Publicado el 14 de dic de 2012 6:48 am |

  comentarios

Foto: EFE

(Buenos Aires, 14 de diciembre. EFE) – La “rebelión” de la clase media, el enfrentamiento del Gobierno argentino con sindicatos y medios y polémicas medidas económicas marcaron 2012 como un año de tensión política que ha generado un desplome de la imagen de Cristina Fernández y la primera huelga general en casi una década.

Tras su contundente triunfo electoral, con un 54 por ciento de votos, Fernández estrenó este año su segundo mandato con unas cifras de popularidad superiores al 63 por ciento.

Doce meses después, tras un rosario de controvertidas decisiones que han afectado directamente al bolsillo de la clase media, como el “cepo al dólar”, y una inflación real que entidades privadas cifran en un 25 por ciento, Cristina Fernández acusa un desplome de 20 puntos en su imagen, según encuestas privadas.

Polémicas medidas económicas marcaron 2012 como un año de tensión política que ha generado un desplome de la imagen de Cristina Fernández

Este desgaste, unido a la división en la base social “natural” del peronismo por el enfrentamiento del Gobierno con parte del movimiento sindical, a la oposición interna en las filas peronistas y a los masivos y sonoros “cacerolazos” en las calles contra su política, ha alejado a Fernández de una posible reforma constitucional que abriría la puerta a un tercer mandato, tal como había planteado un sector del oficialismo.

Además, la presidenta no puede presumir este año de crecimiento a “tasas chinas” del 8 por ciento, como ocurría desde 2003, porque el país terminará con una expansión cercana al 1 %, según proyecciones privadas, como consecuencia de los coletazos de la crisis mundial y de la gestión de la política económica interna.

Por si no fuera suficiente, el Gobierno argentino termina 2012 con importantes cuentas pendientes en tribunales internacionales.

Afronta una denuncia del grupo español Repsol ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por la expropiación en abril del 51 por ciento de sus acciones en la petrolera YPF, que, según analistas del sector, no ha logrado el despegue esperado.

Paralelamente, el Gobierno mantiene una dura batalla legal en la justicia estadounidense contra los fondos especulativos que tienen deuda soberana del país y rechazaron las reestructuraciones planteadas en 2005 y 2010 por Argentina después de la suspensión de pagos de 2001.

Las demandas de los fondos resucitaron durante unas semanas el fantasma del “default” (suspensión de pagos) técnico, pese al compromiso del Gobierno de cumplir con los acreedores que aceptaron las reestructuraciones.

Esta “guerra” se ha cobrado ya su primer rehén, la fragata Libertad, buque insignia de la Armada argentina que permanece retenido desde octubre en un puerto de Ghana por la demanda de un fondo especulativo, mientras el Gobierno de Fernández busca la ayuda del Tribunal del Mar y estudia una salida a su contencioso con este tipo de acreedores.

Antes de final de año, el Gobierno argentino debe desembolsar unos 4.000 millones de dólares a los acreedores que aceptaron los canjes, una cifra significativa para un país que tendrá que abonar también más de 10.000 millones de dólares de factura energética.

Dos razones de peso, coinciden expertos financieros, que han influido en las restricciones a las importaciones y en el “cepo al dólar”, una de las medidas más impopulares del Gobierno de Fernández.

La iniciativa comenzó como una fórmula para “desdolarizar” la economía y reducir la fuga de divisas y se endureció hasta el punto de que sólo los argentinos que demuestran que viajan al exterior pueden conseguir autorización oficial para acceder a moneda extranjera, lo que ha disparado su valor en el mercado negro.

En este contexto, el empeño gubernamental por desconocer la inflación real y comentarios considerados desafortunados de Fernández, como su intervención ante una universidad estadounidense donde afirmó que “si la inflación fuera del 25 por ciento anual la Argentina saltaría por los aires”, contribuyeron a desgastar la imagen de la mandataria.

El malestar social se dejó sentir a mediados de año y creció progresivamente hasta el “cacerolazo” masivo del 8 de noviembre, que movilizó a cientos de miles de personas en todo el país.

Unas semanas después, los sindicatos enfrentados con el Ejecutivo organizaron la primera huelga general contra un Gobierno en casi una década.

Enfrentada con parte del movimiento sindical, con el “enemigo” entre las filas peronistas y con un conflicto sin precedentes con los principales medios del país por la llamada “Ley de Medios” , Cristina Fernández afronta una delicada coyuntura ante 2013, cuando las elecciones legislativas decidirán la nueva composición del Congreso.