Publicado el 11 de dic de 2012 1:23 pm |

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Foto: REUTERS / Stringer / Archivo

(Buenos Aires, 11 de diciembre. AFP) La presidenta argentina, Cristina Kirchner, continuará dando batalla judicial contra un multimedios crítico de su gobierno, el poderoso grupo Clarín, al que intenta aplicarle una cláusula antimonopólica pese a haber sufrido sendos reveses judiciales, uno en la Corte y otro en la Cámara de Apelaciones, en una causa que lleva tres años.

El Gobierno se encaminaba este martes a presentar una nueva demanda ante la Cámara, luego de que la Corte Suprema rechazara el lunes “por inadmisible” un recurso extraordinario para que tome el caso y decidir si se pueden poner en licitación numerosas licencias de radio y TV en poder de Clarín.

El multimedios ha tenido éxito hasta el momento en frenar en la Justicia la aplicación de la cláusula antitrust de la ley de medios, sancionada en 2009 con el voto mayoritario del Congreso, incluso de fuerzas opositoras.

El ente regulador audiovisual del gobierno afirma que Clarín posee “el 41% del mercado de radio, el 38% de la TV abierta y el 59% de la TV por cable, cuando el máximo (legal) en todos los casos es 35%”, por lo que se debería iniciar el proceso de licitación de los bienes que exceden los topes que marca la ley.

“La Justicia está bien planteada, haciendo honor a su independencia”, opinó el martes en declaraciones radiales el opositor de centroderecha Julio Cobos, exvicepresidente en el primer mandato de la presidenta (2007/2011).

El dictamen de la Cámara echó por tierra el llamado ’7D’, fecha en la cual Kirchner quería iniciar el proceso de transferencia de medios en manos de Clarín.

La causa de Clarín está empantanada en los tribunales desde que el grupo pidió que se declare inconstitucional la cláusula antimonopólica con el argumento de que atenta contra la propiedad privada y la libertad de expresión.

El jueves pasado, la Cámara de Apelaciones asestó el primer golpe al Gobierno al ratificar una medida cautelar que impide iniciar las licitaciones hasta que se pronuncie un juez de primera instancia. La Corte respaldó el lunes esa decisión.

El dictamen de la Cámara echó por tierra el llamado ’7D’, fecha en la cual Kirchner quería iniciar el proceso de transferencia de medios en manos de Clarín.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) apoyó la semana pasada a Clarín al afirmar “lo que está en juego es la vigencia de la libertad de expresión en el país”, citando opiniones que escuchó en audiencias con decenas de periodistas locales.

En cambio, el senador oficialista y exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, criticó el martes los fallos judiciales, en declaraciones radiales, al señalar que “hay jueces que son la cara evidente de una justicia hecha a medida de los poderosos y así la democracia estará en riesgo”.

Kirchner había reclamado el domingo en un multitudinario acto popular en la Plaza de Mayo que la “justicia tiene que ser independiente de la política y de las corporaciones”.

Desde otro enfoque un director por la oposición en el ente regulador audiovisual, el socialdemócrata Marcelo Stubrin, preguntó este martes en declaraciones radiales: “¿Qué sería de las minorías si el Poder Judicial siguiera la tendencia hegemónica de determinadas democracias?”.

Kirchner y la dirigencia oficialista suelen ironizar o responder con frecuencia a las críticas al gobierno que Clarín publica en su diario o que emite en sus medios audiovisuales, en un enfrentamiento sin tregua que se remonta a 2008.

Clarín es uno de los principales grupos mediáticos de América Latina y tiene el diario de mayor circulación en Argentina, además de canales de aire y de cable, radios y 237 redes de TV por cable, con un volumen de negocios de 9.753 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) en 2011.

Al margen de las recusaciones y quejas, el fallo que empezará a decidir el caso será el que prepara el juez de primera instancia Horacio Alfonso, luego de recibir el dictamen de un fiscal a comienzos de 2013, según fuentes judiciales citadas por la prensa local.

Sólo cuando exista un dictamen de primera instancia sobre si la cláusula es o no constitucional, el caso podrá llegar a la Corte, cuya independencia de criterio es vox pópuli.