Publicado el 20 de sep de 2013 5:49 pm |

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Foto: Reuters/Archivo

(Buenos Aires, 20 de septiembre – AP).— La Oficina Anticorrupción solicitó el viernes seis años y seis meses de prisión para el ex presidente Fernando De La Rúa en el juicio oral en su contra por el presunto pago de sobornos a senadores para la sanción de una ley de reforma laboral en 2000.

El organismo, querellante en el juicio, consideró en el inicio de los alegatos que De la Rúa —presidente entre 1999 y 2001— actuó como “instigador del delito de peculado y cohecho activo agravado”.

En el mismo proceso son juzgados el ex secretario de inteligencia Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, cuatro ex senadores y un ex empleado del Congreso que confesó ante la justicia haber sido el nexo entre el Poder Ejecutivo y los legisladores para el pago de sobornos.

En 2000 el gobierno de De la Rúa, de la Unión Cívica Radical (UCR), impulsó en el Congreso un proyecto de reforma laboral fuertemente resistido por los sindicatos ya que implicaba fuertes recortes de beneficios en un contexto de recesión económica. La aprobación de la norma en el Senado necesitó del voto del bloque opositor de los peronistas.

La Oficina Anticorrupción, que actúa en el ámbito de la administración pública, empresas y sociedades con participación del Estado o que tengan como principal fuente de recursos el aporte estatal, denunció un “plan criminal” por el cual se pagaron “sumas de dinero a senadores justicialistas (peronistas), realizado con fondos estatales de la SIDE” (Secretaría de Inteligencia del Estado).

De la Rúa ha dicho que es inocente y que desconocía la maniobra.

La querella solicitó contra Santibañes, entonces jefe de la SIDE, la misma pena por considerarlo “autor de los delitos de peculado y cohecho activo agravado”.

Para los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo pidió cinco años y seis meses como “autores del cohecho pasivo en concurso ideal con encubrimiento”.

La oficina anticorrupción reclamó en el caso de Mario Pontaquarto, el ex empleado parlamentario que confesó ante la justicia que retiró el dinero de los sobornos en la SIDE y se lo entregó a los senadores imputados, una condena de un año de prisión en suspenso.

En tanto que el ex senador Ricardo Alberto Branda y el ex ministro Flamarique deben ser absueltos, de acuerdo con la querella.

El juicio continuará el martes con el alegato de la fiscalía.