Publicado el 19 de sep de 2012 11:59 am |
(Caracas, 19 de septiembre – Noticias24) Desde el estudio de Noticias24 Radio, en el programa “Por La Calle del Medio”, Farith Fraija analizó el componente ético y moral, que a su juicio, entra en el tapete nacional luego del video en el que el diputado Juan Carlos Caldera aparece recibiendo una suma de dinero por parte de un presunto empresario.
Escuche la entrevista completa a continuación:
“Debe llamar profundamente la atención el tema de la ética y la corrupción a raíz de este caso, y no solamente en el ámbito político, sino en todos los niveles de la sociedad”, acotó al destacar que la corrupción debe ser atacada por el nuevo Gobierno que asuma en el 2013.
Fraija consideró que el tema de “los guisos” es un problema de valores sociales. “Vivimos en una ciudad pimentón en donde lo que motiva muchas veces la acción de los ciudadanos es el guiso”, reiteró.
A su juicio, el video de Caldera abrió un debate en medio de la campaña electoral que celebra que se discuta “porque es un mal que está carcomiendo las buenas relaciones de los ciudadanos”.
Sobre el caso Caldera, señaló que la separación del cargo de parlamentario debe analizarse desde el punto de vista político, legal y moral.
Reconoció la expulsión de Caldera por parte de sus compañeros de partido y de comando de campaña como una actitud acertada.
Desde el punto de vista legal, enfatizó que este tema debe ser revisado en cuanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene normas que se deben seguir en relación al financiamiento de las campañas.
Sin embargo, destacó que la sanción legal se dará luego que terminen las investigaciones y se determine si hubo o no un acto de corrupción.
“El manejo ligero de los recursos no puede ser visto con una visión miope, sino desde distintos ángulos (…) Las acusaciones de ambos lados son muy delicadas”, acotó al referirse al cumplimiento que tanto partidos políticos, como instituciones deben darle a las normas de procedimiento.
El analista mencionó cuatro elementos que de ser aplicados pueden contribuir a la disminución de hechos punibles: el fortalecimiento institucional, el uso de las nuevas tecnologías, la capacitación de los funcionarios públicos y la contraloría social.
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