La iniciativa está contenida en uno de los 91 artículos de un proyecto de ley que reforma el Código Penitenciario propuesto por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que fue aprobado la noche del martes por 103 votos a favor y seis en contra en la Cámara de Representantes.

El proyecto aún debe recibir el visto bueno en dos debates en el Senado, lo que se espera que ocurra en la segunda mitad del año. Senadores anticiparon que votarán en contra del artículo que contempla que un juez podrá negar una entrevista de un detenido, ya sea condenado o en proceso, si considera que afecta la seguridad nacional, el orden público, la independencia judicial o la seguridad del establecimiento de detención.

Actualmente los periodistas colombianos pueden entrevistar a los presos -ya sea en persona o por teléfono- con la autorización judicial, pero sólo con el visto bueno del detenido y sin los condicionamientos sobre seguridad.

Tal artículo fue propuesto por el Ministerio de Justicia cuya titular, Ruth Stella Correa, la ha defendido ante los parlamentarios con el argumento de que, por ejemplo, algunas entrevistas pueden alterar el curso de un proceso judicial. La ministra no atendió de inmediato llamadas de The Associated Press para conocer su opinión.

Incluso desde la bancada del oficialismo la norma es criticada y se anticipa que no superará el debate senatorial.

“Me parece absolutamente inconveniente el artículo 66 de la reforma del Código Penitenciario” sobre la potestad del juez de negar o conceder una entrevista porque “limita la libertad de información y además la libertad de expresión de los propios sindicados no condenados”, aseguró telefónicamente Roy Barreras, presidente del Senado, al referirse a la polémica iniciativa.

“Lo más probable es que el Senado elimine ese artículo”, advirtió Barreras.

En igual sentido se pronunció Augusto Posada, presidente de la Cámara de Representantes, para quien el mencionado artículo va en contravía de la libertad de prensa.

“Si no existiera libertad de prensa, ¿cuántas injusticias se cometerían?”, se preguntó Posada en diálogo telefónico. Gracias a la labor de los periodistas, agregó el representante, “¿cuántas injusticias se han evitado, cuántas injusticias se han logrado corregir?”.

El director del canal de televisión RCN, Rodrigo Pardo, dijo que el artículo es un mecanismo de censura. “Me parece atroz, me parece que es una censura abierta y estoy seguro de que al final la Corte Constitucional lo terminara tumbando”, observó Pardo en conversación telefónica con la AP.

En tanto, Fidel Cano, director del diario bogotano El Espectador, el más antiguo de Colombia, dijo que las limitaciones para entrevistar a los presos son “una cortapisa a la libertad de prensa y a la libertad de información”.

Limitar el acceso a los detenidos “no es la manera de garantizar una mayor justicia. Creo que nos están achacando a nosotros (los periodistas) los errores de la justicia”, agregó Cano.

También rechazó la propuesta el ex diputado provincial Sigifredo López, quien estuvo secuestrado entre 2002 y 2009.

López estuvo preso tres meses en 2012 luego de que la Fiscalía equivocadamente lo acusó de haber instigado en 2002 el secuestro de 11 de sus compañeros diputados de la asamblea del departamento de Valle del Cauca que, finalmente, fueron asesinados en cautiverio por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Si no hubiera sido porque Colombia entera conoció a través de los medios de comunicación la injusticia que se estaba cometiendo conmigo, hoy yo todavía estuviera detenido y quizá condenado a 60 años de cárcel” por cargos de secuestro, enfatizó telefónicamente López, un abogado de 49 años a quien tras su liberación la Fiscalía General le pidió perdón públicamente por el error cometido.

“En una verdadera democracia”, dijo López, “una justicia fuerte no tiene por qué tenerle miedo a que los medios de comunicación y la opinión pública conozcan qué está pasando con los procesos”.

(La Habana, 19 de junio. EFE) – Las Farc presentaron hoy en La Habana diez “propuestas mínimas” sobre el tema de la participación política, en las que plantean una profunda reforma del Estado colombiano así como garantías plenas para el ejercicio de la oposición.

Para avanzar hacia “la democratización real” de Colombia, las Farc piden redefinir los poderes públicos, eliminar el carácter presidencialista del Estado, una descentralización hacia una mayor democracia local, la reconversión de las Fuerzas Armadas y una reforma judicial que “libere a la justicia de su escandalosa politización”.

