó hoy el comandante de esa fuerza militar, almirante Roberto García.
El oficial dijo que la orden le fue impartida por el jefe de Estado durante un encuentro que sostuvieron este martes en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un día después del fallo anunciado en La Haya por la CIJ.
García dijo que Santos le pidió “mantener la soberanía en la jurisdicción colombiana que históricamente se ha conocido por 200 años” hasta que el gobierno defina el camino a seguir tras la sentencia del tribunal.
Según el comandante de la Armada, su institución sigue de esta forma custodiando el meridiano 82 en el mar Caribe, considerado por Colombia como la frontera con Nicaragua, un límite modificado en el fallo de la CIJ.
Nicaragua demandó a Colombia en 2001 ante la CIJ tras desconocer el tratado bilateral Esguerra-Bárcenas (1928), en el cual Managua aceptó la soberanía de Bogotá sobre el archipiélago.
La soberanía es ejercida en esas islas del Caribe desde 1803, cuando la corona española las dejó en manos de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, pues desde 1544 estaban a cargo de la Capitanía General de Guatemala.
La CIJ ratificó en 2007 la soberanía colombiana sobre el archipiélago, pero se declaró competente para definir los límites entre ambos países, al considerar que el meridiano 82 no debería ser la frontera marítima, lo cual dejó en suspenso la jurisdicción sobre siete cayos.
Aunque el tribunal ratificó el lunes la soberanía colombiana sobre esas posesiones, movió el límite hacia el oriente y entregó a Nicaragua una porción de alrededor de 200 millas náuticas. Dos de los cayos quedaron en un sector bajo jurisdicción nicaragüense, lo que ha causado una gran controversia en Colombia.
Santos destacó la decisión de la CIJ que ratificó la soberanía de su país sobre las islas principales y los cayos, pero rechazó la nueva definición de la frontera marítima.
El mandatario acusó al tribunal de incurrir en “omisiones, errores, excesos e inconsistencias”, al tiempo que la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, afirmó que el gobierno tomará una decisión final tras estudiar “a fondo” el fallo.
El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) aconsejó a Santos que desacate el fallo, mientras que los exmandatarios Belisario Betancur (1982-1986) y Ernesto Samper (1994-1998) han afirmado que se debe aceptar porque las sentencias de la CIJ son inapelables.
Algunos congresistas que forman parte junto con ex jefes de Estado y ex cancilleres de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores han recomendado al gobierno que pida al tribunal una aclaración del fallo.
El experto en derecho internacional Ricardo Abello le dijo al diario “El Tiempo” que “nadie puede tumbar la decisión” y que en este caso “no hay perspectiva de desacato”.
Por su parte, el también experto Alberto Lozano dijo que es posible interponer un recurso de nulidad ante la misma corte o las Naciones Unidas.
El almirante García dijo que entre las “instrucciones claras” que le dio el presidente también está la protección de los pescadores colombianos que subsisten gracias a los recursos naturales de esa zona del Caribe.
Aunque los buques de la Armada colombiana permanecen en aguas que desde el lunes quedaron en manos nicaragüenses, el oficial dio un parte de tranquilidad al descartar que en el sector se vayan a presentar incidentes con autoridades del país centroamericano.
“La Armada de Nicaragua es muy respetable y hace su trabajo (…) Hay que dar un parte de tranquilidad. Tanto ellos como nosotros somos profesionales y hay protocolos definidos desde hace mucho tiempo, hay reglas de encuentros y cada comandante debe seguir esas reglas”, dijo García a la cadena de radio Caracol.
Santos dijo este martes que mientras el gobierno toma una decisión final con respecto al fallo de la CIJ, analiza la posibilidad de decretar el estado de emergencia económica en el archipiélago, considerado constitucionalmente como uno de los 32 departamentos de Colombia, para ayudar a los pescadores que resultarán afectados.