Istúriz: “Carta Democrática Interamericana es un instrumento político que no define la democracia”

(Caracas, 05 de junio – Noticias24).- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Aristóbulo Istúriz, indicó “nadie duda que la Carta Democrática Interamericana es un instrumento político de dominación con un control que le favorece, y no define la democracia”.

Así opinó el parlamentario en la discusión de la propuesta de acuerdo por motivo de la Aprobación de la Carta Social de las Américas en Bolivia, que se realiza en la AN.

“La carta social fue una iniciativa de Venezuela a partir de lo que ocurrió en el año 2002, cuando intentaron aplicarnos el estatuto interamericano, que privilegia los derechos políticos, civiles, por encima de los sociales, económicos y culturales (…) y lo vimos el 27 de febrero” de 1989 cuando el expresidente Caldera, expresó “que el problema de la democracia venezolana es que carecía de contenido social“, señaló.

Aseguró que en el año 2002, Venezuela planteó los derechos sociales en la OEA, ya que este organismo se convirtió en “el patio trasero de Estados Unidos”. “Hay que revolucionar a la OEA y en esa conciencia se introdujo la Carta Social de las Américas. No hay democracia sólo con derechos políticos, debe haber derechos sociales”, reiteró el Primer Vicepresidente de la AN.

De igual forma, recordó que durante los primeros años de la Revolución impulsada por el Presidente Hugo Chávez se redujo la brecha social en todos los ámbitos del país. “Los avances del gobierno del Comandante Chávez van en coherencia con la Constitución. En el preámbulo de la Carta Magna se habla de la democracia social, que es la igualdad de posibilidad de acceso a los derechos sociales”, argumentó Istúriz.

Parlamento expresa su apoyo a la Carta Social de las Américas

La AN respaldó por unanimidad la Carta Social de las Américas, aprobada este lunes en la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, y promovida intensamente por Venezuela con el objeto de impulsar el desarrollo integral de la región y la lucha contra la pobreza.

En la sesión de este martes, el diputado socialista Fernando Soto Rojas señaló que la Carta se inscribe como una plataforma de lucha e integración para que trascienda más allás de los gobiernos.

“Respaldamos en todas y cada una de sus partes la aprobación de las carta como instrumento de lucha contra la pobreza y la desigualdad del pueblo de nuestra patria grande. Reconocemos el esfuerzo sistemático de nuestra cancillería y cuerpo diplomático que contribuyó a la aprobación de esta carta”, dijo Soto Rojas en nombre de los socialistas .

La oposición saludó la aprobación en la OEA de la Carta Social de las Américas “por ser un asunto de interés nacional, de todos los venezolanos, no por ser del interés de ningún sector político”, dijo el diputado opositor Andrés Velásquez.

El parlamentario socialista, Julio César Chávez, dijo que la aprobación del instrumento responde a un debate promovido por la Revolución Bolivariana para reivindicar los derechos sociales y culturales de los pueblos.

“La burocracia internacional tenía cinco años reteniendo la aprobación de esta Carta Social”, expresó.

El texto, aprobado por consenso en la OEA, fue defendido ampliamente por el representante de Venezuela ante este organismo internacional, embajador Jorge Valero, durante su intervención en el foro interamericano.

El documento aprobado expresa en su articulo 1, que “los pueblos de América tienen una legítima aspiración a la justicia social y sus gobiernos la responsabilidad de promoverla”.

Agrega que “los pueblos de América tienen derecho al desarrollo en un marco de solidaridad, equidad, paz, libertad, y los Estados el deber de promoverlo, con el fin de erradicar la pobreza, en particular la pobreza extrema, y alcanzar niveles de vida dignos para todas las personas”.

La carta resalta el desarrollo económico inclusivo y equitativo. También hace énfasis en el desarrollo social, igualdad de oportunidades y no discriminación. Sobre estos temas establece que “los Estados Miembros tienen la responsabilidad de desarrollar e implementar políticas y programas de protección social integral, con base en los principios de universalidad, solidaridad, igualdad, no discriminación y equidad”