El grupo guerrillero también reclama una reforma electoral que regule la contienda política “en equidad e igualdad de condiciones”, erradique el “clientelismo” y las prácticas “corruptas, criminales y mafiosas” y garantice la participación de las fuerzas políticas opositoras.

Para el ejercicio de la oposición, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) instan a que se reconozcan en Colombia a todas las organizaciones, partidos y movimientos políticos y sociales opositores.

“Su existencia legal y su derecho a la participación política no se supeditará al logro del umbral electoral”, señaló la guerrilla en una declaración leída hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana por “Ricardo Téllez”, alias de Rodrigo Granda, minutos antes de una nueva sesión de conversaciones con el Gobierno.

Las Farc piden que se establezca en el país un “Estatuto de la Oposición” que contenga las garantías políticas y de seguridad individual para poder ejercer ese derecho y reclaman la supresión de las prácticas paramilitares y la estigmatización a fin de asegurar la participación política de los sectores sociales y populares.

En este punto, la guerrilla propone la promulgación de medidas de reparación a la Unión Patriótica (UP), un partido que nació en 1985 fruto de un acuerdo entre el expresidente Belisario Betancur y las FARC.

Esa formación izquierdista fue víctima de una masacre con el asesinato de unos 4.000 de sus militantes en los años 80 a manos de paramilitares en alianza con políticos.

Las Farc piden en la propuesta presentada hoy que se restablezca la personería jurídica de la UP y se establezcan garantías para que no se repita “el genocidio” de que esta formación fue objeto.

La reestructuración del Estado y las garantías para la oposición son las primeras dos propuestas de las diez que enunciaron hoy las FARC para su discusión en la mesa de diálogo.

Las ocho restantes, que el grupo insurgente desarrollará más adelante, se refieren a las garantías políticas para las organizaciones guerrilleras en rebelión y sus combatientes; la democratización de la información y los medios de comunicación o el estímulo a la participación de las regiones y territorios; entre otros.

El listado incluye la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, una de las principales demandas de las FARC en su negociación con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Tras alcanzar un acuerdo a finales de mayo sobre la cuestión agraria, la guerrilla y los negociadores del Gobierno han pasado a debatir el tema de la participación política, el segundo punto de la agenda del proceso de diálogo que intenta poner fin al conflicto armado en Colombia.

El actual ciclo de negociación -el décimo desde que los diálogos de paz se instalaron en La Habana en noviembre de 2012- concluirá el próximo sábado 22 de junio.

(Bogotá, 18 de junio – DPA).- El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, cardenal Rubén Salazar, hizo hoy un llamado a los jueces y notarios de la fe pública para que se nieguen a celebrar ceremonias para unir a parejas gay, como lo dispuso desde hace varios meses la Corte Constitucional.

Tras fracasar en el Congreso un proyecto de ley que buscaba permitir el matrimonio gay en Colombia, quedó vigente una sentencia de la Corte Constitucional que indica que los jueces y notarios quedan facultados para celebrar actos solemnes de vínculo marital, que legalmente no serán denominados matrimonio, a partir del próximo jueves.

Salazar, que además es arzobispo de Bogotá, dijo a los jueces y notarios que no pueden ser obligados por el Estado a celebrar esas uniones si no están de acuerdo por sus creencias religiosas.

“La conciencia no puede ser violentada. La conciencia es sagrada y hay que respetarla”, dijo Salazar, tras reiterar que para la Iglesia católica “no existe otra familia que la constituida en su origen por la unión del hombre y de la mujer”.

“Ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio y la familia existen, únicamente, entre dos personas de sexo opuesto que por medio de la recíproca donación tienden a la comunión de sus personas y a la procreación”, agregó.

Interrogado sobre si esa petición de la iglesia a los funcionarios públicos podría ser interpretada como un acto de discriminación contra los homosexuales, Salazar respondió que esa figura se presentaría si se pidiese no respetar derechos de esa comunidad.

“El argumento que siempre se ha esgrimido es el de la discriminación, pero se discrimina cuando se le niega el acceso a un derecho que se tiene, pero cuando no hay un derecho real entonces no hay discriminación”, aseguró el cardenal.

