Publicado el 19 de oct de 2012 9:59 am |

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Foto: Humberto Matheus / Archivo

(Caracas, 19 de octubre-Noticias24).- El Gobierno de Venezuela decretó hoy una emergencia “en materia de infraestructura carcelaria” para la recuperación o construcción de nuevas prisiones de tres meses en medio de la crisis que afronta el sistema penitenciario, que en el primer trimestre del año registró 304 presos muertos y 527 heridos.

El decreto presidencial 9.228, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.031, del 18 de octubre de 2012 y que circula este viernes, establece que en dicho tiempo el Ministerio para Servicio Penitenciario y sus entes adscritos deberán poner en práctica el proyecto de construcción de centros de procesados judiciales.

La medida se anunció en medio de una crisis que afecta al sistema penitenciario venezolano, donde son frecuentes los episodios del descontrol y tiroteos

Los trabajos incluyen la construcción, rehabilitación y dotación de la infraestructura física de todos estos centros.

Además, los organismos encargados llevarán a cabo los procesos de contratación de las obras, bienes y servicios necesarios, “de conformidad con el contenido de la Ley de Contrataciones Públicas, en virtud de la emergencia comprobada y declarada en el presente decreto”.

Está previsto que sea el Ejecutivo Nacional el que gestione y apoye “en la consecución de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto de construcción” de nuevos centros, tal como lo expresa el artículo 4 del decreto.

De acuerdo con las consideraciones señaladas, la medida resulta “urgente e inaplazable” para el Estado venezolano, que persigue el objetivo de “enfrentar la crisis carcelaria, tomar medidas impostergables requeridas para realizar las transformaciones del sistema carcelario”.

Por lo tanto, la aplicación de esta medida ampara rigurosamente el respeto de derechos humanos a los privados de libertad.

“Las condiciones establecidas en este decreto amparan igualmente a los penados, penadas y adolescentes en conflicto con el ordenamiento jurídico penal, en todo lo relativo a la infraestructura, dotación y prestación de servicios de los Centros Penitenciarios”, señala el artículo 5.

Según el decreto, que también ampara a los centros donde permanecen adolescentes, el Ejecutivo “gestionará y apoyará en la consecución de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto de construcción”.

La medida se anunció en medio de una crisis que afecta al sistema penitenciario venezolano, donde son frecuentes los episodios del descontrol y tiroteos.

El hecho más reciente se registró en la ciudad de Coro (noroeste) donde en la madrugada de hoy sacaron los cadáveres de dos reclusos asesinados por presuntas mafias de internos, informó la gobernadora del estado Falcón, Stella Lugo, en su cuenta de Twitter.

Antecedentes

El 26 de julio de 2011, el presidente Hugo Chávez creó la cartera de Servicios Penitenciarios, que desde entonces está a cargo de la exdiputada Iris Varela, para atender la problemática en las cárceles.

La medida se anunció después de que casi un millar de presos armados pusiera fin a una resistencia de 26 días a un cerco militar sin precedentes.

Ese hecho se registró en el complejo carcelario Rodeo, a unos 40 kilómetros de Caracas, en junio de 2011, donde unos 5.000 soldados de la Guardia Nacional dispusieron un cerco para recuperar el control del recinto tras una reyerta que dejó 22 personas muertas.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), solo en el primer semestre de este año se registraron en la treintena de cárceles del país 304 presos muertos y 527 heridos, un 15 % más en relación con el mismo período de 2011.

De acuerdo con diversas fuentes, Venezuela tiene una población carcelaria de casi 47.000 presos mientras que las prisiones tienen una capacidad para albergar 15.000 internos.

Centros de Procesados Judiciales albergarán a 60% de la población penitenciaria

El decreto de Emergencia en materia de infraestructura penitenciaria permitirá descongestionar los 33 centros penitenciarios actuales, pues se edificarán nuevos espacios para albergar al 60% de los privados de libertad, que corresponden a las personas procesadas.

De los 44.250 privados de libertad que se registraron durante el año 2011, 26.550 son los procesados, es decir, personas que reunieron las condiciones para ser retenidas en centros penitenciarios y a las que aún no se les ha aplicado una pena condenatoria o no se ha corroborado su inocencia.

“Precisamente estas personas serán trasladadas a los 24 Centros de Procesados Judiciales que se construirán a partir de este año”, indicó Francisco Solórzano, jefe de prensa del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

Este proyecto estará a cargo del Despacho de la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, y del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (Fonep), según establece el artículo número tres del decreto.

Además de la creación de nuevas estructuras físicas, la resolución incluye la rehabilitación de los penales existentes. Esta medida favorecerá a 40% (17.700 personas) de la población restante que está en condición de penado, así como a los adolescentes en situación de cárcel.

Foto: Captura página oficial del Tribunal Supremo de Justicia

Con información de AVN, EFE y AFP