Advierten que la reforma del Copp convertirá a la justicia penal en “arma de persecución política”

Foto: José Carucci / AP

(Caracas, 18 de junio. Noticias24) - La reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que decretó el presidente Chávez el 12 de junio, permite el desarrollo de un juicio a puerta cerrada, bajo la dirección de un juez y un fiscal designados a dedo, y sin la presencia del acusado, la víctima ni de escabinos que eviten arbitrariedades. Así lo señalaron los penalistas Alberto Arteaga y José Luis Tamayo a El Nacional.

Arteaga y Tamayo sostienen que tales cambios son para usar la justicia penal como “arma de persecución política“, y que no resolverá el retardo procesal ni el hacinamiento.

“Es lamentable que el Presidente, sin consulta ni debates suficientes, se haya reservado la reformulación de las reglas para determinar quién debe ir preso por algún delito”, dijo a El Nacional Alberto Arteaga, quien es miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Para José Luis Tamayo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, “es gravísimo que, al final, tengamos que darle la razón al Eladio Aponte Aponte, sobre que la justicia en Venezuela es una plastilina que se puede moldear de acuerdo con intereses”.

Tamayo critica que al calificar de “menos grave” un delito sancionado con menos de ocho años de cárcel, “una estafa que deja a una familia en la calle” entra en esa categoría menor.

Arteaga cree que dividir loor delitos entre graves y menos graves implica consagrar la impunidad, pues, los tribunales municipales juzgarán delitos penados con menos de ocho años de cárcel, pero con la obligación de dejar en libertad a los acusados mientras, o sea, “sin ninguna garantía de ejecución efectiva de la condena”.

Aparte de todo, Tamayo cree que serán muy pocos reos los que se beneficiarán por la municipalización de los tribunales penales, pues la mayoría de los privados de libertad lo están por drogas, homicidios, secuestros, extorsiones y robos.

Con información de El Nacional