“¿Que es lo que se le está negando a la comunidad homosexual? Se le está negando algo que no le compete, algo a lo que no tiene derecho, porque el matrimonio y la familia están basados por leyes naturales fundamentales”, añadió.

Dirigentes de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero rechazaron las declaraciones de Salazar y dijeron que la Iglesia católica no puede pedir a los funcionarios públicos que no cumplan con su deber.

“Nos preocupa que la Iglesia católica llame a la desobediencia frente a uno de los organismos más reconocidos, más democráticos y más serios dentro del reconocimiento de derecho como lo es el alto tribunal (Corte Constitucional)”, dijo Marcela Sánchez, dirigente de la organización Colombia Diversa.

El proyecto de ley que buscaba permitir el matrimonio gay se hundió en el Senado en abril pasado por 51 votos contra 17.

El tema empezó a ser discutido en 2010, cuando un grupo de abogados presentó una demanda ante la Corte Constitucional para que se reformara el Código Civil, que solamente reconoce como matrimonio las uniones entre un hombre y una mujer.

La corte se abstuvo de pronunciarse sobre el tema, alegando que la presentación de la demanda tenía errores de forma, y en 2011 dejó el asunto en manos del Congreso al fallar sobre una segunda demanda.

Los magistrados dijeron en ese entonces que no se debe discriminar a las parejas homosexuales, pero hicieron énfasis en que era el Congreso el encargado de modificar la definición de familia contenida en la Constitución desde 1887, ratificada en 1991, que ubica su origen en la unión de un hombre y una mujer.

El alto tribunal señaló en ese momento que si el Congreso no legislaba en la materia, “las parejas homosexuales pueden ir ante un notario y con la misma solemnidad del matrimonio heterosexual establecer un vínculo, con consecuencias similares al de una pareja heterosexual” a partir del 20 de junio de 2013.

La Habana, 18 jun (dpa) – Las delegaciones del gobierno colombiano y las Farc retomaron hoy el diálogo en Cuba con el segundo punto de la agenda de paz, más de tres semanas después de haber alcanzado un primer acuerdo en el tema agrario.

Los equipos del gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) abrieron esta mañana en el Palacio de Convenciones de La Habana una nueva ronda de negociaciones centradas en el futuro político de la guerrilla.

Ambas delegaciones habían retomado el proceso de paz hace una semana, pero sin celebrar reuniones conjuntas. Los equipos liderados por el ex vicepresidente Humberto de la Calle y el guerrillero Luciano Marín (alias “Iván Márquez”) trabajaron toda la semana pasada por separado.

Foto: EFE/Alejandro Ernesto

Las partes llegaron el pasado 26 de mayo a un primer acuerdo respecto al desarrollo agrario, el primero de cinco puntos pactados para la agenda de paz. El tema rural es considerado clave para conseguir poner fin al conflicto de 50 años en el país sudamericano.

Las negociaciones se centrarán ahora en las posibilidades para la participación política de la guerrilla si deja las armas. Se estima que uno de los temas más espinosos en las próximas semanas será el debate sobre un posible amnistía para altos mandos guerrilleros.

El gobierno ha descartado en varias ocasiones un debate sobre casos puntuales y ha apuntado también a obligaciones jurídicas del Estado colombiano a nivel internacional.

“La que empieza hoy será una discusión en torno a la organización considerada como un todo, no a las personas o casos individuales”, dijo De la Calle la semana pasada al volver a La Habana.

Medios colombianos estiman también que la exigencia de las Farc de que se convoque a una Asamblea Constituyente será uno de los temas más controvertidos esta semana en Cuba.

El gobierno colombiano ha descartado también esa posibilidad. “Iván Márquez” criticó hoy las recientes declaraciones de De la Calle en las que el negociador jefe del gobierno descartaba que los acuerdos de la La Habana fuesen refrendados a través de una Constituyente.

En una entrevista con la revista “Semana”, De la Calle también consideraba que ni siquiera a través de un mecanismo constituyente se pueden “eludir” ciertas obligaciones con el derecho penal internacional.

“No es cierto que la Justicia internacional esté por encima de la Constituyente”, le replicó hoy “Márquez” al llegar al Palacio de Convenciones de La Habana.

