Publicado el 24 de jul de 2012 7:58 pm |
(Caracas, 24 de Julio. Noticias24).- El presidente de la República, Hugo Chávez, ratificó la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el acto de celebración del 189 aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
“Esta inefable corte ha vuelto a atropellar y a ofender la dignidad del pueblo venezolano. El mundo debe saberlo. Nos vamos a salir de esa corte por dignidad”, aseveró el Mandatario desde Puerto Cabello, estado Carabobo, donde se desarrollan los actos conmemorativos por el aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Nacional.
Este martes, Venezuela rechazó el fallo de la CorteIDH a favor de Raúl Díaz Peña, autor de los ataques terroristas contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de comercio de España, perpetrados en Caracas en el año 2003. Condenado a nueve años de prisión aunque, recordó, “se fue para Estados Unidos huyendo de la Justicia” cuando había cumplido la mitad de la pena.
El mandatario consideró que casos como este restan legitimidad a la corte y denunció el tratado de la Cidh. “Nosotros nos vamos a salir de esa corte, tenemos que hacerlo por dignidad, no tenemos más camino”, agregó.
Chávez recordó los sucesos del golpe de estado de 2002, cuando la corte reconoció como presidente de Venezuela a Pedro Carmona Estanga. En referencia al caso de Díaz, el Presidente dijo que “llevó su caso a la CorteIDH y está corte de la vergüenza acaba de pronunciarse a favor del terrorista y contra el Estado venezolano”.
Según la decisión, la CIDH ordenó al Estado venezolano cancelar a Díaz unos 5.000 dólares por gastos por atención médica y una compensación de 10.000 dólares por “daño inmaterial”.
Está decisión de la corte motivó a Chávez a insistir en la necesidad de retirarse de la misma. “Le dije a Nicolas Maduro anoche, no esperemos más. Venezuela se retira de la Cidh por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre“, concluyó.
Desde finales de abril, el gobierno venezolano ha amenazado con abandonar el sistema interamericano de derechos humanos y ha invitado a otros países latinoamericanos a “desmontar esa estructura decadente de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH), según declaraciones recientes de Maduro.
Para retirarse de estos organismos, Venezuela debe denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada en 1969, que encarga a la CIDH y a la Corte IDH la protección de los derechos humanos en el continente.
Venezuela manifestó su rechazo al fallo de la Cidh en caso de Raúl Díaz
El Gobierno de Venezuela manifestó hoy su rechazo al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que el pasado viernes declaró al Estado venezolano culpable de la violación del derecho a la integridad física, y por tratos inhumanos durante la detención de Raúl Díaz en 2004.
Díaz fue condenado a nueve años de cárcel por los atentados perpetrados contra la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas en 2003.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores difundido hoy, Díaz cumplió cuatro años y cinco meses de condena antes de recibir el beneficio penitenciario de únicamente pernoctar en prisión, condición que aprovecharía para fugarse a Miami.
En el escrito de la Cancillería venezolana se señala que la CorteIDH “continúa erosionando su credibilidad” al emitir una decisión “aberrante” en un caso “que nunca debió admitir” y reiteró que Díaz es “un terrorista”.
El escrito apunta que “en atención a los principios de complementariedad y subsidiariedad” la CorteIDH solo debe actuar una vez que se han agotado todos los recursos internos.
En el documento se señala, además, que el caso de Díaz aún sigue abierto para la justicia venezolana pues tras beneficiarse con una medida de libertad condicional “este terrorista se dio a la fuga y consiguió refugio en Estados Unidos”.
Asimismo, el comunicado indica que “con esta decisión”, la CorteIDH “deja al descubierto su complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas que atentan contra los pueblos de Nuestra América”.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la detención preventiva de Díaz fue arbitraria, con una duración excesiva y sin un recurso eficaz de apelación.
El proceso, que finalmente derivó en una condena, tardó cinco años y no fue dirigido por jueces imparciales, sostuvo la parte demandante.
La CorteIDH reconoció algunos de los argumentos presentados por Venezuela, como la falta de agotamiento de los recursos internos en lo que se refiere a la detención preventiva y la duración del proceso.
Sin embargo, sentenció al Estado por la violación del derecho a la integridad personal de Díaz debido a las condiciones de su reclusión y el deterioro de su salud.
“Asimismo, los servicios de asistencia médica durante su detención no se prestaron de manera oportuna, adecuada y completa, contribuyendo al deterioro progresivo de su salud (…) las condiciones de detención de Díaz no cumplieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno”, añade el texto.
El Tribunal ordenó a Venezuela que publique la sentencia y “adopte las medidas necesarias para que las condiciones de detención en el Control de Aprehendidos, actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), se adecúen a los estándares internacionales relativos a esta materia“.
Además, el Estado deberá pagar “determinadas sumas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial” a Díaz, quien vive fuera del país pues asegura que teme por su vida.
Díaz ha sostenido siempre que nunca participó en los atentados, aunque reconoció que a finales de 2002 comenzó a asistir a protestas contra el Gobierno de Hugo Chávez.
Copia íntegra del comunicado publicado por el Ministerio de Comunicación e Información
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su rechazo al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 26 de junio de 2012, dado a conocer el 20 de julio de 2012, en el caso de Raúl Díaz Peña, autor de los atentados terroristas contra el Consulado General de la República de Colombia y la Oficina de Comercio del Reino de España, quien fue sentenciado el 29 de abril de 2008 por los delitos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves, a cumplir nueve años y cuatro meses de prisión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos continúa erosionando su credibilidad, al emitir una decisión aberrante en un caso que nunca debió admitir, pues en atención a los principios de complementariedad y subsidiariedad, ésta solo debe actuar una vez que se han agotado todos los recursos internos. Cabe destacar que el caso de Díaz Peña aún sigue abierto ya que, tras beneficiarse con una medida de libertad condicional cuando solo había cumplido cuatro años y cinco meses de condena, este terrorista se dio a la fuga y consiguió refugio en los Estados Unidos. Con esta decisión, la Corte Interamericana deja al descubierto su complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas que atentan contra los pueblos de Nuestra América.
Venezuela reitera su exigencia a la Corte para que aplique los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de Derechos Humanos, y cese su pretensión de colocarse por encima de la legislación interna de los Estados.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso ineludible con garantizar el respeto absoluto de los Derechos Humanos sobre su territorio, conforme al mandato Constitucional y a la voluntad popular, independientemente de las manipulaciones y las mentiras de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Con información de EFE, AFP, Reuters y AVN
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