Foto: EFE/Alejandro Ernesto

(Caracas, 16 de junio. AP) – El 62% de los colombianos se mostró en contra de una eventual reelección del presidente Juan Manuel Santos, quien oficialmente todavía no anuncia si buscará en el 2014 ese segundo mandato, según una encuesta divulgada el domingo.

Tal porcentaje es igual al de abril, fecha de la anterior encuesta de la firma Datexco y cuyo más reciente sondeo fue publicado en la jornada en el diario El Tiempo.

Desde febrero, cuando el 60% se manifestaba en contra de una reelección, el presidente no ha conseguido revertir esa tendencia desfavorable a un segundo cuatrienio de gobierno.

El sondeo de Datexco consultó a 1.000 personas en Bogotá y otras cinco ciudades del país del 11 al 13 de junio y tuvo un margen de error de 3,1 puntos porcentuales, según indicó el diario.

Desde febrero el porcentaje que se declara de acuerdo con una reelección oscila entre 30% a 33%, según Datexco.

El rechazo a esa posible reelección estaría dado porque Santos recibe bajas puntuaciones en temas como la seguridad del país y otros asuntos puntuales como la atención al sector de la salud pública, añadió la firma consultora.

En una clara señal que optaría a un segundo mandato, el presidente, un economista de 61 años, anunció en mayo pasado la salida de dos colaboradores claves de su gabinete y que pasarían a trabajar en la llamada Fundación Buen Gobierno, creada por Santos en los años 90 como un centro de pensamiento y que sirvió de base a su campaña electoral del 2010.

A esa fundación también pasarían al menos dos ex ministros de Santos y el general en retiro de la policía, Oscar Naranjo, uno de los negociadores del gobierno en los diálogos de paz que adelanta desde el 2012 con las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Al revelar esos cambios, sin embargo, Santos aclaró que solo hasta noviembre anunciaría oficialmente si buscará otro mandato en los comicios de mayo del 2014.

(Bogotá, 15 de junio. EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy que el rescate por la policía de los dos ciudadanos españoles que estaban secuestrados desde hace casi un mes en el departamento de La Guajira (norte) ayuda a “construir un país seguro”.

“Liberación de turistas españoles confirma una vez más efectividad de Policía (muchas felicitaciones) y empeño en construir un país seguro”, manifestó Santos en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Los españoles Ángel Sánchez Fernández, de 49 años, y María Concepción Marlaska Sedano, de 43, ambos oriundos de Avilés (Asturias), fueron rescatados hoy sobre las 00.30 hora local (05.30 GMT) por el Gaula, la unidad antisecuestro de la policía colombiana, en una operación que contó con la intervención de agentes españoles.

La pareja de turistas había sido secuestrada el pasado 17 de mayo, al parecer por delincuentes comunes, cuando se dirigían en automóvil hacia el turístico Cabo de la Vela (La Guajira) en el extremo norte de Colombia.

Los recién liberados deben llegar en la mañana de hoy en avión a Bogotá donde el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dará una rueda de prensa para explicar los detalles de la operación de rescate.

La mayoría de esos secuestros se los atribuyeron las principales guerrillas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), cuyo objetivo, además de un rescate, fue su repercusión mediática.

El resto de los casos fueron obra de grupos de delincuentes con el fin de pedir un rescate económico por su liberación.

Esta es la relación de los casos conocidos de secuestros de españoles en Colombia desde el año 2000:

Mayo de 2000. El ganadero español Martín Pujana es liberado en Colombia tras más de un mes secuestrado por las FARC.

Junio de 2000. El Ejército colombiano libera al informático Gregorio Javier Hidalgo Laverde, de padre español, secuestrado dos meses antes por el EPL.

Agosto de 2000. Liberado el ingeniero español Ángel Blanco Vázquez que permanecía en poder del ELN desde diciembre de 1999.

Septiembre de 2000. El ELN libera al misionero español Alejandro Matos Castro, después de tenerle cautivo una semana.

Septiembre de 2000. Liberados tras seis días secuestrados por las Farc en la localidad de Fusagusá el matrimonio español formado por Eduardo Sitges Blanco, administrador de empresas jubilado, y Angela Vanegas Pérez.

Octubre de 2000. El estudiante Carlos Alberto Bernal Díaz se escapa de sus captores después de casi ocho meses de secuestro por el ELN.

Julio de 2001. El movimiento guerrillero “Jaime Bateman Cayón”, que toma su nombre del fundador de la desaparecida guerrilla M-19, libera a la psicóloga española Angela María del Castillo tras un mes de cautiverio.

Mayo de 2002. Liberado el administrador de fincas español Ramón Arizmendi Garmendia, secuestrado quince días por las FARC.

Agosto de 2002. Las Farc liberan al empresario español Francisco Alvarez Monedero, que llevaba en manos de esa guerrilla desde diciembre de 2001.

Noviembre de 2003. El turista español Asier Huegun Exteberría es liberado por el ELN tras nueve semanas secuestrado.

Mayo de 2005. Carlos Ayala Saavedra, funcionario en Bogotá de la delegación de la Comisión Europea (CE), escapa de sus captores, presuntos miembros de un grupo guerrillero, tras más de un mes de cautiverio.

Mayo de 2006. El empresario agrícola español Salvador Zamorano Otero es liberado una semana después de ser secuestrado por el ELN.

Septiembre de 2008. Liberado por las Farc el empresario español Enrique Vindel Martínez, quien más tiempo estuvo cautivo, del 4 de marzo de 2006 al 25 de septiembre de 2008.

Diciembre de 2011. Policías colombianos apoyados por agentes españoles liberan a un ciudadano español que había sido secuestrado en Cali y cuyos captores exigieron a sus familiares un rescate de 2 millones de euros.

Noviembre de 2012. Liberado el español Rafael Molina Correa que permanecido cautivo 24 horas en el departamento del Cauca, por el “Frente Jacobo Arenas” de las FARC.

Junio de 2013. Liberados los turistas españoles Ángel Sánchez Fernández y María Marlaska Sedano, secuestrados el pasado 17 de mayo.

(Madrid, 15 junio. AFP) – La pareja de turistas españoles secuestrada en mayo en el noreste de Colombia fue liberada este sábado de madrugada por un operativo policial colombiano, confirmaron las autoridades españolas, anunciando la detención en Madrid de dos personas encargadas del cobro del rescate.

“Dos policías españoles desplazados a Colombia han participado en la liberación de los dos turistas españoles”, informó la policía en su cuenta Twitter.

“Mientras, en España (en la provincia de Madrid) otros agentes de la policía han detenido a dos personas que iban a tramitar el cobro del rescate”, agregó.

La prensa española había anunciado poco antes que, según los familiares de los secuestrados, éstos se encontraban en perfecto estado de salud.

Los asturianos Ángel Sánchez Fernández, de 49 años, y María Marlaska Sedano, de 43 años, habían sido secuestrados el 17 de mayo cuando estaban de vacaciones en el departamento colombiano de la Guajira, fronterizo con Venezuela.

La guerrilla comunista de las FARC había negado en dos ocasiones su implicación en este secuestro.

Según las autoridades españolas, se “atribuye el delito a una banda criminal”.

El director de la policía colombiana, José Roberto León Riaño, había afirmado en mayo que los secuestradores pidieron una suma importante “en euros” a la familia de los españoles.

María Marlaska Sedano es familiar del conocido juez español Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial del país.

Los detenidos en Madrid son dos empresarios, uno de nacionalidad española y el otro de origen sirio, según la policía española. Eran los “responsables del cobro del rescate exigido a la familia”, precisó en un comunicado.

La liberación de Sánchez y Marlaska “y las consiguientes detenciones han sido posibles gracias a la rápida coordinación operativa de la policía española y colombiana”, subrayó.

(La Habana, 11 junio, EFE).- Las Farc pidieron hoy aplazar un año las elecciones en Colombia y convocar una asamblea constituyente, una propuesta que “no va” según respondieron los negociadores del Gobierno que instaron a la guerrilla a concentrarse en la agenda del diálogo de paz.

“Un acto constituyente permite aplazar las elecciones. Proponemos un año de aplazamiento sin reelección presidencial”, plantearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en La Habana, donde este martes se abrió el décimo ciclo de las conversaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla.

En una declaración leída ante los medios por el número dos de las Farc y jefe de su delegación de paz, Iván Márquez, la guerrilla reclamó abrir un debate sobre la “urgencia y conveniencia de aplazar el calendario electoral por un año” para “anteponer el interés colectivo de la paz a cualquier otra circunstancia que enrarezca el fin que nos ha convocado en La Habana”.

“La fórmula para lograr lo que se propone está en la Constitución y al alcance de todos (…). Se encuentra en el artículo 376 de la Carta (Magna), y es la Constituyente”, argumentó la guerrilla.

La propuesta de las Farc fue respondida minutos después en otra declaración ante la prensa por el jefe de los negociadores del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, quien destacó la necesidad de concentrarse en la agenda pactada para el diálogo de paz a fin de que el proceso tenga éxito.

“No debemos distraernos en propuestas que poco contribuyen a la claridad como ocurre con la supuesta prolongación del periodo de los elegidos. Eso no va, una Constituyente no va”, aseveró de La Calle.

Los equipos negociadores del Gobierno y la guerrilla retornaron hoy a la mesa de La Habana, sede permanente del proceso de paz colombiano, tras haber llegado el pasado 26 de mayo a un acuerdo sobre la cuestión agraria, el primer punto de la “hoja de ruta” de las conversaciones.

Así, en esta décima ronda negociadora las partes comenzarán el debate sobre la participación política de la guerrilla una vez que se alcance un acuerdo de paz definitivo.

Humberto de la Calle recordó que en todos los procesos de paz, tanto los de Colombia como en los realizados en otros países, es un elemento común la transformación en un movimiento político legal de los antiguos alzados en armas.

En este caso se trata de debatir “cómo abrir un camino para que las FARC se transformen en un movimiento político y se inserten en la democracia con el pleno ejercicio de sus derechos, pero también de sus deberes”, dijo De la Calle.

Precisó que “la que empieza hoy será una discusión en torno a la organización considerada como un todo, no a las personas o casos individuales. Una discusión sobre la creación de un movimiento político y no sobre las personas que saldrán a la política”.

El jefe de los negociadores del presidente Santos destacó que existe un “creciente apoyo de los colombianos a este proceso” de paz y “para incrementarlo tenemos que producir resultados”.

“Es la sociedad la que lo exige. No se trata de un capricho del gobierno ni de un deseo de presionar a nuestra contraparte”, indicó De la Calle.

Con esa frase, el ex vicepresidente colombiano pareció responder a la “preocupación” previamente expresada por las Farc por “el molesto chasquido del látigo del tiempo y de los ritmos en manos del gobierno que está fastidiando el diálogo y la construcción del acuerdo”.

(Bogotá, 09 de junio – EFE).- Dos ataques de la guerrilla en los departamentos colombianos de Cauca (suroeste) y Chocó (noroeste) dejaron como saldo dos mujeres y un niño muertos, además de un total de nueve heridos, según confirmaron hoy fuentes de la policía.

“En el corregimiento de El Mango, al sur del Cauca, delincuentes de las FARC, del frente 60, atacaron este sábado a la población con ‘tatucos’ y cilindros, uno de ellos cayó en una casa en donde pierden la vida dos mujeres (la mamá y la hija), y quedan heridas seis personas, tres de ellas de gravedad”, dijo en una rueda de prensa el general Francisco Patiño, de la policía del suroeste del país.

“Estos delincuentes no respetan nada, no podemos permitir que sigan atacando a la población civil, por eso la Policía Nacional y el Ejército continuaremos atacándolos, capturándolos y poniéndolos a disposición de la autoridad judicial competente”, agregó el general Patiño.

Por su parte, el coronel Henry Piraquive, comandante de la Brigada 29 del Ejército, explicó que la explosión de los artefactos dejó además graves daños materiales por la destrucción de más de una docenas de viviendas.

Tras los hostigamientos de los insurgentes, gran parte de los habitantes de El Mango dejaron sus viviendas para refugiarse en la vereda La Primavera, según lo informó el alcalde de la localidad, Elio Gentil Adrada.

El general Patiño se refirió también al ataque en las horas de la noche del sábado, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) al municipio de Sipí, en el Chocó (noroeste), en donde murió un niño de once meses, y tres personas quedaron heridas, incluida la mamá del menor.

“Estos terroristas atacaron en el Chocó a la población civil con un mortero, por lo que pierde la vida un niño de once meses, y tres personas más quedaron heridas”, señaló el general Patiño.

“Los menores heridos están delicados y están recibiendo la atención médica respectiva”, agregó.